El Gobierno no ha conseguido cerrar un acuerdo con los agentes sociales para la reforma del mercado de trabajo antes de las vacaciones de verano y, tras la última reunión mantenida este miércoles, las partes se han emplazado a un nuevo encuentro en septiembre. La negativa de la patronal a negociar el borrador planteado por el Ministerio de Trabajo (los últimos cambios en el texto los adelantó La Información en estas páginas) ha imposibilitado cualquier acercamiento en materia laboral en los últimos meses y ha terminado forzando el desencuentro previo al parón de agosto. A la vuelta se avecina un periodo de alta tensión en la mesa de diálogo social, donde se abordará también la subida del salario mínimo interprofesional y el devenir de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
La última reunión del curso concluyó sin avances. Apenas algún detalle técnico sobre la remodelación de los contratos formativos y el nuevo mecanismo de sostenibilidad del empleo que vendrá a acompañar a los ERTE en el marco regulatorio postpandemia, según indican desde el diálogo social. En los días previos, la CEOE se había planteado incluso no participar en un encuentro que consideraron "forzado" desde su misma convocatoria. Finalmente, decidieron enviar a la cita a un "perfil técnico", sin ninguna intención de avanzar hacia el acuerdo, explican a este medio fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones.
Lo cierto es que la patronal ya había decidido -unilateralmente- hace semanas que no entraría al trapo de la reforma laboral hasta septiembre. Aunque los empresarios no se han levantado de la mesa en ningún momento, la realidad es que se han mostrado reticentes a negociar, reunión tras reunión. Incluso, han llegado a posicionarse públicamente en contra de una reforma que consideran regresiva, intervencionista e inaceptable. En la reunión del día 8 de julio, la patronal demandó al Gobierno un giro radical en su propuesta a cambio de seguir negociando. Trabajo cedió y modificó algunas partes sustanciales del borrador, pero ha resultado insuficiente.
Los propios sindicatos han acusado a la CEOE en numerosas ocasiones de paralizar la negociación y han animado al Gobierno a legislar en solitario en materia laboral. Este mismo miércoles, la UGT señaló tras la reunión tripartita que "la patronal no se puede convertir en un tapón que impida el cumplimiento de nuestras obligaciones con la sociedad española y con nuestros socios europeos". Las organizaciones sindicales van a aprovechar el parón veraniego para elaborar una propuesta conjunta que llevarán a la mesa en septiembre pero, al mismo tiempo, conminan al Ejecutivo a que "avance en los compromisos adquiridos tanto en el acuerdo de gobernabilidad como ante las autoridades comunitarias europeas".
Optimismo en el Gobierno
Un tono bien distinto se respiraba en el Ministerio de Trabajo al término de la última reunión del curso: "La mesa de diálogo social se ha desarrollado en un clima muy constructivo. Las organizaciones empresariales han aportado una serie de consideraciones técnicas sobre el documento (...) En este escenario de colaboración, las organizaciones sindicales han adelantado que presentarán una propuesta conjunta el próximo mes de septiembre", detallaban desde el departamento que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz este miércoles. Tras agradecer a la patronal y los sindicatos sus "consideraciones y aportaciones", desde el Ministerio zanjaron con un escueto: "La mesa de diálogo social continúa sus trabajos".
El optimismo ministerial encontraba respaldo este mismo miércoles en la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien se mostraba esperanzada sobre lograr un "acuerdo equilibrado" entre los agentes sociales, una vez se retomen las negociaciones a la vuelta del verano. "La negociación va a ser difícil. Está claro que las posiciones de los agentes sociales están alejadas, pero son conscientes de que nos jugamos mucho y yo confío en un acuerdo equilibrado cuando nos volvamos a sentar en septiembre. Un acuerdo que cree empleo de calidad y no suponga tener un rebote pasajero, sino una senda de recuperación para los próximos años", aseguraba en una entrevista televisiva.
El problema es que septiembre viene cargado. A la mesa de diálogo para la reforma laboral se va a sumar la reapertura de la consulta para el salario mínimo. La propia Calviño, que hasta ahora se había mostrado reticente a subir el SMI este año por la gravedad de la crisis económica provocada por la pandemia, abría la puerta este martes a un incremento en septiembre que pudiese entrar en vigor para los últimos meses del año 2021. Todo dependerá de cómo respire el mercado laboral después del verano, algo que todavía es una incógnita, pues aunque las previsiones son optimistas no se puede descartar un impacto negativo en el empleo de la quinta ola de la Covid, especialmente por su afectación en el sector turístico.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha posicionado en contra de subir el SMI en incontables ocasiones en los últimos meses. A su juicio, no es el momento de incrementar los costes a las empresas sino de recuperar el empleo perdido por el 'shock' de la pandemia y consolidarlo. Los sindicatos, en contra, defienden que el salario mínimo tiene que aumentar de manera urgente, en un contexto de escalada de los precios que está mermando considerablemente el poder adquisitivo de un millón y medio de trabajadores que se mueven en ese nivel. La vicepresidenta Díaz está en este caso del lado sindical y lleva meses presionando en el seno del Gobierno para que el SMI suba cuanto antes. En septiembre se reabrirá ese melón.
Pero no es el único. A la vuelta del verano los agentes sociales también tendrán que sentarse con el Gobierno (en esta negociación también interviene el Ministerio de Seguridad Social) a valorar la situación de los ERTE y si procede ampliarlos hasta finales de año, en función de la situación económica de los sectores más afectados por la persistencia de las restricciones sanitarias. En paralelo, tendrán que definir cómo va a ser el nuevo mecanismo de estabilidad del empleo que acompañará a los ERTE en el marco regulatorio como alternativa de flexibilidad interna en las empresas en situaciones de crisis. Y no hay que olvidar que todavía hay que cerrar la segunda parte de la reforma de las pensiones. Demasiados asuntos para un mes que se antoja de máxima tensión en las mesas de negociación.
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