La gran reforma del marco legislativo en el ámbito laboral prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez va a tener que esperar... y no se sabe cuánto. El Ejecutivo tenía que haber designado antes del 30 de junio a un grupo de expertos que nacería con la misión de emitir una serie de recomendaciones para la elaboración del prebautizado como 'Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI', considerado el núcleo duro de la contrarreforma. Pero el plazo se ha incumplido y en estos momentos no existe hoja de ruta ni calendario alguno para la puesta en marcha de la medida 'estrella' del programa socialista.
El Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que introdujo el polémico registro horario obligatorio en todas las empresas, establecía que "el Gobierno, con anterioridad al 30 de junio de 2019, constituirá un grupo de expertos y expertas para llevar a cabo los trabajos y estudios preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores". Pero según ha podido confirmar La Información con fuentes tanto del Ministerio de Trabajo como del PSOE, en estos meses no se ha designado a nadie para desarrollar estas tareas.
Ni rastro del grupo de 'sabios'. Las fuentes consultadas sostienen que la situación de interinidad del Gobierno ha impedido su designación. "Estamos fuera de plazo, pero la convocatoria electoral lo trastocó todo", comentan desde el departamento que dirige Magdalena Valerio. Hay que recordar que el Consejo de Ministros aprobó este Real Decreto dos meses antes de la convocatoria electoral del 28 de abril, pero no entró en vigor hasta mayo, cuando el Ejecutivo ya estaba en funciones. Así ha permanecido hasta ahora y, en consecuencia, la composición de este grupo sigue bloqueada.
Tampoco hay visos de que se vaya a constituir pronto. El Gobierno sostiene que tiene capada esta función en estos momentos y si el escenario que parece más probable se materializa y finalmente se tienen que repetir las elecciones generales en noviembre, nada garantiza que vaya a conformarse un nuevo Ejecutivo antes de finales de año. "No hay plazos que podamos estimar", admiten desde el Ministerio de Trabajo.
El problema radica en que, según establece el decreto del 8 de marzo, la composición y funciones del grupo de expertos se debe determinar mediante Acuerdo del Consejo de Ministros y previa audiencia de los interlocutores sociales en la Mesa de Diálogo Social de Empleo y Relaciones Laborales. Y esta mesa no se reúne desde principios de año. "Se propuso hacerlo, pero los agentes sociales quieren esperar a que haya un Gobierno", justifican fuentes de Trabajo.
Por tanto, tendrá que formarse un nuevo Gobierno, reunirse con representantes de la patronal y los sindicatos y establecerse unos criterios para acordar en Consejo de Ministros los nombres y apellidos de estos expertos, sus funciones y su metodología de trabajo. Una vez los 'sabios' emitan sus recomendaciones éstas deberán ser valoradas por el Ejecutivo y trasladadas al Congreso para la tramitación parlamentaria de las reformas que, en su caso, se consideren necesarias. Un largo proceso que aleja 'sine die' el núcleo duro de la contrarreforma laboral socialista, el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.
En paralelo, el PSOE mantiene en su 'Propuesta abierta para un programa común progresista' –las famosas 370 medidas de Sánchez– su apuesta por modificar "con carácter de urgencia" los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. A saber: recuperar la ultraactividad de los convenios, revisar las causas y el procedimiento para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales y reforzar la obligación de constancia expresa del horario en el contrato a tiempo parcial.
El PSOE mueve ficha en el Congreso
Mientras tanto, el Grupo Parlamentario Socialista acaba de registrar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en este mismo sentido. En su exposición de motivos los socialistas culpan de todos los males del mercado laboral español a la reforma del PP: temporalidad, precariedad salarial, desigualdad generacional y de género... Para solventarlos, instan al Gobierno a que, en el marco del diálogo social, elabore y presente ante la Cámara "un nuevo Estatuto de los Trabajadores acorde con las necesidades y realidades del siglo XXI, donde se compatibilice el crecimiento económico con la dignificación de las condiciones laborales".
Fuentes del PSOE especifican que el objetivo es actualizar los derechos de los trabajadores y adaptar las relaciones colectivas de trabajo ante las actuales transformaciones como son la digitalización, la robotización, la internacionalización, etc. Insisten en que su elaboración partiría de esa comisión de expertos, del diálogo social y del "máximo consenso político". Eso sí, "previamente es necesario restablecer el equilibrio entre las partes roto por la reforma laboral de 2012".
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