"No tenemos la intención de reconstruir este lugar, teniendo en cuenta todo lo que representa este accidente y lo que todavía representa para la empresa en 38 años de existencia", afirmó Ricardo Vescovi en una entrevista publicada el sábado por el diario Folha de Sao Paulo.
El responsable estimó que tomará "al menos seis meses o incluso un año" saber "lo que ocurrió exactamente ese día".
El colapso de la represa provocó un tsunami de lodo y desechos de la extracción de hierro que sepultó un pueblo entero en el estado de Minas Gerais. Además de los 17 muertos, dos personas siguen desaparecidas.
Vescovi negó además que residuos mineros de la gigante Vale -acumulados al lado de la represa de Fundao, que cedió- hayan contribuido a desestabilizarla: "Eso es improbable, la pila de desechos está ahí intacta", afirmó, asegurando que tampoco habían metales pesados en los residuos.
"Voy a ser muy claro: los desechos minerales de hierro no son tratados con metales pesados, el lodo de Samarco es considerado no tóxico e inerte", dijo además.
La ONU ha sostenido que esos relaves eran tóxicos.
Samarco es propiedad en partes iguales del gigante minero brasileño Vale y el anglo-australiano BHP Billiton.
Vescovi también desmintió que las presas de Fundao y su vecina Germano fueran a ser unificadas, contrariamente a lo que dijo el responsable de medioambiente de Samarco, Euzimar Rosado, el día del accidente.
"Teníamos la autorización para elevar los muros de 920 a 940 metros. Al momento de la ruptura, Fundao operaba a 898 metros", precisó.
El deslave que enterró al pueblo de Bento Rodrigues es considerado como "la mayor catástrofe ambiental de la historia de Brasil", según la ministra del sector Izabella Teixera.
El torrente de lodo y desechos mineros recorrió más de 650 km por el lecho del río Doce, a través de los estados de Minas Gerais y Espirito Santo (sureste), hasta desembocar en el océano Atlántico, donde también ha provocado daños ambientales.
El jueves pasado, Samarco anunció que pagará 25.600 dólares a cada familia de los 17 fallecidos en un anticipo de su indemnización tras llegar a un acuerdo con la fiscalía de Minas Gerais.
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