Los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, en forma de despidos, cierre de negocios y Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), han remarcado la huella de vulnerabilidad en millones de hogares que antes de la Covid tenían los ingresos justos para salir adelante, pero que ahora necesitan ayudas o subsidios públicos para no entrar en el umbral de la pobreza. Las aportaciones de las administraciones públicas permiten 'malvivir' con apenas 450 euros, en muchos casos, a más de 2,9 millones de españoles, a los que habría que añadir otros 14,1 millones -empleados públicos, pensionistas con prestación contributiva y parados- que reciben directamente sus rentas del Estado, a los trabajadores afectados por ERTE (990.000) y a más de 442.000 autónomos que reciben algunas de las prestaciones para el colectivo puestas en marcha por la pandemia.
En total hay más de 18,4 millones de españoles vinculados a las administraciones de una otra forma para recibir una prestación, un sueldo o una pensión todos los meses o lo que es lo mismo seis de cada diez ciudadanos. Un repaso a las ayudas asistenciales que ofrece el Servicio de Empleo Público de Empleo Estatal (SEPE) muestra que 1,17 millones de los inscritos como demandantes de empleo están recibiendo un complemento de rentas que es de 452 euros. El subsidio más solicitado es el de mayores de 52 años con carencia de ingresos, que además tiene ciertas ventajas con respecto a otros que ofrece el SEPE, como la Renta Activa de Inserción (RAI), el segundo más demandado y pensado para un perfil de ciudadano que no ha cumplido los 52 años.
La ayuda de desempleo para mayores de 52 años se ha convertido en un instrumento básico para muchos trabajadores que se quedaron sin empleo en la crisis y que no han sido capaces de encontrar un empleo. Muchos lo cobran hasta el momento de la jubilación. La ayuda es de 452 euros y es necesario demostrar que no se tienen rentas superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En total y a mes de mayo hay 922.088 personas inscritas en los servicios públicos de empleo que dependen de esta ayuda asistencial.
Los beneficiarios de la RAI, 156.458 y que también reciben 452 euros, tienen que acreditar al menos tres Acciones de Búsqueda Activa de Empleo (BAE), así como estar inscritos ininterrumpidamente en la oficina de empleo durante al menos 12 meses. Los colectivos que pueden optar a esta renta son los mayores de 45 años, personas con discapacidad, víctimas de violencia de género o doméstica y emigrantes retornados y su prestación solo dura un año. Mientras, hay 166.737 personas cobrando el subsidio o la renta agraria, que solo la reciben andaluces y extremeños. El desembolso mensual para pagar todas estas prestaciones supera los 677 millones.
El restrictivo Ingreso Mínimo
El Ingreso Mínimo Vital (IMV), que a principios de junio cumplió un año de su entrada en vigor y que apenas supone 460 euros en la mayoría de los casos, se ha convertido en el medio de subsistencia de 203.000 hogares, que agrupan a 565.195 convivientes. Era una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez, pero a día de hoy se ha convertido en un auténtico fiasco con numerosas solicitudes rechazadas, el 83%, la mayoría por exceso de ingresos, ya que se consideran los de 2019, cuando 400.000 ciudadanos no habían perdido el empleo y sin un aluvión de cierres de negocios por las restricciones generadas por la Covid. En 2021 se destinarán 1.500 millones para pagar esta prestación, en torno a 125 millones mensuales.
Mientras, las rentas mínimas de inserción de las administraciones autonómicas llegan a 297.183 familias y gracias a ellas pueden afrontar el día a día, aunque con muchas dificultades, 697.124 titulares y miembros dependientes de esos hogares. Son Rentas Mínimas de Inserción (RMI) los distintos programas que tienen las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla dirigidos a las personas y familias que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, acompañado además de un proceso de intervención social. En algunos casos estos programas se vinculan además con procesos de inserción laboral.
Las denominaciones según la región son diferentes, desde salario social básico al ingreso mínimo de inserción, pasando por renta garantizada, y en cada comunidad, que es la que establece las reglas, las formas de acceso, los requisitos exigidos, las medidas complementarias, su duración y su cuantía también son distintas. La prestación media es de 486 euros mensuales, aunque en Euskadi supera los 667 euros y en Ceuta apenas alcanza los 300 euros. En 2019, último dato disponible, se desembolsaron 1.866 millones de euros, una cifra muy similar a la que supondrá el IMV en 2021.
Hasta 447.206 ciudadanos en situación de necesidad protegible, sin recursos suficientes para su subsistencia, reciben pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación -se recibe al cumplir 65 años-, aunque no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo, 15 años. La nómina mensual es de 185 millones y la prestación no puede exceder los 6.639 euros anuales, aunque la mínima apenas alcanza los 1.410 euros al año.
Las ayudas de la pandemia
Desde marzo del año pasado a mayo de este, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destinado en ayudas para autónomos -que durarán al menos hasta septiembre- alrededor de 9.700 millones de euros entre exoneraciones -3.110 millones- y prestaciones -6.610 millones-. En total, los trabajadores por cuenta propia que están recibiendo algún apoyo de las administración supera los 442.000, aproximadamente el 14% de este colectivo. Por su parte, 909.000 empleados siguen en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.
Por último, y aunque se lo han ganado con creces, cerca de 3,3 millones de trabajadores están ligados a las administraciones mediante un sueldo público y 9,8 millones de pensionistas reciben una prestación contributiva, aunque 1,3 millones de jubilados necesitan un complemento de mínimos de 221 euros de media para alcanzar la prestación más baja. Tanto la nómina, como el número de pensionistas y funcionarios no ha parado de crecer. En el caso de los primeros supera los 10.100 millones mensuales. Por su parte, los parados que están cobrando la prestación rondan el millón y la nómina mensual es de más de 1.800 millones de euros.
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