Nuevo giro de guion del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en la mesa de negociación para la reforma de las pensiones abierta con la patronal y los sindicatos. José Luis Escrivá ha retirado su propuesta para aumentar la pensión máxima del sistema, adecuándola a un incremento progresivo de las bases de cotización más altas, según revelan a La Información fuentes del diálogo social y confirman desde el propio Ministerio. La medida, que se incluyó en los primeros borradores y que aparece en la versión inicial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, se ha caído en la última reunión. Un nuevo 'volantazo' con el que Escrivá busca atraer a la patronal, ya que los empresarios rechazan de plano el aumento de los costes laborales que implicaría esta vía para apuntalar los ingresos del sistema.
En un principio, el Ministerio había puesto sobre la mesa un incremento progresivo de la base máxima de cotización, que actualmente está en 4.070 euros mensuales, que tendría como consecuencia una mejora de la pensión máxima (2.707 euros) para "no afectar a la naturaleza contributiva del sistema". De manera que el destope de ese límite en las cuotas sociales para las rentas superiores a 40.840 euros anuales repercutiría directamente en la cuantía de las pensiones más altas, que ahora alcanzan los 37.900 euros en 14 pagas. Se barajó un calendario para el incremento de la base máxima de 20 puntos porcentuales en 30 años y un proceso de adecuación de la pensión máxima del sistema, en función del tiempo cotizado por cada trabajador tras la aprobación de la eventual reforma, en el que la jubilación se calcularía con el importe actual de la base máxima, actualizada con el IPC anual.
La fórmula esbozada en el primer borrador, al que ha tenido acceso este medio, no convencía a los sindicatos, que aunque llevan años demandando el destope de las bases máximas de cotización y su reflejo en la cuantía de las pensiones más altas, consideran que el planteamiento del ministro debía "perfeccionarse". Los agentes sociales, además, cuestionan que, tal y como está redactada, es "enrevesada" y "farragosa". Fuentes de ámbito técnico interpretan que la fórmula de Escrivá implicaría un incremento de las bases máximas mucho mayor al aumento de la pensión, para que de este modo la medida pudiera tener un impacto positivo en las cuentas públicas. Asimismo, de ese redactado deducen que el Ministerio no establece ningún derecho exigible: "Lo único cierto es que habría que pagar, sin correlativo derecho a que te suban la pensión", zanjan.
En cualquier caso, Escrivá ha retirado su propuesta. "No está en las últimas versiones de la negociación", confirman desde su departamento. Fuentes del diálogo social aseguran que el ministro ha dado marcha atrás por la oposición de la CEOE, que rechaza cualquier incremento de los costes laborales, especialmente en un momento de crisis severa como el actual. Desde los sindicatos, no obstante, matizan que la medida responde a una propuesta sindical, que se basa en las recomendaciones del Pacto de Toledo y que se va a incluir en la reforma de las pensiones definitiva que el Gobierno tiene que enviar a Bruselas en estos días. En este sentido, las fuentes consultadas aseguran que aunque el incremento de bases de cotización y pensiones máximas ha salido ahora de la mesa, no se descarta que vuelva a introducirse más adelante para una segunda fase de negociación.
Entre tanto, Bruselas está pidiendo a España concreción en las reformas, porque el Plan de Recuperación del que dependen 150.000 millones de euros de los fondos europeos ha nacido cojo. El Gobierno, por su parte, está demandando más tiempo a la Comisión, argumentando que quiere dar margen a los agentes sociales para que puedan alcanzar acuerdos y producir reformas consensuadas y duraderas, tal y como, por otro lado, recomiendan las autoridades europeas. Por lo que, previsiblemente, en la versión final del Plan español no aparecerán detalladas ni la reforma de las pensiones ni la del mercado laboral. Se incluirán solo las líneas maestras de los departamentos ministeriales, a la espera de que el diálogo social dé sus frutos.
De momento, Escrivá ya ha modificado, al menos, dos aspectos de la reforma inicialmente planteada a las organizaciones empresariales y sindicales. Primero, en cuanto a la revalorización de las pensiones, ha renunciado a los tres años de compensación del IPC negativo, una fórmula que impedía de facto a los pensionistas ganar poder adquisitivo. El ministro ha cedido así a las exigencias de los sindicatos, permitiendo una cierta ganancia de poder de compra. Y ahora también ha buscado el consenso con la patronal al retirar la propuesta para incrementar las bases máximas de cotización, que en este caso no se modula sino que desaparece por completo, al menos, en esta fase de las negociaciones para un primer paquete de medidas.
Renuncia a las reformas dolorosas
De este modo, el ministro parece estar renunciando a las reformas más dolorosas e incómodas, precisamente, a las que suponen una mayor contención del gasto o incremento de los ingresos del sistema. Y no hay que olvidar que ya tuvo que dejar de lado sus planes para aumentar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, por la fuerte oposición que generó no solo entre los agentes sociales, sino también en los socios del Gobierno. Algo similar ha sucedido con la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo factor intergeneracional, que no se aplicaría hasta el año 2027, dejando el grueso del recorte para la próxima legislatura, como se adelantó en estas páginas.
Todo ello, en contra de las recomendaciones de Bruselas, que en numerosas ocasiones ha advertido al Gobierno español de que cualquier reforma de las pensiones debe ir encaminada a garantizar la sostenibilidad del sistema, como contribuían, a su juicio, las reformas de 2011 y 2013. En este sentido, las autoridades europeas han avisado en sus informes de que una reforma basada en vincular las prestaciones a la inflación y aplazar el factor de sostenibilidad requerirá medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones a medio y largo plazo. Es cierto que el ministro también ha puesto sobre la mesa medidas para elevar la penalización a la jubilación anticipada e incentivar el retiro tardío, entre otras, pero de momento tampoco cuentan con el visto bueno de los agentes sociales. No se descartan más volantazos en las negociaciones.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios