La cesión del ministro de Seguridad Social a los sindicatos, por la que los pensionistas podrán no solo mantener poder adquisitivo sino ganar capacidad de compra con la nueva fórmula de revalorización, complica las negociaciones del Gobierno español con Bruselas. El viraje de José Luis Escrivá en la mesa de diálogo social para cumplir con las exigencias de las organizaciones sindicales implica de facto un incremento estructural del gasto en pensiones que amenaza la sostenibilidad del sistema, un planteamiento que rechaza de plano la Comisión Europea. El giro de guion llega además cuando el Ejecutivo tiene que finiquitar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que dará acceso a los fondos europeos de recuperación y que nacerá cojo del Consejo de Ministros.
Tras constatar el bloqueo en la mesa de negociación sobre pensiones, el Ministerio llegó a la reunión de este lunes con una concesión bajo el brazo, relativa a la fórmula de revalorización de las prestaciones con arreglo al IPC. En concreto, el departamento de Escrivá ha renunciado al sistema inicialmente planteado, que fijaba que la ganancia de poder adquisitivo en caso de inflación negativa tendría que absorberse en los años siguientes. De modo que los pensionistas podrán ganar capacidad de compra cuando el IPC sea negativo, ya que su prestación se mantendrá intacta y la diferencia respecto a la inflación no será compensada a posteriori. El ministro había introducido ese elemento en la fórmula para acompasar el mantenimiento del poder adquisitivo con la contención del gasto público, un planteamiento más alineado con Bruselas que ahora, sin embargo, desaparece.
Aunque la fórmula definitiva todavía no está cerrada, de materializarse la nueva propuesta que ligaría las pensiones al IPC sin mecanismos de ajuste que eviten un incremento del gasto estructural "el Gobierno se verá obligado a plantear ante Bruselas otras reformas que neutralicen el impacto sobre el ya abultado déficit del sistema", avisan fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones de los estados miembros con la Comisión. No en vano, las autoridades europeas han advertido a España en numerosas ocasiones de que vincular de manera permanente las pensiones a la evolución del IPC y disociarlas de la esperanza de vida comprometería la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional, siempre que no se adopten medidas compensatorias.
¿Qué pide Bruselas?
Las últimas recomendaciones en este sentido aparecen en el Staff Working Document de febrero de 2020 -se pueden consultar en este enlace- y lo que sugieren, en definitiva, es que a la Comisión en realidad no le importa tanto si las pensiones se ligan o no al IPC como que cualquier reforma garantice un impacto en el PIB igual al que se estimaba con la aplicación de las reformas de 2011 y 2013. Pero al contrario, según los cálculos del Ejecutivo comunitario, vincular de nuevo las prestaciones a la inflación podría conducir a un incremento en el gasto en pensiones para 2050 de aproximadamente el 4% del PIB y abolir el factor de sostenibilidad sumaría al menos un 0,7% en el largo plazo.
Hay un documento todavía más claro en este sentido y es la recomendación del Consejo Europeo relativa al Plan Nacional de Reformas de 2019, que son las asumidas por España, donde se indica que "las reformas de 2011 y 2013 han contribuido a garantizar la sostenibilidad y la adecuación relativa de las pensiones a largo plazo. No obstante, el hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a la inflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo". Además, se añade que "se necesitarían medidas para abordar tanto la cuestión de la adecuación de los ingresos de los futuros jubilados, que constituye el principal reto, como la de la duración y la integridad de sus carreras laborales en un contexto de alto desempleo y de uso generalizado de contratos temporales y empleo a tiempo parcial".
Esas son las recomendaciones a las que el Gobierno español debe atender en el diseño del Plan de Recuperación que tiene que remitir a Bruselas antes del 30 de abril. Pero Escrivá se enfrenta a un complejo juego de equilibrios para acompasar los requisitos de la Comisión con las exigencias de los agentes sociales en la mesa de negociación. Por el momento, los sindicatos le han arrancado una concesión no menor respecto a la fórmula de revalorización que va en contra de estas recomendaciones, por lo que el ministro se va a ver obligado a mantenerse firme en el planteamiento de otras medidas compensatorias que también han sido rechazadas tanto por las organizaciones sindicales como por las patronales.
Se trata de los cambios en el esquema de penalización a la jubilación anticipada y en los incentivos al retiro demorado. Ambas medidas dirigidas a incrementar la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad real y que han provocado el rechazo no solo de patronal y sindicatos, sino también en el ámbito político, incluso entre los socios del Gobierno y hasta en el seno de la coalición, en Unidas Podemos. Otros asuntos que han generado polémica, como la derogación del factor de sostenibilidad y su sustitución por un factor de equidad intergeneracional o el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, han sido aparcados de momento para ser abordados en una segunda fase de la reforma. Se avecinan tensas negociaciones.
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