La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya tiene trazado su plan para la reforma del mercado eléctrico europeo. Propondrá a la Comisión Europea (CE) un diseño que se base en un mercado de corto plazo (diario e intradiario) "muy líquido y transparente", combinado con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad adaptados a las necesidades particulares de cada Estado miembro.
"Somos un Gobierno convencido de la importancia de ofrecer seguridad energética a los consumidores y precios razonables, que los consumidores se puedan beneficiar del menor coste que representan las energías renovables", ha destacado Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, asegurando que la propuesta será remitida este mismo martes. El debate se tratará en el seno de la CE a partir de esta primavera.
Fuentes del departamento que dirige Teresa Ribera hacen hincapié en que, en un contexto de una alta volatilidad de precios de la electricidad, se requieren instrumentos a plazo que proporcionen ingresos estables para productores inframarginales, así como precios asequibles y poco cambiantes para los consumidores. "Las plantas con capacidad firme, almacenamiento y gestión de la demanda requieren incentivos económicos para garantizar su disponibilidad", añaden.
Desde Transición Ecológica subrayan que el mercado eléctrico actual no está preparado para situaciones de alta volatilidad ('stress proof') ni para la penetración masiva de las energías renovables y recursos que proporcionen firmeza y flexibilidad al sistema en los próximos años, como el almacenamiento o gestión de la demanda ('future proof').
Compras de energía a plazo
En este sentido, las mismas fuentes insisten en que no ofrece visibilidad de ingresos a los productores de energías renovables durante la vida útil de la instalación, y que tampoco refleja el coste medio real de generación del 'mix' eléctrico. Asimismo, advierten de que "no ofrece las señales adecuadas para inversión en capacidad firme o flexible".
De este modo, la propuesta del Ejecutivo se basa en que el regulador contrataría con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante contratos por diferencias (CfDs) a precio fijo y orientado a costes, e introduciría mercados de capacidad para las centrales que ofrecen capacidad firme o flexible, como son las de ciclo combinado.
Si el precio en el mercado diario es más alto que el de ejercicio, la instalación renovable devuelve el exceso a los consumidores reduciendo el valor medio de esa hora. Por el contrario, si es más bajo, es el sistema el que compensaría al productor renovable para que tenga asegurado los ingresos mínimos.
Por su parte, para la nuclear e hidráulica ya existentes se propone CFD con un incentivo por disponibilidad, para que puedan captar parte del mayor ingreso en los momentos en los que el mercado diario es más caro, si están disponibles. Al respecto, España propone que se permita a cada Estado miembro establecer una retribución regulada de forma obligatoria para estas dos tecnologías, una sugerencia que no encaja con la normativa comunitaria en vigor, por lo que habría que modificarla.
Sin embargo, la normativa de la UE sí que prevé los mercados de capacidad, aunque solo como instrumentos excepcionales, temporales y de último recurso. Desde Transición Ecológica abogan por "facilitar y agilizar su implementación".
"Necesitamos una mayor seguridad y certidumbre con respecto al acceso y a la seguridad de suministro y queremos que las nuevas oportunidades de tener energía a precio razonable beneficien a los consumidores y no solo a los productores, y también necesitamos reducir la extrema volatilidad vivida en los últimos meses", ha dicho Ribera.
La vicepresidenta tercera no solo ha defendido esta reforma por la actual coyuntura de crisis energética, desatada por la invasión de Rusia a Ucrania, sino también porque considera que el sistema de ahora no está preparado para el futuro. Bajo el sistema en vigor, el precio de mercado lo determina la oferta más cara necesaria para satisfacer a la demanda. Cuando se diseñó hace 20 años, las renovables solo representaban el 10% del 'mix' total, pero ahora alcanzan el 50% y se prevé que lleguen al 75% para el año 2030.
Prórroga de la excepción ibérica
Fue en diciembre de 2021 cuando Ribera lanzó ante los ministros de Energía de la Unión Europea (UE) la necesidad de abordar una reforma del mercado mayorista de la electricidad ante los precios desorbitados. Alemania, respaldada por otros ocho países del norte, tumbó todas sus pretensiones y pocos meses más tarde la Comisión cerraba la discusión argumentando que el 'pool' era la "mejor opción" para usuarios y empresas. Un año más tarde, la foto ha cambiado y España se erige como la gran impulsora de la política energética europea.
El Gobierno también ha pedido a Bruselas una prórroga de la excepción ibérica -que limita el precio del gas para la generación eléctrica- hasta finales de 2024. Según Ribera, el mecanismo ha permitido un ahorro de 4.500 millones de euros hasta ahora (150 euros por familia de media acogida a la tarifa regulada).
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