El nuevo Gobierno de Reino Unido da un paso al frente en la recuperación económica. Concretamente, el ministro de Asuntos Económicos, Jeremy Hunt, detalló este viernes un paquete de reformas de la regulación financiera del Reino Unido con el que se recortará la "burocracia" y se "potenciará el crecimiento del país". Durante un evento organizado por el diario financiero Financial Times (FT), Hunt defendió las 30 reformas anunciadas, que relajan algunas de las medidas introducidas tras el estallido de la crisis financiera de 2008.
Según los nuevos planes del Gobierno, se pondrá fin para algunos bancos a la delimitación impuesta tras la crisis crediticia entre sus actividades de inversión y minoristas, a fin de facilitar sus operaciones. Esto servirá, como ya había avanzado el Ejecutivo, para "liberar" a las entidades "sin grandes actividades de inversión" que ahora se ven entorpecidas por estos requisitos.
El paquete de cambios, conocido como "reformas de Edimburgo", se presenta como ejemplo de libertad post Brexit para crear una regulación a medida, específica a las necesidades y fortalezas de la economía británica. Sin embargo, los críticos a este plan de reforma consideran que pone en riesgo las lecciones aprendidas de la crisis financiera de 2008.
En virtud de las reformas, se eliminará el tope a las bonificaciones de los banqueros y se permitirá a las aseguradoras invertir en activos a largo plazo, como viviendas y granjas eólicas, para impulsar la inversión. También se modificarán las reglas que rigen cómo se contrata, supervisa y sanciona a los ejecutivos financieros sénior.
Según dijo hoy Hunt, los cambios asegurarán "el estatus del Reino Unido como uno de los centros financieros más abiertos, dinámicos y competitivos del mundo". El Gobierno ya avanzó que el paquete de reformas conlleva "una revisión, derogación y sustitución" de multitud de normativas heredadas de la UE que, según Londres, frenan el avance del sector de las finanzas.
El Gobierno pedirá a los organismos reguladores del sector financiero -la Autoridad de Conducta Financiera y la Autoridad de Regulacióón Prudencial- que, además de velar por la protección de los consumidores y prevenir los riesgos sistémicos, promuevan medidas que favorezcan la competitividad y el crecimiento.
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