La negociación de la segunda fase de la reforma de las pensiones entre el Gobierno y los agentes sociales apuntaba a un esprint en esta primera semana tras las vacaciones navideñas que no termina de arrancar. Sigue sin haber convocatoria oficial de la mesa negociadora y las conversaciones discretas e informales que vienen produciéndose desde hace semanas se están viendo distorsionadas por la intención del ministro José Luis Escrivá de incluir en el texto la ampliación del periodo de cómputo de 25 a 30 años (con la posibilidad de excluir los dos peores años de cotización).
Una medida que concita el rechazo de patronal, sindicatos, de los socios de Unidas Podemos y del resto de formaciones que el Gobierno necesita para sacar adelante la reforma en el Congreso. En estos últimos, en los grupos parlamentarios, se centran ahora los esfuerzos negociadores, tal y como apuntan fuentes del diálogo social y reconocen en el entorno del propio Escrivá, que hablan de momento "decisivo y avanzado" de las conversaciones, sin prejuzgar el resultado de las mismas.
El Gobierno tendrá que legislar si no hay acuerdo, dado que las modificaciones pendientes están comprometidas con la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, clave para que España siga recibiendo la liquidez de los Fondos Next Generation. Sin embargo, el objetivo es que todo aquello que se apruebe tenga el mayor respaldo posible y que "nadie se sorprenda de lo que llega al Congreso", apuntan las mismas fuentes.
Que los grupos estén al corriente del alcance de las medidas
En principio y en un escenario ideal, el texto debiera acordarse previamente con los agentes sociales, si bien se llevaría casi de inmediato a la Cámara Baja tras su aprobación en Consejo de Ministros. Por ello conviene que los socios de Gobierno y el resto de fuerzas que puedan dar luz verde con su apoyo a la nueva fase de la reforma "estén al corriente" del alcance de las medidas que el Ejecutivo pretende sacar adelante antes de que concluya el mes de enero.
Como ya sucedió con la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en julio, la segunda parte de la reforma se aprobará unas semanas después de lo acordado con Bruselas -se pactó hacerlo antes del 31 de diciembre para que pudiera entrar en vigor desde el 1 de enero- sin que eso suponga mayor problema. Fuentes próximas a la patronal explican que ni han sido convocados ni se ha producido llamada alguna y consideran que el diálogo ha entrado en un punto muerto tras la última propuesta que el Ministerio de Seguridad Social les trasladó a mediados del mes pasado.
No parece que Escrivá vaya a desistir de elevar el periodo de cómputo -pese a que este aspecto no estaba incluido en las recomendaciones de la Comisión del Pacto Toledo- y es más que previsible que siga adelante con la idea de destopar gradualmente las bases máximas de cotización (de las aportaciones de los salarios más altos al sistema de la Seguridad Social) entre 2025 y 2050, medida que iría acompañada de una revisión de la cuantía de las pensiones máximas a un ritmo mucho más lento.
La reforma, Unidas Podemos y el año electoral
Otras fuentes consultadas dudan de que Unidas Podemos vaya a dar su brazo a torcer con la ampliación del número de años cotizados que se toma como referencia para calcular la pensión en una coyuntura como esta: a cuatro meses de las elecciones municipales y autonómicas y a unos meses más de las generales, previstas para finales de año si Pedro Sánchez cumple su compromiso de agotar la legislatura. Cualquier medida que suponga una merma futura en la cuantía de las jubilaciones es una línea roja para el socio de coalición.
Escrivá defiende que esta medida es necesaria para adaptar el cómputo de la pensión a las carreras laborales actuales, en la que -en contra de lo que sucedía tradicionalmente- los años en los que se cotiza más ya no son necesariamente los últimos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también defiende la necesidad de corregir las lagunas de años sin cotizaciones, así como otras medidas que también deberían servir para rebajar la brecha de género en las pensiones y que se añadirían al complemento que entró en vigor en febrero del año pasado.
El temor a que la nueva fase de la reforma pueda encallar en el Congreso de los Diputados ha provocado también el rechazo de los sindicatos mayoritarios al texto. Ni CCOO ni UGT quieren encontrarse con una fotografía similar a la que se produjo con la aprobación de la reforma laboral, que salió adelante por la mínima gracias al voto equivocado del diputado del PP Alberto Casero.
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