El Bono Social Eléctrico se ha convertido en un mecanismo básico para que algo más de un millón de hogares con una situación económica crítica puedan ahorrar en su factura de la luz, en un contexto en el que la electricidad no ha parado de subir durante el último año -lo ha hecho más de un 40%- y en el que la vulnerabilidad, el desempleo y los recortes salariales se han agudizado debido a la crisis económica generada por el coronavirus. Los beneficiarios de esta ayuda también pueden recibir el Bono Social Térmico, una iniciativa del Gobierno para compensar los gastos de calefacción, cocina y agua caliente ocasionados a los consumidores más vulnerables y que supone un pago de entre 25 y 124 euros.
Pese a que la Covid ha propiciado un incremento de las peticiones de esta ayuda -aumentaron en casi 220.000 durante los primeros meses de la pandemia-, hay como mínimo 3,5 millones de hogares que no la reciben, debido fundamentalmente a la complejidad del procedimiento, el excesivo papeleo, la escasa información, la necesidad de constantes renovaciones y a las numerosas denegaciones. Todas estas familias se quedan sin unos descuentos de entre el 25% y el 40% en el recibo de la luz, que en el caso de exclusión social es del 100%.
En la actualidad, esta ayuda no se aplica de forma automática y es necesario que el interesado la pida en alguna de las sucursales de las compañías eléctricas comercializadoras, incluyendo la identificación de los miembros de la unidad familiar, el certificado de empadronamiento y libro de familia y para casos concretos documentos que acrediten discapacidad, ser víctima de violencia de género o de terrorismo, título de familia numerosa o en el caso de pensionistas autorización para consultar todos sus datos. Son demasiados trámites que alejan a muchas personas sin recursos de la solicitud -que en muchos casos una vez concluida es rechazada- para lograr una pequeña ayuda económica.
La situación del bono eléctrico se repite con algunos matices en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda de 448 euros mensuales de media, a la que se puede optar a partir de unos ingresos -según el número de miembros del hogar-, pero que solo llega a uno de cada cinco de los solicitantes. Los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que se han recibido 1,32 millones de solicitudes válidas desde que se puso en marcha la prestación, hace nueve meses. De ellas, casi 1,1 millones, más del 81% del total, se han tramitado, con 276.000 prestaciones aprobadas y 700.000 denegadas. El dato de mayo recoge que hay 60.000 familias cobrando el IMV de las casi 850.000 previstas por el Gobierno.
Frenos para recibir el bono
¿Pero quiénes pueden pedir el bono por su situación vulnerable? La medida se puso en marcha en 2009, de la mano del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por el camino ha sufrido numerosas modificaciones, que han afectado para bien o para mal al número de solicitudes anuales. Entre los beneficiarios están los hogares sin menores con ingresos inferiores a 11.862 euros o en los que haya al menos dos niños y los ingresos sean menores a 19.774 euros, discapacitados, dependientes, familias numerosas, jubilados e incapacitados con pensión mínima, personas en exclusión social y, recientemente, parados, trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o autónomos especialmente afectados por la crisis generada por el coronavirus.
Son muchos los colectivos que lo pueden solicitar, pero apenas uno de cada cuatro ha accedido a ella. Según el documento 'La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España', elaborado por el Banco de España, los hogares en situación de pobreza o exclusión social suman 4,5 millones, pero el bono social solo llegaba a finales del año pasado a un 1,1 de familias, frente a las 2,3 de 2017. Este importante descenso se debe a cambios de criterios y la supresión de la renovación automática en septiembre, que estuvo vigente en los primeros meses de la pandemia. La eliminación de este mecanismo ha dejado fuera a 220.000 beneficiarios en un trimestre.
En España, el 17% de los hogares de un total 18,7 millones tiene ingresos inferiores a mil euros netos mensuales, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone que casi 3,2 millones familias estarían en las franjas de vulnerabilidad previstas para el bono social. Por su parte, Un informe de BBVA Research destacaba que casi un 57% de los 18,7 millones de hogares españoles no tenía recursos económicos para pasar nueve meses sin ayudas y que uno de cada tres del total -6,19 millones- no aguantarían más de tres meses.
También pueden optar al recorte de la factura de la luz los jubilados con pensión mínima -2,68 millones- y las personas que acrediten incapacidad permanente con una pensión de menos de 1.270 euros brutos al mes en 14 pagas -más de 626.000 personas-. Sin embargo, solo hay 160.000 pensionistas que disfrutan del bono de luz, según una respuesta del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico al senador socialista Miguel Ángel Heredia Díaz.
Mientras, el número de familias numerosas asciende a 735.500, pero solo 343.000 lo estaban recibiendo el año pasado, según otra respuesta al mismo senador, un porcentaje en este caso elevado en comparación con el resto de los colectivos, teniendo en cuenta además que no hay condicionante económico para optar a él. El Gobierno ha abierto la puerta para recibir la ayuda eléctrica a los afectados por ERTE -900.000- y los desempleados causados por la crisis de la Covid, 400.000 más entre abril de 2020 y el mismo mes de 2021, y los autónomos con caída de ingresos, pero solo se han acogido 5.000 hogares.
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