La reforma de las pensiones que el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, trata de cincelar no sin dificultad entre la desconfianza de los agentes sociales, los choques constantes dentro del Gobierno, las presiones de Bruselas y una no despreciable cantidad de ruido ambiental incluirá una solución para la situación que arrastran desde hace años alrededor de medio millón de trabajadores - según los cálculos del propio Ministerio - que fueron forzados a prejubilarse durante los años de la crisis y a los que la falta de flexibilidad de la regulación del sistema público de pensiones condenó a una penalización permanente en sus pensiones pese a acreditar carreras de cotización de más de 40 años, según han avanzado a La Información fuentes muy próximas al Ministerio.
La solución específica a este caso no se negociará en principio en la mesa de diálogo social abierta para perfilar la reforma parcial de las pensiones, que recogerá principalmente una nueva regulación más estricta de la jubilación anticipada y un nuevo esquema de incentivos a la prolongación de la edad real de jubilación, que el Gobierno quiere cerrar antes del verano para saciar el apetito de reformas en este campo de la Comisión Europea, sino como subrayan fuentes ministeriales en el marco del Pacto de Toledo, donde desde hace unas semanas se han producido una serie de movimientos y reuniones para forzar precisamente esta negociación.
Los portavoces de la comisión se reunirán el próximo 16 de marzo y de esa reunión saldrá previsiblemente un calendario de trabajo que marcará la negociación sobre este asunto, que está pendiente todavía del informe de situación sobre el particular que el Pacto de Toledo encomendó realizar al Ministerio en un plazo de tres meses desde la aprobación de las recomendaciones y que éste todavía no ha presentado pese a haberse superado de forma holgada ese plazo.
La solución específica saldrá de esa negociación, aunque según las fuentes consultadas ya se han empezado a perfilar algunas cuestiones. Seguridad Social es partidaria de abordar una reforma del marco legal que elimine de forma expresa y con carácter general cualquier tipo de penalización en la pensión a todos los trabajadores que hayan llegado al momento de la jubilación con una carrera de cotización que supere los 40 años. Tiene más reticencias a abordar las compensaciones con carácter retroactivo que solicita el colectivo por las pensiones dejadas de percibir en el pasado como consecuencia de la aplicación injusta de estos coeficientes reductores.
La principal objeción de Seguridad Social es de índole económica. Un informe elaborado el pasado otoño por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para el Pacto de Toledo estimó en alrededor de 2.300 millones de euros el coste para las ya estresadas arcas del sistema público que tendría indemnizar al colectivo. El informe advertía, además, de que ejecutar una compensación hacia atrás a ese medio millón de jubilados forzosos abriría una suerte de caja de pandora jurídica que pondría en situación de reclamar un trato semejante a los más de 2,1 millones de pensionistas a los que se aplica algún tipo de coeficiente reductor por haberse jubilado antes de la edad prevista en la ley con un coste imprevisible para las arcas de la Seguridad Social.
Las plataformas de defensa de este colectivo, como la Asociación de Prejubilados por Reconversión Industrial (APRI), la Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensiones (Fevaas) o Asjuvi40, reclaman la anulación de la penalización que sufren en su pensión los más de 512.000 pensionistas que en su día tuvieron que jubilarse antes de la edad legal de manera forzosa por procesos de ajuste de plantilla y que desde entonces han venido sufriendo reducciones de hasta el 40% en la cuantía de su pensión, pese a acreditar más de 40 años cotizados en la mayoría de los casos. También, la reparación económica de los afectados por todas las nóminas cobradas de menos de manera injusta en su opinión durante este periodo.
En el año 2007, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se abordó un problema similar que afectaba a miles de trabajadores prejubilados durante los años duros de la reconversión industrial y de la privatización de empresas públicas con la aprobación de un complemento de pensión de entre 63 y 18 euros mensuales - en función de la intensidad del coeficiente reductor que se les aplicara en su día-, a modo de compensación por los recortes en su pensión. Las asociaciones que representan a los colectivos afectados por las prejubilaciones de la crisis estiman que una indemnización así sería insuficiente.
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