Golpe de efecto de fin de año de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo. Yolanda Díaz empaqueta la reforma laboral para su remisión al Consejo de Ministros, que le pondrá el último 'lacito' antes de enviarla al Congreso de los Diputados. Dicho y hecho: la norma estará publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de tomar las uvas. Ha costado importantes cesiones a todas las partes, pero el diálogo social ha dado sus frutos y ha consensuado un paquete de medidas equilibradas que previsiblemente será visto con buenos ojos por parte de la Comisión Europea. Match ball para la sucesora de Pablo Iglesias en el flanco morado de la coalición progresista antes de abordar su próximo gran reto: la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022.
Es uno de los grandes hitos de su trayectoria como ministra de Trabajo. Aunque en la recta final de las negociaciones han intervenido Economía y Seguridad Social, "el mérito del acuerdo es del equipo de Yolanda Díaz", aseguran fuentes del diálogo social. Se han quedado importantes medidas en el tintero, pero la vicepresidenta ha logrado atraer a los empresarios a un acuerdo que hace solo unas semanas parecía imposible, y lo ha hecho convenciendo a los sindicatos de que debían renunciar a algunas de sus históricas demandas por el bien del país. La reforma laboral está comprometida con Bruselas y de su puesta en marcha dependen 12.000 millones de euros de fondos europeos. Y Díaz puede colgarse la medalla de haberla sacado adelante con el respaldo del diálogo social, condición indispensable para las autoridades comunitarias.
La foto para Europa no podía haber salido mejor: la reforma laboral reequilibra el esquema negociación colectiva y garantiza la flexiseguridad del mercado laboral, al tiempo que introduce medidas para reducir la excesiva temporalidad. Y además se ha consensuado con la patronal y los sindicatos. Todo en uno. Se trata de uno de los grandes acuerdos en materia laboral de la democracia y es un logro de Yolanda Díaz. Un 'chute' para la vicepresidenta, que cierra el año con un importante 'golpe de efecto' en el plano ministerial y personal, de cara al lanzamiento de su proyecto político propio. Y le permite abordar el próximo objetivo en la agenda: la subida del SMI para 2022, que se negociará con patronal y sindicatos a principios de enero y entrará en vigor con carácter retroactivo, desde el primer día del año.
Pero no todo son odas. Hay quien reprocha a Díaz que haya incumplido su compromiso de derogar la reforma laboral del PP, porque el acuerdo alcanzado con los agentes sociales no llega a tal extremo. Es más, en el comunicado remitido por el Ministerio de Trabajo tras el 'sí' de las cúpulas de las organizaciones patronales y sindicales al texto no hay ni rastro del término "derogación". El Gobierno se refiere en su nota a la "gran reforma estructural del mercado de trabajo", que aborda el problema de la temporalidad y reequilibra las relaciones laborales en nuestro país. Y simplemente cita que "se recupera la ultraactividad indefinida y se acaba con la prioridad de convenio de empresa en material salarial para acabar con el mecanismo de devaluación salarial instaurado por la reforma de 2012, garantizando los derechos de las personas subcontratadas".
No se deroga la reforma del PP
En efecto, el acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social no deroga la reforma laboral del PP. Desde algunos ámbitos de la izquierda -y los socios parlamentarios del Gobierno de ERC y Bildu- se ha reclamado a Díaz que dé un vuelco real a las relaciones laborales incrementando la indemnización por despido. Ambos grupos han expresado su preocupación por que las cesiones a la CEOE acabasen por descafeinar la reforma, como ha sucedido finalmente, según admiten los propios sindicatos. Pero "negociar implica ceder", repiten como un mantra en el diálogo social, y además, el acuerdo de la coalición, aunque incluía una mención expresa a la "derogación" de la reforma laboral del PP, solo se refería específicamente a la recuperación de la ultraactividad del convenio y de la prioridad aplicativa del sectorial, objetivos que se cumplen parcialmente en este acuerdo.
Decimos parcialmente, porque la prioridad aplicativa del convenio sectorial no será total, sino solo en materia salarial o de jornada. Pero además, Díaz se ha dejado por el camino otros compromisos del acuerdo de coalición, como la limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa o la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves. Estos puntos no han sido abordados en la negociación por el rechazo de la CEOE. Los sindicatos tienen la sensación de que los empresarios han salido victoriosos de la negociación, aunque públicamente vendan que los cambios en el esquema de negociación colectiva van a permitir reconquistar derechos a la clase trabajadora.
Por eso, CCOO y UGT admiten que "quedan cuestiones pendientes porque no han sido abordadas en esta fase de la negociación", aunque consideran que "el acuerdo merece una valoración muy positiva" y reafirman su voluntad de "seguir avanzando en el marco del diálogo social para consolidar plenamente un empleo con derechos y de calidad en nuestro país". Mientras, la patronal presume de haber hecho un "ejercicio de responsabilidad" para favorecer la confianza en España de cara al exterior, firmando una reforma que mantiene "intactos" los mecanismos de flexibilidad interna, impulsa la estabilidad en el empleo, preservando la contratación temporal, y refuerza la negociación colectiva, manteniendo la prioridad aplicativa del convenio de empresa "en todos los ámbitos de flexibilidad necesarios para el buen funcionamiento de la actividad empresarial".
Con todo, los empresarios llaman a "mantener la prudencia en la actual situación de pandemia para favorecer una rápida y sostenida recuperación económica". Según expresan fuentes del diálogo social, existe un temor generalizado tanto en la patronal como en los sindicatos a que el acuerdo alcanzado pueda ser alterado durante la tramitación parlamentaria del real decreto ley que aprobará el Consejo de Ministros. Por eso, ambos advierten de que permanecerán vigilantes en los próximos meses para que el Congreso de los Diputados no eche por tierra sus logros. No hay que olvidar que el Ejecutivo pone en riesgo 12.000 millones de euros de los fondos europeos si atiende a las demandas de sus socios y permite que el Parlamento modifique medidas publicadas en el BOE y pactadas en el diálogo social.
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