El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha llevado a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo su propuesta para la reforma del sistema público de pensiones, que deberá ponerse en marcha en pocos meses y supondrá un cambio drástico con respecto al actual modelo. El principal objetivo del ministro es desincentivar el anticipo de la jubilación y 'premiar' a los que continúen en mercado de trabajo después de la edad de retiro.
Si el incentivo para los trabajadores que retrasen un año su jubilación se llevó casi todo el protagonismo el pasado lunes, ya que supone una 'gratificación', en un solo pago, de hasta 12.000 euros, los cambios más profundos están en los nuevos coeficientes para sancionar el retiro anticipado, que el ministro propone subir en muchos de los casos, pero que también esconden algunas sorpresas. Los sindicatos ya han mostrado su desacuerdo con cualquier penalización a la jubilación prematura.
¿Pero cómo afectaría a un jubilado medio, que previsiblemente cobrará su pensión durante 20 años, los cambios? La prestación media se situó en marzo en 1.185 euros brutos, que se reciben en 14 pagas. Con los actuales coeficientes, el jubilado vería reducida su pensión un 16% -189 euros mensuales- en el caso de que decidiese adelantar su retiro dos años y acreditando menos de 38 años y seis meses cotizados. Durante las dos décadas que de media se recibe la prestación dejaría de percibir 52.920 euros. Durante los dos años de adelanto de su retiro acumularía 27.888 euros y dos años de 'descanso' extra.
Mientras, con el último esquema diseñado por el ministro, que sube la penalización al 21%, la nómina mensual se vería recortada en 248 euros y recibiría 69.440 euros menos durante los 20 años siguientes del inicio del retiro. Su prestación disminuiría 16.520 euros o lo que es los mismo, un tercio, con respecto al modelo actual. En el caso de haber cotizado más de 38 años y seis meses y menos de 41 años y seis meses, la sanción pasaría del 15% al 19% y el recorte durante el tiempo que de media se recibe la prestación sería 13.440 euros, un 27%.
Curiosamente, las nuevas tablas que se proponen desde la Seguridad Social muestran un drástico recorte del porcentaje de las penalizaciones en un retiro que se retrase seis meses tras cumplir la edad legal, que pasarían del 14% actual al 9,78% para los que tienen menos de 38 años y seis meses cotizados y del 13,11% al 9,33% para los trabajadores afiliados a la Seguridad Social más de 38 años y seis meses y menos de 41 y seis meses. Para una pensión media, en el primer caso, supondrían 14.000 euros más durante los 20 años que de media se percibe la prestación gracias a la reducción de coeficiente de 'castigo'. En el segundo, representaría un aumento de 12.000 euros, pese a una cotización durante más años.
El plan de Escrivá
El ministro parece tener claros los objetivos de su reforma de pensiones, en la que la clave es incrementar la edad de retiro media, que en la actualidad está en 64 años y medio, según la Estadística de Pensiones Contributivas de la Seguridad Social. Su plan tiene como patas los premios a los que se retiren tarde y las sanciones a los que lo hagan anticipadamente, un asunto al que se oponen los sindicatos, Unidas Podemos, además de plataformas de pensionistas como Asjubi40, que pide que no hay penalizaciones a las jubilaciones prematuras.
Además, sobre la mesa tiene un 'cóctel' de indicadores y factores, entre ellos el aumento de la esperanza de vida, para calcular las prestaciones que se recibirán tras el retiro, dejando de lado el factor de sostenibilidad que diseñó el Gobierno de Mariano Rajoy en su reforma de pensiones de 2011 y que nunca se ha llegado a aplicar. Además, busca un aumento progresivo de los años para cuantificar las prestaciones y la desaparición de las cláusulas de retiro forzoso en los convenios colectivos.
Hasta tres millones de trabajadores, tanto en sector público como en el privado y en empresas de todos los tamaños, tienen en sus convenios, que surgen del acuerdo entre empresarios y sindicatos, disposiciones que obligan a jubilarse a la edad legal, generalmente a los 65 años. Sectores como la construcción -que ocupa a 1,5 millones de trabajadores-, el del metal -que da empleo a 200.000 personas- y el de las empresas de seguridad, pero también muchas grandes compañías del Ibex 35, tienen cláusulas de retiro obligatorio.
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