La reforma de la financiación autonómica está destinada a ser uno de los asuntos sobre los que más se discuta en el ámbito político durante la próxima legislatura. Y ya ha sido uno de los temas que han estado sobre la mesa en las primeras negociaciones entre el PSOE y el resto de formaciones para recabar los votos necesarios que permitan a Pedro Sánchez ser investido. Como ha podido saber La Información, el que ha insistido en esta cuestión ha sido Íñigo Errejón. En la cita que ha tenido este miércoles en el Congreso, el líder de Más País ha situado el idear un nuevo sistema para el dinero destinado a las comunidades como una de sus prioridades. Algo motivado por su pacto con Compromís y Joan Baldoví, que también ha estado en la reunión y ha trasladado la misma petición para que los socialistas cuenten con su 'sí' para avalar que Sánchez repita en Moncloa.
Abordar esta reforma es una de las exigencias históricas del partido nacionalista valenciano, que ha señalado de forma reiterada que la Comunidad Valenciana está "infrafinanciada". Algo en lo que ha insistido también Ximo Puig, que cuenta con Compromís y Podem como socios en el gobierno tripartito de la región. El president de la región ha pedido varias veces que se impulse un nuevo modelo para solucionar esos problemas que denuncia. El propio Sánchez ya se comprometió en la precampaña a abordar las modificaciones que fueran necesarias. Y Más País ha hecho suyo este anhelo de su socio de coalición para mostrarles su lealtad, como ha podido confirmar este diario.
Pero la empresa que tienen por delante PSOE y Podemos en su futuro gobierno de coalición no es nada sencilla. En primer lugar, porque la financiación autonómica es una cuestión sobre las que aún rigen los acuerdos de consenso para llevar a cabo cualquier modificación. Esto supone que la negociación se tiene que ampliar al PP de Pablo Casado, que gobierna varias comunidades en solitario o en coalición con Ciudadanos y con el respaldo desde fuera de Vox. Y hasta el momento, las posiciones han estado alejadas de una manera muy evidente. Una distancia que no se acortó tras la orden de Hacienda de abonar las entregas a cuenta pendientes el pasado mes de octubre. Hasta el punto de que comunidades como la de Madrid han demandado al Ministerio por considerar que se les recortó la partida que les correspondía.
Entre Cataluña y Sucesiones
El otro 'problema' que hace más complicado llevar a cabo reformas en estas partidas es Cataluña. La partida destinada a la comunidad catalana es foco de polémica desde hace varios años. En los últimos meses, el Govern incluso anunció acciones judiciales contra el Gobierno central para lograr disponer de más recursos económicos que los actuales. Algunas de las posibilidades que están sobre la mesa para solucionar el entuerto es la creación de un nuevo sistema 'ad hoc' para la Generalitat, similar al 'cupo vasco' de Euskadi. O que pueda recaudar y gestionar otros tributos de los que aún no dispone.
Un desencuentro entre Estado y Govern que se encauzó con los acuerdos de Pedralbes entre Sánchez y Quim Torra, después de la promesa del presidente en funciones de inyectarles más de 1.400 millones de euros si los Presupuestos Generales de 2019 salían adelante. Pero la crisis política y el rechazo precisamente de ERC y Junts per Catatalunya a los presupuestos en febrero pararon todo avance en este sentido. Y que ni siquiera se solventó con la refinanciación de la deuda que mantenía la Generalitat con los bancos a través del FLA que impulsó el Ejecutivo, lo que permitió a Cataluña volver a salir a los mercados con sus bonos.
También hay que tener en cuenta la polémica por los desacuerdos a la hora de gestionar ciertos tributos que existe entre María Jesús Montero y las haciendas de las comunidades gobernadas por el PP. El principal foco de conflicto está en el futuro del impuesto de Sucesiones y Donaciones, el cuál está bonificado de manera generosa en las comunidades gobernadas por los de Pablo Casado. La ministra de Hacienda ya propuso en su día armonizarlo para que las rentas altas pagaran lo mismo en todas las comunidades.
Una petición que hicieron algunas autonomías gobernadas por los socialistas, con el ejemplo más claro de Asturias, que acusó de la Comunidad de Madrid de hacer 'dumping' fiscal por su bonificación del 100% al impuesto. Si se impulsasen estas medidas dentro de la reforma de la financiación, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tendría que renunciar a esta ventaja que ofrece en su territorio. De hecho, Más País lleva en su programa electoral una medida similar, que busca "evitar la competencia fiscal" entre las regiones y "dotarlo de mayor progresividad". Para ello, su propuesta es fijar "mínimo de tributación a escala estatal", en línea con las preferencias de Montero.
La llamada "deuda ilegítima" es otro de los meollos a tener en cuenta en la reforma de la financiación. La Comunidad Valenciana o Cataluña han sido algunas de las que han denunciado que, debido a la 'infrafinanciación' que sufren, una gran parte de lo que deben responde al "injusto reparto" desde el Estado. Compromís ha sido de los partidos más activos en estas reclamaciones, al llegar incluso a pedir una quita del pasivo de la Generalitat. Como ya publicó este medio en 2018, cerca de la mitad de la deuda acumulada a nivel autonómico en la fase más dura de la crisis económica se explica con las insuficiencias financieras generadas por la deficiente aplicación de la reforma de la financiación aprobada en 2009.
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