El Ingreso Mínimo Vital (IMV), la medida estrella del Gobierno de coalición que iba a implantarse a partir de 2021 pero se ha precipitado para paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre la población más vulnerable, entra en su recta final. El Ejecutivo tiene previsto ponerla en marcha en la segunda quincena de mayo, pero todavía está ultimando los detalles, según trasladan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento encargado de su diseño, al mando de José Luis Escrivá. En estos últimos días están valorando contrarreloj la incorporación como potenciales beneficiarios de determinados colectivos, según ha podido saber La Información, incluidos más de 450.000 pensionistas en situación de pobreza extrema.
Son casi medio millón de perceptores de pensiones no contributivas (las que se cobran aunque no se haya cotizado el tiempo suficiente), en concreto, 452.307, y 16 asociaciones de pensionistas han escrito al Gobierno una carta exigiendo la compatibilidad del cobro de su pensión con la percepción del futuro IMV. En la misiva, dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al vicepresidente segundo y ministro de derechos sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias; al ministro Escrivá y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reclaman el acceso al IMV para estas personas que cobran una cuantía media inferior a 400 euros al mes, "por lo que, en la mayoría de los casos, se encuentran entre esos hogares en extrema pobreza a los que va dirigida esta medida social del Gobierno".
En principio, la cuantía del IMV se va a situar en 462 euros para los hogares unipersonales y hasta 1.015 euros para las familias formadas por dos adultos con más de dos menores a cargo, según el borrador del proyecto que ha presentado Escrivá a las comunidades autónomas y que adelantó 'El Mundo', si bien desde el equipo del ministro trasladan que "las cantidades individuales por tipo de hogar se están revisando a diario, según avanzan los cálculos". En cualquier caso, las prestaciones que cobran este medio millón de pensionistas, de jubilación e invalidez, se sitúan por debajo de ese umbral mínimo, en 395,60 euros de media, por eso piden al Gobierno que se les permita alcanzar ese 'mínimo vital'.
Aunque el borrador estipula que los potenciales beneficiarios del IMV tendrán que ser mayores de 23 años, salvo que tengan al menos un hijo a cargo, y menores de 65, por lo que en principio los jubilados quedarían excluidos de la medida, desde la Seguridad Social trasladan que esta y otras peticiones se están estudiando en estos momentos. Explican que todavía están cerrando flecos para ajustar al máximo el diseño de la prestación y que en este último tramo siguen recibiendo 'inputs' de distintos colectivos que están siendo analizados. Por lo que no se descarta que los beneficiarios de pensiones no contributivas que cumplan los requisitos puedan complementar sus rentas con el IMV.
El ministro Escrivá ha comentado en numerosas ocasiones que el diseño de esta prestación inédita en la historia del sistema público a nivel nacional va a ser fino, de manera que busca identificar con exactitud a los colectivos en extrema pobreza y aliviar su situación, elevando sus rentas hasta unos niveles mínimos, siempre teniendo en cuenta el hogar como unidad beneficiaria, pero sin dejar de lado situaciones particulares. En este sentido, por ejemplo, el borrador contempla que las víctimas de violencia de género que hayan abandonado su domicilio habitual puedan acceder a esta ayuda, siendo consideradas "unidad de convivencia".
En términos generales, la unidad de convivencia estará constituida por las personas que residan en la vivienda, "unidas por vínculo matrimonial o pareja de hecho, y familiares de ellas hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento". Y se considerará que existe una situación de vulnerabilidad cuando el promedio mensual de los ingresos anuales del ejercicio anterior a la solicitud sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda en función de la modalidad de la unidad de convivencia; y que el patrimonio neto, descontada la vivienda habitual -salvo que sea de "excepcional valor"-, sea inferior a cierto límite.
En ese sentido, el texto remitido a las autonomías indica que computarán como ingresos las pensiones y prestaciones, contributivas o no contributivas, públicas o privadas, pero se exceptúan del cómputo de las prestaciones y ayudas económicas finalistas tales como becas o ayudas para el estudio, ayudas por vivienda y ayudas de emergencia. Asimismo, del documento se desprende que, con el fin de reforzar el estímulo al empleo, existirá un complemento, a modo de incentivo, para las unidades de convivencia donde uno o varios de los activos estén trabajando y perciban ingresos salariales o rendimientos por cuenta propia.
De este modo, el IMV estará vinculado no solo a la renta disponible sino también a la búsqueda activa de empleo, de manera que quien lo solicite deberá estar en ese rango de entre 23 y 65 años y demostrar que está buscando trabajo, pero no lo encuentra. Estos requisitos dejarían fuera, en principio, a los beneficiarios de pensiones de jubilación contributivas, que cobran de media unos 1.160 euros, pero también a los perceptores de pensiones de jubilación no contributivas, que son más de 262.000 y cobran menos de 400 euros. En su caso, los que perciben pensiones no contributivas de invalidez de menos de 400 euros superan los 190.000. Ambos colectivos estarían por debajo del 'mínimo vital'.
Las redes sociales se han llenado estos días de comentarios de pensionistas con pensiones muy bajas cuestionando ese IMV de hasta 1.015 euros, en un momento en el que la sombra de la congelación de las pensiones ha vuelto a planear sobre la sociedad ante la crisis sobrevenida. El propio Escrivá desmintió los rumores y aseguró que las pagas a los pensionistas están garantizadas. Según sus cálculos, el IMV costará 3.000 millones de euros al año (es una tercera parte de lo que se gasta en pensiones cada mes) y llegará a 1,1 millones de hogares. Está previsto que se apruebe en uno de los últimos consejos de ministros de este mes, para que pueda empezar a funcionar en junio.
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