Tras un encuentro en Cádiz con ciudadanos españoles en una suerte de 'Tengo una pregunta para usted' a la europea, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha pedido a Mariano Rajoy que tome una decisión cuanto antes sobre el rescate a España.
"Estoy completamente convencida de que el presidente Rajoy tomará las decisiones correctas para su pueblo ;y estaría muy bien que lo hiciera lo antes posible", ha dicho la responsable de Justicia, Ciudadanía y Derechos Fundamentales de la Unión Europea en rueda de prensa.
Reding no es la primera voz que se alza desde la Comisión Europea para animar al Ejecutivo español a que se acoja a la línea de crédito puesta a su disposición por el Banco Central Europeo.
Este instrumento contempla la compra sin ninguna clase de límite de tiempo ni cuantía de títulos de deuda con un plazo de vencimiento inferior a tres años para aliviar los costes de financiación de los países que lo necesiten, bajo la condición, eso sí, de que los gobiernos la soliciten explícitamente.
El comisario de Competencia y también vicepresidente de la Comisión, el español Joaquín Almunia, se manifestó en términos muy similares hace unas semanas, advirtiendo, además, de que la indecisión del Ejecutivo a la hora de acogerse a la ayuda podría desatar un nuevo ataque de los mercados a la deuda española.
Reding ha subrayado que todos los Estados miembros de la Unión Europea "estamos en el mismo barco". Por ello, "igual que en una familia, si algo le va mal a un miembro, tenemos el deber de ayudarlo".
La comisaria cree que la consulta a los ciudadanos es un elemento importante de la democracia, pero ha manifestado que no cree que se deba cambiar el sistema parlamentario, tal y como reclama el movimiento #25-S.
Por otra parte, Reding admite que está preocupada por la corrupción en los Estados miembros. Por ello, dice, se ha acordado una definición única de "delito contra el presupuesto europeo" y se han establecido unas sanciones mínimas iguales en toda la UE.
Además, recuerda que para 2013 propondrá la creación de una fiscalía general europea contra la corrupción.
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