Cuánto dinero público se va a destinar a pagar el Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, la nueva herramienta que crea la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno de coalición y que acompañará a los ERTE tradicionales en el nuevo marco legislativo, es todavía un misterio. Lo que sí se sabe, porque así consta negro sobre blanco en el Real Decreto Ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, es que el control del fondo de financiación lo tendrá Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo toma el mando de una de las medidas estrella de la norma, para la que inicialmente se había planteado un complejo entramado de gestión en el que participaban, de manera muy activa, otros departamentos, como el de Asuntos Económicos, Hacienda o Seguridad Social. Aquel planteamiento es hoy papel mojado.
El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo introduce el bautizado como 'Mecanismo Red', un instrumento de flexibilidad interna que permitirá a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos de trabajo ante coyunturas macroeconómicas adversas o en sectores de actividad en los que se aprecien cambios permanentes que generen necesidades de transición profesional de los trabajadores. Las compañías que se acojan al RED disfrutarán de descuentos en las cotizaciones sociales y para costear tanto esas exenciones como las prestaciones a los trabajadores se creará un fondo específico de financiación.
En concreto, la norma establece que "se constituirá como fondo sin personalidad jurídica, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, un Fondo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, que tendrá como finalidad atender a las necesidades futuras de financiación derivadas de la modalidad cíclica y sectorial del Mecanismo RED en materia de prestaciones y exenciones a las empresas del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, incluidos los costes asociados a la formación, en la forma y condiciones previstas en su normativa de desarrollo". Si bien el real decreto ley publicado en el BOE no especifica cuándo se creará esa hucha y desde el Ministerio de Trabajo, consultados al respecto, tampoco lo aclaran.
Eso sí, el texto deja claro que el fondo en cuestión estará adscrito al Ministerio de Trabajo. Este punto no es baladí, ya que el planteamiento inicial que trasladó el Gobierno a los agentes sociales dibujaba todo un esquema de gestión interministerial. Para empezar, se establecía que las dotaciones del fondo serían acordadas por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de -por este orden-: Asuntos Económicos, Trabajo, Hacienda y Seguridad Social. La gestión financiera del fondo correspondería al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y habría un comité de gestión presidido por la Secretaría de Estado de Empleo, con un vicepresidente de la S.E. de Seguridad Social y varios titulares de las S.E. de Economía, Presupuestos, del Tesoro y de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Ese comité de gestión tendría entre sus funciones elaborar propuestas para la dotación y disposición del fondo, aprobar un plan general de inversiones o un informe anual de rendición de cuentas. Pero no solo eso, también se preveía la creación de una comisión de asesoramiento y seguimiento del fondo, encargado de asesorar al comité en la selección de los valores que debían constituir la cartera del fondo. Esta última comisión estaría presidida por la Secretaría de Estado de Economía, bajo la batuta de Calviño, y compuesta por los directores generales del SEPE, la TGSS, el Tesoro y Política Económica, además de representantes de la Intervención General de la Administración del Estado, de la S.E. de Presupuestos, del Ministerio de Trabajo y de la Subdirección General de Gestión Financiera del SEPE.
Como se puede observar por el nivel de detalle, estaba todo perfectamente diseñado y perfilado. La propuesta la puso el equipo de Nadia Calviño sobre la mesa el pasado mes de noviembre, nada más aterrizar en la misma, tras la intervención de la vicepresidenta económica en unas negociaciones que hasta ese momento pilotaba en solitario Yolanda Díaz. Pero fue rechazada de inmediato por los interlocutores por el elevado nivel de complejidad e intervencionismo y nada queda de ella en el texto que ha ido finalmente al BOE y que entra en vigor este viernes. Lo único que se menciona en el real decreto ley de reforma laboral es que se creará un fondo de financiación adscrito al Ministerio de Trabajo para costear el nuevo mecanismo RED, pero no se concreta ni cuándo se va a poner en marcha ni cómo se va a gestionar. Fuentes del diálogo social afirman que el Gobierno ha dejado el apartado en blanco porque hay discrepancias entre los ministerios implicados.
Sobre cuál va a ser la dotación económica del fondo tampoco hay concreción en el real decreto ley aprobado por el Gobierno. Lo único que menciona es que "serán recursos de este Fondo los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo". Desaparecen, de este modo, algunas de las fuentes de financiación que se habían valorado inicialmente, como las aportaciones al tesoro de las empresas con beneficios que lleven a cabo despidos masivos que afecten a mayores de 50 años de edad (la conocida como 'enmienda Telefónica').
Más poder para Díaz
Lo que sí permanece, respecto a la activación del Mecanismo RED, es que deberá ser autorizado por el Consejo de Ministros. Si bien aquí también se ha producido una modificación sustancial respecto al planteamiento inicial del Gobierno que otorga mas poder a la vicepresidenta Díaz. El texto final establece que la solicitud al Consejo de Ministros se hará a propuesta conjunta de Trabajo, Economía y Seguridad Social (en borradores anteriores el Ministerio de Asuntos Económicos aparecía el primero), previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que preside Calviño. Si bien desaparece un apartado que fijaba que Economía podría establecer una serie de "parámetros objetivos a partir de un análisis de un conjunto amplio de indicadores que determinen la presunción de las causas de activación" de los denominados mecanismos RED.
Son detalles, pero no menores. La propuesta pergeñada por el equipo de Calviño dinamitó la mesa de diálogo social y fue tumbada por el Ministerio de Trabajo. Desde entonces, los representantes de Asuntos Económicos han tenido escasa o nula influencia en las negociaciones, según revelan fuentes tanto de la patronal como de los sindicatos. De hecho, en el texto final de la reforma laboral, que firma el presidente Pedro Sánchez, aparecen como coproponentes Trabajo y Seguridad Social, pero no hay ni rastro de Economía. Moncloa ha 'borrado' a Calviño de la reforma laboral, pero no se descarta que reaparezca cuando se diseñe el fondo de financiación y el esquema de gestión del mismo, que en estos momentos está en el aire.
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