PIB, migración, IPC y salarios tensan al límite el frágil futuro de las pensiones

El frenazo de la economía, mucho mayor de lo esperado; el aumento de la inflación como consecuencia del precio de la electricidad y los carburantes, que obligará a hacer un desembolso mucho mayor en pensiones y sueldos públicos; unido a la caída de la masa salarial y una disminución destacable en el flujo de entrada de migrantes por las restricciones de la pandemia han supuesto un baño de realidad para el Gobierno, confiado en que la recuperación iba a ser inminente y duradera. Todos estos indicadores y algunos más además obligan a modificar las proyecciones, las más optimistas y también muchas de las moderadas, sobre el futuro de las pensiones, condicionadas por muchos de estos factores que están muy interrelacionados.

La caída de la demanda interna ha obligado al Instituto Nacional de Estadística (INE) a rebajar -y mucho- su primera previsión de crecimiento para el segundo trimestre del año. La pandemia del coronavirus ha dificultado la medición de la coyuntura económica y las previsiones son superadas por la rapidez de los cambios, lo que supone según el INE un auténtico desafío estadístico. Si en las actuales circunstancias resulta complicado acertar a corto plazo, es más que improbable un pronóstico certero a largo plazo, como es 2050, la fecha crítica para las pensiones y una referencia en la mayoría de los estudios.

Pese a que según el organismo estadístico España crece aunque de forma muy moderada, los datos negativos de los últimos trimestres obligarán a sobreesfuerzo para lograr remontarlos si el objetivo, como recoge el estudio sobre la sostenibilidad de las pensiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es que el aumento medio del PIB sea del 1,4% durante las próximas décadas, no demasiado ambicioso y que es  0,7 puntos porcentuales inferior al registrado entre 1981 y 2019. El organismo hizo recientemente una revisión a la baja del crecimiento que deja patente la fragilidad de las previsiones.

La tasa de paro duplica la prevista para 2050, una fecha en la que será difícil encontrar mano de obra y serán clave mayores flujos de migrantes

Mientras, los analistas vaticinan que la inflación media de 2021 se situará en torno al 3%, lo que obligará a un desembolso superior a 12.000 millones de euros para afrontar la subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios, ambos vinculados a la inflación. El IPC avanzado del mes de agosto subió el 0,4% con respecto a julio y su tasa anual se situó en el 3,3%, la más alta en nueve años. La previsión de la AIReF realizada en 2020 apunta que el deflactor del PIB y el IPC convergen a una tasa del 1,8% en el año 2022.

Mientras, la tasa de paro se mantiene por encima de 15%, prácticamente el doble de la estimada por la Autoridad para 2048. El porcentaje de empleo rondará el 14% los próximos años, pero la AIReF prevé un escenario de decrecimiento de la población en edad de trabajar y un mantenimiento de la demanda de trabajo, lo que ocasionará escasez de mano de obra -en algunos sectores ya se está viendo esta tendencia- y descensos de la tasa de paro estructural hasta el nivel previsto del 7,8% en 2049. Sin embargo, si acabase en el 10%, el gasto en pensiones se dispararía en 2050 y la nomina aumentaría en 12.000 millones de euros, el equivalente a poco más de unn mes de la factura de las prestaciones actual.

Pero no solo la cantidad de empleo juega un papel clave en la sostenibilidad del sistema de reparto de la pensiones, ya que la calidad de este, los salarios, la productividad o el tipo de jornada son factores fundamentales para hacer sostenible el actual modelo. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) apuntaba en un estudio reciente que el estancamiento de la productividad durante las últimas décadas es la causa más importante del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social, incluso por delante del envejecimiento de la población.

La pensión es una media de los salarios percibidos por el trabajador durante su carrera laboral y los ingresos del sistema dependen de estos y de su productividad y determinan la generosidad de las prestaciones futuras. El estudio firmado por el economista Ángel de la Fuente destaca que la caída de personas en edad de trabajar y la desaceleración del crecimiento de la productividad han sido compensados solo parcialmente por una mejora de la tasa de ocupación gracias a la incorporación progresiva al mercado laboral de las mujeres, por la gradual reducción de la generosidad de las normas de cálculo de la pensión y por un incremento de los recursos disponibles, debido a las aportaciones del Estado para financiar los complementos de mínimos de las pensiones.

La masa salarial cayó más del 12% hastsa julio de 2020. Mientras, la caída de la productividad es la mayor responsable del deterioro del sistema de pensiones

España es el país desarrollado que más empleo productivo ha destruido en la última década, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 483.000 puestos en los sectores más productivos que la media entre 2010 y 2017, el mayor porcentaje de los países desarrollados. Otro de los escollos en el futuro de las pensiones es la caída de la masa salarial que ha propiciado la crisis del coronavirus, que se ha cebado de manera particularmente intensa con los trabajadores españoles. Solo entre el segundo y el primer trimestre de 2020 se registró una caída del 12,7% en la masa salarial, el segundo mayor porcentaje entre los países de la UE y el Reino Unido, solo superado por la contracción del 13,5% observada en Portugal, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mientras, la migración, en un contexto de apenas dos trabajadores por pensionistas y con tendencia a la baja y con más pensionistas y con prestaciones mayores, será determinante en las próximas décadas, unido al incremento de la natalidad. El conjunto de pensiones contributivas, más de 9,8 millones, subió el 28% en los últimos diez años y su cuantía ha pasado de 806 a 1.035 euros. Por su parte, las retribuciones pactadas en convenios colectivos experimentado una subida del 15% en el periodo. Un balance que pone que pone en cuestión la sostenibilidad del sistema. 

La AIReF apunta que serán necesarios 330.000 migrantes anuales durante los próximos 30 años, un ritmo que claramente ha roto la pandemia, que además ha aumentado la tasa de paro de estos ciudadanos. La última estadística del Observatorio Permanente de la Inmigración destaca que el número de extranjeros residentes en España se situaba en diciembre de 2002 en 5.8000.468, un 2% más -137.120 personas- que un año antes y el menor incremento desde 2016, una situación que ya se contempla en cierta medida 

en el último informe de la Autoridad.

La reducción a la mitad de los flujos migratorios netos anuales haría que el

gasto aumentase en 1,9 puntos del PIB en 2050 -60.000 millones- y la tasa de cobertura bajase del 53,3% al 53,1%."Los flujos migratorios previstos en el escenario central están estrechamente ligados al mantenimiento de un escenario macroeconómico favorable en relación con otras economías y al mantenimiento de las políticas migratorias actuales. Si estos supuestos no se cumpliesen y como consecuencia el flujo migratorio neto anual fuese la mitad del que se proyecta para el escenario central, caería la población en edad de trabajar, que afecta directamente al PIB de la economía, aumentando el gasto principalmente por el efecto denominador", aclara la AIReF en su último informe.