Los 140.000 millones de euros que España recibirá procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre transferencias y préstamos son una oportunidad única para la transformación de la economía. No obstante, también son un reto de gestión y ejecución al que las comunidades autónomas se enfrentan desde posiciones distintas. Según los expertos, aquellas comunidades con estructuras administrativas más pequeñas y que, a la vez, reciban más recursos económicos tendrán más complicaciones para que estos lleguen a la economía real. Además, el Gobierno premiará a las regiones que sean más rápidas en su ejecución, lo que, de nuevo, repercutirá en negativo en aquellas CCAA que sean más lentas adjudicando convocatorias y licitaciones.
La burocracia del Plan de Recuperación era uno de los riesgos de los que advertían instituciones económicas y consultoras. Después de conocerse los datos de ejecución del Plan en 2021, se ha constatado que el ritmo fue más lento de lo previsto inicialmente. Según datos del Ministerio de Asuntos Económicos, el año pasado se adjudicaron 5.273 millones procedentes de los fondos Next Generation-EU. Es decir, el 27,7% de los 19.000 millones que la Comisión Europea ya ha entregado a España. En el primer semestre de este año, el Gobierno quiere lanzar convocatorias y licitaciones por valor de 24.600 millones de euros, donde se incluyen más de 2.000 millones que no se licitaron en 2021.
Hasta el 31 de diciembre, las comunidades autónomas han recibido asignaciones por valor de 11.247 millones de euros, de los cuáles el 94% se repartieron en conferencias sectoriales y el 6% siguiendo criterios objetivos, según fuentes gubernamentales. Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones con las mayores asignaciones, pero según el responsable del Departamento de Análisis Regional de BBVA Research, Pep Ruiz, tradicionalmente los fondos europeos tienen más impacto económico en las regiones donde el sector público tiene mayor peso. En este sentido, apunta que "los fondos europeos impulsarán más a las regiones del sur y del oeste de España".
Ruiz señala que "si colocas muchos fondos puedes encontrar restricciones a la gestión". "Administraciones como Cantabria, La Rioja pueden tener más dificultades" al tener menos personal para llevar a cabo todo el procedimiento administrativo del Plan de Recuperación, explica. Esto es algo en lo que coinciden otras fuentes conocedoras de la ejecución del Plan por parte del Gobierno. No obstante, subraya que no es solo una cuestión del tamaño de la administración pública, sino que la cuantía tiene un papel importante. De hecho, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la Junta de Andalucía habría pedido ampliar el plazo de ejecución porque "no tiene capacidad para gestionar tantos recursos".
En esta línea, Cándido Pérez Serrano, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG, hace hincapié no solo en las comunidades autónomas, sino en los ayuntamientos. El Plan de Recuperación tiene entre sus objetivos la cohesión territorial y, por ello, los consistorios jugarán un papel clave. Sin embargo, Pérez Serrano subraya que, en ocasiones, su capacidad administrativa no es suficiente para gestionar los fondos europeos. En esta línea, considera que deberían jugar un "papel destacado" las diputaciones, que podrían dar apoyo a los municipios más pequeños.
Concentración empresarial
El responsable del Departamento de Análisis Regional de BBVA Research también pone la lupa sobre la concentración empresarial de las grandes ciudades frente a pequeñas y medianas. En este sentido, considera importante que los fondos no se distribuyan únicamente con criterios de "competencia", sino que incluyan criterios regionales. Como ejemplo, explica que los fondos europeos tendrán más impacto económico si proyectos de digitalización en Extremadura se dirigen a pymes de la región y no a empresas de mayor tamaño que estén en los hubs digitales de Barcelona, Málaga o Madrid.
Durante el primer semestre de este año, los ayuntamientos serán destinatarios de convocatorias y licitaciones por valor de 6.000 millones de euros. A su vez, a pequeñas y medianas empresas irán dirigidas iniciativas que supondrán una inversión pública de 16.500 millones de euros, según fuentes gubernamentales.
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