La reforma de las pensiones de Escrivá pone en jaque los fondos europeos

La segunda reforma de las pensiones, capitaneada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trae cola. Si bien el texto debería de haber sido enviado antes de enero de este año, lo cierto es que a punto de que termine febrero, aún no se ha llegado a un consenso con las empresas, lo que no está gustando a la Comisión Europea. Bruselas ya se lo ha dejado claro al Gobierno de España. En caso de que no se cumpla con los plazos establecidos de las reformas pactadas, la Comisión Europea ya tiene la herramienta para reducir parcialmente los pagos del Fondo de Recuperación.

En cualquier caso, antes de que se ejecute esa rebaja, dará medio año al Estado incumplidor para que corrija la situación. Si en ese periodo no lo ha hecho, "la respectiva cantidad será suspendida permanentemente y deducida del presupuesto del plan". Así lo explica el Ejecutivo europeo en la comunicación presentada ayer martes. Asimismo, esta institución europea ha detallado la metodología que utilizará para aprobar pagos parciales a los Estados miembros cuando considere que algunos de los compromisos que contempla un desembolso no han sido totalmente satisfechos. 

En este caso, la cifra a desembolsar se reduciría por cada incumplimiento en una cantidad igual a la división de todos los fondos asignados por país entre total de hitos y objetivos del plan, que en el caso de España son 69.500 millones entre 415 hitos. Pero aún hay más porque esa penalización podría multiplicarse por cinco para aquellos compromisos "relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa", como es el caso de la segunda reforma de las pensiones.

Escrivá apura la negociación de la reforma de las pensiones

Ayer martes por la tarde en Madrid, José Luis Escrivá se reunió con los miembros del Comité de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que esta semana visita España para supervisar la gestión de los fondos europeos, después de que durante la mañana lo hiciera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero, ¿cuál es el principal escoyo al que se enfrenta el ministro de la Seguridad Social? 

Pues hasta ahora, Escrivá no ha logrado convencer a los socios parlamentarios del Gobierno, ni tampoco a Unidas Podemos, sobre su propuesta de ampliación de los años para el cálculo de la pensión de los 25 a los 28 años. Tampoco a los sindicatos, que exigen una mayoría política para negociar este asunto. El objetivo de modificar el periodo de cálculo de las pensiones es favorecer a los trabajadores que no han tenido carreras lineales, esto es, a aquellos que no tienen en sus últimos años de cotización los mejores en términos salariales. 

Lejos de mostrarse pesimista, Escrivá ha dado este lunes por hecho que la medida se incluirá en un acuerdo que está "muy cerca", ha repetido en varias ocasiones. Por lo que la siguiente cuestión no podría ser otra que cuándo se producirá tal hito. Justo en este sentido, no ha querido poner una fecha exacta, aunque baraja la posibilidad de que se lleve a cabo a finales de mes o en los próximos días. Hasta entonces, habrá que esperar. 

Otra de las grandes preguntas que están sobre la mesa de negociación tiene que ver con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), aprobado en el primer bloque de la reforma de las pensiones y que ya se ve reflejado en millones de nóminas de trabajadores asalariados. Consiste en una cuota adicional con destino a la hucha de las pensiones. Bruselas ha pedido que se estabilice este instrumento más allá de 2032, fecha en la que el Ejecutivo quería volver a analizar el estado del sistema de pensiones para acordar su continuidad. La intención es prolongarlo hasta 2050.