El Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos no incluirá la prometida renta mínima para los más desfavorecidos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020 que han dado hoy el primer paso en el Congreso de los Diputados con el visto bueno al techo de gasto y la senda de déficit. Según ha anunciado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, responsable del diseño del denominado 'Ingreso Mínimo Vital', el Ejecutivo no tiene previsto desplegarlo hasta el año que viene para su implantación de manera progresiva a lo largo de los tres últimos años de la legislatura, es decir, 2021, 2022 y 2023.
La renta mínima "será gradual y probablemente en estos Presupuestos (los de 2020) no se incluya o solo muy someramente", confirman a La Información desde el entorno de Escrivá. Fuentes de su departamento matizan que "la idea es desplegar totalmente" la medida "a partir de los siguientes" ejercicios. Así lo ha adelantado el ministro durante su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso: "Será una renta suficiente que tendrá que ir materializándose en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos tres años de la legislatura".
Escrivá ha defendido su propuesta estrella, que ha sido la primera que ha presentado, si bien ha evitado por el momento cifrar esa renta mínima. Lo único que ha avanzado es que será "flexible, eficaz y suficiente". Con la flexibilidad pretende que esta prestación alcance a todas las personas que "se quedan atrás" porque se encuentran en diferentes situaciones y, por tanto, presentan distintas necesidades de inclusión. Mientras, con la eficacia busca que los beneficiarios sean los ciudadanos efectivamente más vulnerables, eliminando las barreras administrativas y de acceso.
Por último, la suficiencia se refiere a la dotación económica. Sin concretar en cuánto dinero consistirá esta prestación, el ministro ha explicado que "con menos dotación de la que se supone se consiguen mayores resultados si el diseño es verdaderamente fino y preciso". En cualquier caso, ha matizado que esta medida depende de un "envolvente presupuestario de sostenibilidad que será lo que marque las dotaciones". Es decir, tendrá que ajustarse a las restricciones presupuestarias. Aunque Escrivá ha asegurado que hay "espacio fiscal", ha indicado que la medida se implantará gradualmente porque conviene dividir en varias fases el impacto presupuestario, es decir, repartir el gasto en distintos ejercicios.
Esta gradualidad permitirá, además de paliar el impacto sobre el déficit, evaluar el funcionamiento de esta novedosa medida. Según ha explicado, su diseño debe coordinarse con distintos niveles de la Administración porque va a integrarse en un "sistema complejo" de prestaciones con las que se va a tener que "anidar". Se ha referido al embrollo de prestaciones que existen actualmente: las no contributivas dependientes del Ministerio de Trabajo, las que abona la Seguridad Social como jubilación, maternidad e invalidez... además de los programas de rentas mínimas diseñados por las comunidades autónomas y las entidades locales.
"No va a ser una prestación más sino un mínimo nacional", ha especificado, para incidir después en que "hay que reordenar el sistema de prestaciones". Con todo, el ministro ha avanzado que el equipo de su departamento ha empezado a diseñar esta especie de renta mínima y, una vez tengan "cerrados los mimbres", se llevará al Congreso de los Diputados, en concreto a la Comisión de Trabajo, donde va a buscar el consenso de los diferentes grupos políticos respecto a esta medida.
El diseño de la Airef
Hay que recordar que Escrivá realizó un borrador de cómo podría articularse este ingreso mínimo vital durante su mandato en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Partiría de 430 euros mensuales y supondría un desembolso para el erario público de 5.500 millones de euros. Así, mientras los cálculos del ministro apuntan a que la medida aliviaría la pobreza de 1,8 millones de hogares, también reconocen que incrementaría el déficit en 0,1% puntos del PIB al año.
Los casos en que se podría percibir este ingreso mínimo vital serían dos. Por un lado, para los peticionarios más pobres, se habilitaría la ayuda si su renta supusiera un 20% de la mediana de renta, es decir, que tuvieran una renta de 236 euros si el hogar fuese de un solo miembro o 497 euros si tuviera dos miembros. Recibirán además un complemento de 1.200 euros al año por hijo a cargo hasta un máximo de tres hijos. En el segundo supuesto, se encontrarían aquellos hogares con un 60% de la mediana de renta (710 euros para hogares de un miembro y 1.492 para los de dos), que recibirán únicamente los complementos por hijo a cargo.
En el acuerdo del Gobierno de coalición firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesisas se establece que "desarrollaremos el Ingreso Mínimo Vital como prestación de Seguridad Social". Y se añade que "comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo/a a cargo para familias vulnerables, y posteriormente mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos". En este sentido, Escrivá ha precisado que precisamente es sobre la prestación por hijo a cargo sobre la que pueda actuar en primer lugar.
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