Muface ahorra 750 millones a la sanidad pública y su fin provocaría más retrasos

Unidas Podemos se ha marcado como objetivo la eliminación de forma progresiva de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), un organismo autónomo de la Administración General del Estado (AGE) que gestiona las prestaciones sociales de 1,1 millones de funcionarios del Estado y sus familiares. La Mutualidad de Funcionarios Civiles, que nace en junio de 1975, aunque ya desde 1963 se empezaron a sentar las bases de su creación, es también cogestora de uno de los mayores fondos de empleo de pensiones de Europa, con más de medio millón de partícipes, y cuenta con presupuesto anual de casi 2.300 millones. Muface, junto con Isfas -la mutualidad de las Fuerzas Armadas- y la Mutualidad General Judicial (Mujegu) dan cobertura a 1,8 millones de mutualistas

La nueva propuesta de Unidas Podemos, que ha pillado por sorpresa al Ejecutivo, y que cuenta con el respaldo de las formaciones de izquierda y el rechazo de buena parte de los socialistas y de los partidos a la derecha de la Cámara, se materializó en una Proposición no de Ley (PNL) en la que se instaba a que las nuevas incorporaciones de funcionarios se hiciesen directamente en el Régimen General del Sistema Nacional de Salud. En la práctica eso supondría dejar sin la posibilidad de elegir a estos empleados públicos, ya que en la actualidad, desde Muface, pueden optar entre la sanidad pública y la concertada, recibiendo el servicio médico que ofrecen aseguradoras privadas. Más del 80% de los funcionarios se decanta por esta opción, básicamente porque los tiempos de espera son mucho menores.

Los responsables de la formación morada, sin embargo, consideran que resulta incompatible la defensa de un modelo de sanidad pública y universal con una atención diferente para casi dos millones de personas y afirman que el mecanismo de las mutualidades provoca desigualdades en el sistema. Por su parte, el Gobierno, a través de la ministra Montero, ha reafirmado su apuesta por el mantenimiento y consolidación del modelo Muface, según recoge Redacción Médica. Desde el departamento de Montero descartan la opción planteada por Unidas Podemos y aseguran que Muface es una piedra angular del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Las aseguradoras privadas facturan 1.500 millones gracias a las primas de los funcionarios. El fin de Muface obligaría al cierre de centros sanitarios

De la misma forma, la iniciativa de Unidas Podemos, que forma parte del Ejecutivo de coalición, ha generado incertidumbre entre los funcionarios, que temen perder la opción de poder recibir la atención médica en Adeslas, DKV, Asisa o Igualitario Cantabria, lo que contribuye además a descongestionar la sanidad pública; y las críticas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que considera que la desaparición de la Mutualidad de Funcionarios pondría en riesgo el Sistema Nacional de Salud, que cuenta con escasos recursos y que ha quedado tocado por el sobreesfuerzo realizado por los sanitarios durante la pandemia y que continúan haciendo.

La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina al sector sanitario privado y nace con el objetivo de defender el sistema de salud español en su conjunto, destaca que la prima media en Muface en 2020 se situó en 917 euros frente a los 1.368 euros de gasto per cápita -excluidos medicamentos y las aportaciones a las mutualidades- en la sanidad pública. El menor coste por ciudadano -451 euros- sirve para ahorrar entre 700 y 800 millones anuales.

Pese a que la propuesta de Podemos no pasa por fulminar de un plumazo el sistema de mutualidades, la entrada de los nuevos funcionarios en el sistema público causaría nuevas demandas asistenciales y un progresivo retraso de citas y operaciones. Las comunidades con más mutualistas serían también las más afectadas. El sector asegurador privado, para el que las primas de los funcionarios representan el 16% del total y suponen una facturación de 1.500 millones, también sufriría un importante varapalo. El elevado coste de la desaparición paulatina de Muface se traduciría en despidos, cierre de centros sanitarios privados y, finalmente, una caída de ingresos tributarios para el Estado que rondaría los 24 millones de euros solo en Sociedades.

Muface es responsable de la Oficina del Partícipe del fondo de pensiones de la AGE y forma parte de su Comisión de Control

La Mutualidad de Funcionarios forma parte de la Comisión de Control del Plan de Pensiones de la Administración General del Estado (AGE) -en la que participan 11 miembros de la Administración y otros 11 representando a los sindicatos- y que es uno de los mayores de Europa, con 502.000 partícipes y un patrimonio superior a 634 millones de euros. De Muface también depende la Oficina del Partícipe de este fondo, que atiende consultas y facilita las relaciones con la entidad gestora, que es BBVA. Precisamente la creación de un macrofondo similar al de los funcionarios de la AGE, que se denomina BBVA Empleo Doce, es una de las claves de la reforma de pensiones del ministro José Luis Escrivá para dar sostenibilidad al sistema.

La idea es agrupar a los autónomos, más reacios a este tipo de iniciativas, y cientos de miles de trabajadores en pequeñas empresas en un plan de pensiones que podría llegar a tener nueve millones de partícipes. En la actualidad, apenas dos millones de trabajadores están vinculados a un fondo de este tipo y el patrimonio total ronda los 36.000 millones de euros. BBVA es protagonista en estos productos y gestiona el 23% del total. Además del de la AGE, se encarga de casi 350 planes, con un patrimonio de 8.000 millones, entre otros el de Altadis, Disney, Enagás, Goldman Sachs, Iberdrola, Johnson and Johnson, Pfizer, Repsol o RTVE.