Empieza el baile... Iceta se conjura para poner fin a los interinos en fraude de ley

La elevada temporalidad de los empleados públicos, enquistada en sobre todo en las administraciones autonómicas, es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta, desde hace años, la Función Pública que, además, deberá afrontar en breve plazo un aluvión de jubilaciones de sus efectivos, muchos procedentes del 'baby boom' y que se incorporaron a la plantilla pública a finales de los 70, sin un recambio previsto. Un total de 330.000 empleados de las administraciones se retirarán en los próximos cinco años.

Los funcionarios de carrera, con un sueldo de por vida, sin lagunas de cotización, con trienios y complementos y la posibilidad de jubilarse a los 60 con una buena pensión, representan el 56% de la plantilla pública, según el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que completan los interinos -21,6%-  y personal laboral -22,4%-. Los días de los funcionarios de carrera están contados desde que en enero de 2011 se aprobase la ley que obligaba a las nuevas altas a incorporarse al régimen de la Seguridad Social, con condiciones, sobre todo a la hora retirarse, mucho más estrictas.

Reducir la temporalidad al 8%

Acabar con la temporalidad ha sido uno de los principales objetivos que se han marcado todos los responsables de la Función Pública que hasta ahora han pasado por el Ministerio, pero el éxito ha sido más bien escaso y frenado por la crisis; los recortes de plantilla, que supusieron tirar de personal temporal, y la Covid, que ha obligado a contrataciones puntuales y de interinos para hacer frente a una situación inesperada y en principio puntual han agravado la situación. La intención ha sido siempre situar la temporalidad en torno al 8%.

Prácticamente recién incorporado al cargo, Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, ya tiene algunas cartas bajo la manga para poner orden en una plantilla de interinos, que supera los 563.500 efectivos y una buena parte de ellos en fraude de ley, con contratos prorrogados durante años y con un trabajo 'de funcionario', pese a suspender el examen de oposición.

Iceta, con un "empieza el baile...", que nos hacia revivir algunos de los momentos de su campaña para convertirse en presidente de la Generalitat de Catalunya, quiere iniciar una serie de negociaciones, con algunas medidas ya pensadas, para acabar con situaciones como la de Andrés P., un profesor de  Administración de Empresas con 64 años y a punto de jubilarse, que entró en la Administración como interino hace más de 25 años.

Los casos como el de Andrés se repiten de manera frecuente. No es inusual encontrarse en diferentes departamentos con interinos con 10, 20 ó 30 años trabajando para la Administración, gracias a las prórrogas de sus contratos y vulnerando las normas. Lo que debería ser una situación excepcional, expresamente justificada por la necesidad y urgencia, según el Estatuto Básico del Empleado Público, se convierte en un 'recurso' que se utiliza de forma recurrente.

Precisamente, Iceta quiere modificar el 'Estatuto de los Funcionarios' antes de final de año para clarificar e incorporar sanciones sobre la contratación de interinos, una figura que entre los propios funcionarios de carrera es criticada, ya que los interinos han accedido al cargo sin aprobar la oposición, con un buen sueldo y con la posibilidad de tener una plaza al lado de casa.

Mientras los sindicatos de la Función Pública abogan por dar estabilidad de los interinos valorando la experiencia y desempeño en su puesto -sanidad y educación concentran la mayor parte de ellos-, el ministro apuesta por prevenir, pero también sancionar, el abuso de estos contratos, que deben tener una duración máxima y cumplir con la excepcionalidad para la que están diseñados.

Una de las medidas que tiene sobre la mesa el ministro es penalizar a las administraciones con no cumplan con los criterios con la eliminación de las plazas de interino que se han ocupado más allá del tiempo previsto. Otra de las claves serán los procesos de estabilización de estos trabajadores, con el fin de convertirlos en fijos. Resulta fundamental para el ministro y también para los sindicatos evitar los agravios con el resto de los empleados, que han dedicado años de estudio para aprobar una plaza fija en la Administración.

Iceta se ha marcado como meta que el acuerdo para frenar la temporalidad esté listo antes del verano y busca un consenso pleno con los representantes de las comunidades, ayuntamientos y agentes sociales. La solución no debe demorarse mucho más antes los datos del último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones, que muestra una estabilización en el número de empleados públicos pero a costa de los interinos y los cargos a dedo.

La cancelación de los procesos selectivos de funcionarios durante 2020 a causa del coronavirus ha abierto la puerta a la Administración a miles de interinos -temporales-, algunos de ellos, en el área de la docencia, con cero en el examen de oposición, ante la imposibilidad de encontrar perfiles para determinadas plazas. En total y en solo seis meses, la plantilla de las administraciones aumentó en 24.000 empleados englobados en el epígrafe Otro personal, que incluye a interinos y eventuales. Son ya dos de cada diez.