El equipo técnico del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabaja a marchas forzadas en el diseño de una ayuda económica urgente y extraordinaria para paliar el impacto de la crisis del coronavirus sobre los colectivos más vulnerables. Se trata del bautizado como 'ingreso mínimo vital', pero su implantación no será total. Fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Escrivá explican a La Información que se están "acortando los plazos" para sacar esta iniciativa adelante "cuanto antes y de la mejor manera posible". Eso sí, aclaran que lo que se va a hacer es adelantar "el primer paso" del desarrollo de una prestación que ya se incluía entre los planes del Gobierno y cuyo despliegue, en cualquier caso, va a ser "gradual".
La presión de Pablo Iglesias en el consejo de ministros ha surtido efecto, sobre todo porque ha encontrado un inesperado aliado en Escrivá, según explican fuentes del Gobierno. El ministro 'sin carné', expresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se ha posicionado a favor de poner en marcha con carácter urgente un ingreso mínimo vital que dé cobertura a las familias más vulnerables frente a esta crisis económica. No se trata, no obstante, de una novedad para su departamento, que ya trabajaba en el diseño de esta renta específica desde principios de año. Si bien la situación actual le ha obligado a acelerar todos los plazos y a dar a esta prestación un nuevo enfoque.
Durante su primera comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso, Escrivá anunció la puesta en marcha del 'ingreso mínimo vital', que no podría incluirse en los Presupuestos Generales del Estado de 2020, por lo que se esperaría al año que viene y su implantación sería progresiva a lo largo de los tres últimos años de la legislatura, es decir, en 2021, 2022 y 2023. Sin concretar la dotación económica, el ministro asumió que debería ajustarse a las restricciones presupuestarias y por ello decidió distribuir su impacto en varios ejercicios. Pero el estado de alarma por la pandemia del Covid-19 ha hecho saltar por los aires todos sus planes.
Ahora es más necesaria que nunca esa renta mínima. Y por eso los técnicos de la Seguridad Social están trabajando a destajo para dar salida a la prestación cuanto antes. Será un primer acercamiento a ese 'ingreso mínimo vital' y en principio se dirigirá a un colectivo de beneficiarios reducido porque una extensión mayor de la renta básica en estos momentos presenta una gran complicación administrativa y jurídica, según admiten en el área económica del Gobierno. Por eso ahora con carácter urgente se va a priorizar a los colectivos más afectados por esta crisis concreta y que no se han tenido en cuenta en el paquete de medidas económicas y sociales aprobadas hasta ahora por el Ejecutivo.
Para que sea lo más eficaz posible, los técnicos están analizando todo el sistema de prestaciones e identificando entre los beneficiarios a los más vulnerables. En líneas generales, aquí se incluirían las personas con bajos ingresos o que hayan visto reducidas sus rentas por la crisis del Covid-19. Se considerarían, por ejemplo, los hogares con todos sus miembros en paro o los que vayan agotando la prestación por desempleo durante esta crisis, así como los que hayan sufrido cancelaciones anticipadas de contratos temporales. También se considera como uno de los colectivos más afectados a las empleadas del hogar, pero para ellas (la inmensa mayoría son mujeres) ya se ha anunciado una prestación específica.
Se está estudiando al milímetro y "aún hay posibilidades abiertas", comentan fuentes del Ministerio que no se aventuran a concretar si la medida se llevará al consejo de ministros de este viernes o al del próximo martes. "Vamos todo lo rápido que podemos pero aún no tenemos calendario", matizan. Tampoco disponen, por ahora, de ninguna aproximación de impacto en las arcas de la Seguridad Social. "Estamos contemplando varios escenarios en una situación muy volátil", zanjan.
Al margen de la emergencia del coronavirus y de manera más amplia, esta iniciativa ya formaba parte de los objetivos del Gobierno para esta legislatura y de hecho estaba pensada para ser la medida estrella de Sánchez e Iglesias. En el acuerdo de la coalición progresista figura que "desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social". Y se añade que "comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos".
Como presidente de la AIReF, Escrivá remitió al Gobierno un informe en el que proyectaba el impacto que tendría esta prestación en las arcas públicas y estableció el esfuerzo económico en la horquilla de entre 3.500 millones de euros (eliminando otras ayudas) y 9.000 millones en el escenario más costoso. En concreto, fijó en 5.500 millones de euros el gasto bruto de la medida, pero al introducir variables para reducir duplicidades con otros programas asistenciales vigentes, limitó su coste neto a 3.500 millones de euros. El número de beneficiarios que contemplaban estos cálculos ascendía a 1,8 millones de personas.
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