La reforma de las pensiones públicas diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanza y ya se conocen buena parte de las medidas, posiblemente las menos traumáticas, que tendrán impacto entre los nuevos jubilados, pertenecientes a la numerosa generación del 'baby boom', que han cotizado en el Régimen de la Seguridad Social. Sus pensiones serán menores y muchos deberán retrasar la edad de jubilación, una fórmula que servirá para garantizar la sostenibilidad del sistema de reparto, con más ingresos y menos gastos en pensiones. Sin embargo, el proyecto del ministerio, que se sigue negociando, ha pasado de refilón por los funcionarios de carrara, incluidos en el Régimen de Clases Pasivas, que pueden jubilarse hasta cinco años antes que los autónomos y los asalariados de las empresas privadas y que disfrutan de unas pensiones muy elevadas, debido a sus largas carreras de cotización y a sueldos estables que aumentan de forma constante, gracias a la promoción y a un importante catálogo de complementos.
Los funcionarios retirados obtienen una pensión media de 2.300 euros en 14 pagas, según los datos del mes de abril facilitados por el Ministerio de la Seguridad Social, y la prestación media ya supera en 900 euros mensuales la de un trabajador del Régimen General. Junto a esto, hasta un 68% de los empleados públicos opta, dentro de la legalidad, por retirarse antes de cumplir los 65 años, frente apenas el 40% de los del trabajadores de la Seguridad Social que eligen esta posibilidad asumiendo recortes importantes en sus prestaciones. Desde enero, adelantar el retiro para la mayoría de los trabajadores conlleva penalizaciones de hasta un 21%, si el retiro se produce dos años antes de cumplir los 66 años y 2 meses, en el caso de que se acrediten menos de 37 años y 6 meses de cotizaciones, o dos años antes de llegar a los 65, si se han cotizado 37 años y 6 meses o más.
La llegada de los funcionarios 'boomers' a la edad de jubilación también se constata en un aluvión de retiros, que ya triplican las bajas en el sistema. Según la estadística del ministerio, desde julio del año pasado, mes en el que la Seguridad Social asume la gestión de las Clases Pasivas, antes bajo el mando del Departamento de Hacienda, se han producido 22.827 altas de jubilación de funcionarios, frente apenas 6.975 bajas. El número de funcionarios pensionistas ha crecido por encima del 15% desde enero de 2019, frente al 6% que lo han hecho los jubilados del Régimen General desde la misma fecha.
La partida para pagar las pensiones de los funcionarios se incrementa un 22%, frente al 16% que lo hace la destinada a los asalariados del Régimen General
Mientras, la estadística de Clases Pasivas, que recoge la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, muestra que la partida destinada a pagar las pensiones se ha incrementado en un 22% entre enero de 2019 y abril de 2022, pero que la nómina global de las prestaciones de los asalariados en la empresa privada apenas lo ha hecho un 16%. Hay que tener en cuenta que en número de pensiones de jubilación en la Función Pública apenas supone un 10% de las que se pagan en el General, 411.457 frente a 4,28 millones. Mientras en este Régimen General hay 265.800 jubilados más que hace tres años y medio, en el de Clases Pasivas el aumento es de 54.800, que suponen algo más de una sexta parte del total.
El Régimen de Clases Pasivas es un sistema en extinción, aunque su desaparición total va a ser progresiva y la oleada de jubilaciones de empleados públicos 'boomers' en los próximos años será muy importante. La mayoría de los que se ya se han retirado y de los que lo harán a partir de ahora entraron en la Administración en los años 80 y principios de los 90, por el desarrollo del Estado de las autonomías y la mejora del bienestar social en España, y han consolidado largas carreras de cotización frente a las del sector privado, con importantes lagunas que afectan fundamentalmente a las mujeres y a los parados de la crisis económica, buena parte de ellos con más de 50 años. Por esta razón, los empleados públicos se jubilan con pensiones mayores que las de los asalariados del sector privado, expuestos a las crisis, a empeoramientos de la condiciones laborales -pueden ver reducidos sus ingresos- y al desempleo.
Todos los funcionarios de carrera que han entrado en la Administración a partir de 2011 ya están encuadrados en el Régimen General, con las mismas condiciones que el resto de los asalariados y sometidos a una jubilación a los 65 años sin penalización, cinco años más tarde que la prevista para sus compañeros más antiguos, si se han cotizado más de 37 años y seis meses. El año pasado, las competencias sobre Clases Pasivas pasaron del Ministerio de Hacienda -ahora también de Función Pública- al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, no está previsto en la reforma del sistema de pensiones ningún cambio excepcional en este régimen.
El envejecimiento de la plantilla pública, en la que más de un millón de efectivos -de los 2,6 millones actuales- tiene entre 50 y 59 años y en la que áreas como la Seguridad Social cuentan con trabajadores que de media tienen 56 años, está determinando este aluvión de retiros es una de las causas de la actual situación, que tiene que ser subsanada con históricas convocatorias de empleo. Las administraciones perderán hasta 2025 casi 331.000 efectivos tras llegar a la edad de jubilación y cerca de 900.000 en la próxima década, la mayoría funcionarios del 'baby boom'.
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