Frente al optimismo que muestra el Gobierno respecto a la recuperación del mercado laboral, la realidad es más cruda: el Estado ha tenido que salir al rescate de cerca de 74.000 trabajadores de más de 20.500 empresas en quiebra. Es el balance de 2021 del Fogasa, el Fondo de Garantía Salarial que se encarga de cubrir salarios e indemnizaciones no abonados por compañías en concurso o insolventes, y refleja que, a pesar de que las estadísticas mensuales de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social parecen haber cogido velocidad de crucero y baten récord tras récord, una parte del tejido productivo ha quedado devastada por la crisis del coronavirus.
La red de seguridad desplegada por el Gobierno para mitigar el impacto de la pandemia en el tejido empresarial permitió que, contra todo pronóstico, este indicador clave en momentos de crisis se desplomase en 2020, al menos temporalmente, ya que expertos y analistas de diferentes ámbitos económicos han venido advirtiendo desde el principio de la pandemia de que, una vez encajado el primer envite de la Covid, se avecinaba una oleada de quiebras en los meses siguientes. Y así lo empiezan a reflejar algunos indicadores, como el Fogasa, que en 2021 tuvo que socorrer a 73.878 trabajadores de 20.504 empresas, según los datos de la Secretaría de Estado de Empleo y Seguridad Social recopilados por La Información.
De acuerdo con esta estadística, que publica regularmente el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los pagos del Fogasa se elevaron por encima de los 576,72 millones de euros en 2021, cifra que supone un 25% más que en 2020, cuando este fondo cubrió salarios e indemnizaciones por valor de 459,15 millones de euros y cerca de un 11% más que en 2019, cuando se abonaron 521 millones, sin pandemia de por medio. En cualquier caso, la cifra no puede considerarse escandalosa, ya que hay que recordar que los pagos de este fondo marcaron un máximo histórico en 2014, uno de los peores años de la crisis anterior en cuanto a destrucción de empresas y empleo, cuando se alcanzaron los 2.288,6 millones de euros en prestaciones tras resolver un atasco de más de 150.000 expedientes que acumularon periodos medios de tramitación de más de 12 meses.
Tras la experiencia de la crisis anterior, precisamente para evitar un nuevo colapso de los expedientes similar al que sí se vivió en esta ocasión en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), el Gobierno modificó la normativa en mayo de 2020, en el pico de la emergencia sanitaria, y estableció un máximo de tres meses para la resolución de los expedientes por parte del Fogasa, ante el riesgo de que la pandemia pudiera provocar un repunte de las insolvencias empresariales. Pero ese escenario no llegó a materializarse porque medidas como los ERTE o la propia moratoria concursal, que suspende el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores y la obligación del juez de tramitar las solicitudes, contuvieron la sangría del tejido productivo.
Pese a la moratoria, los registros del CGPJ(Consejo General del Poder Judicial) cifran en 8.768 el número de empresas que se declararon insolventes entre 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Y según se extrae de los datos más recientes del Colegio de Registradores, en 2021 se declararon en concurso 4.714 sociedades, un 37,5% más que en el acumulado de 2020 y un 29,8% más que en 2019, año prepandemia. De este modo, se empieza a intensificar la destrucción del tejido productivo más afectado por la crisis del coronavirus, tal y como han venido advirtiendo los expertos, a pesar de la moratoria concursal, que está vigente en España desde el 14 de marzo de 2020 y que ha sido prorrogada en varias ocasiones. El plazo se alarga, de momento, hasta el 30 de junio de 2022.
A la espera de la Ley Concursal
Entre tanto, cabe recordar que el pasado mes de diciembre el Gobierno aprobó el proyecto de reforma de la Ley Concursal en Consejo de Ministros y el objetivo es que entre en vigor durante el primer semestre de 2022. Con esta nueva Ley se pretende salvar a empresas viables que no tengan capacidad para afrontar sus deudas debido a la crisis provocada por la pandemia, evitando así la zombificación de parte del tejido productivo. El proyecto, que acaba de entrar en trámite parlamentario, incluye por primera vez un sistema de quitas de deudas de hasta un total de 2.000 euros con Hacienda y la Seguridad Social, pero economistas y juristas consideran que esta cantidad es insuficiente, teniendo en cuenta que actualmente se están logrando condonaciones de hasta un millón de euros.
Desde el Consejo General de Economistas (CGE) han denunciado que el proyecto de reforma de la Ley Concursal desoye a los expertos, deja desprotegidos a los acreedores y está negando una auténtica segunda oportunidad a empresarios y particulares. Los economistas han criticado además que el texto no recoge prácticamente ninguna de las aportaciones realizadas por los expertos durante la fase de audiencia pública previa a la aprobación del texto por el Consejo de Ministros y, por ello, han solicitado reuniones con todos los grupos parlamentarios para intentar mejorar el sistema de reestructuraciones e insolvencias durante la tramitación parlamentaria del texto.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha abierto la puerta a prorrogar la moratoria concursal hasta la entrada en vigor de la reforma de esta normativa. Recientemente, Calviño ha asegurado que la ampliación de la prórroga aportaría seguridad jurídica durante el plazo transitorio hasta la entrada en vigor de la reforma concursal. Así lo manifestó en el Congreso, durante la defensa del decreto ley de prórroga de determinadas medidas extraordinarias de apoyo a las empresas para hacer frente a las consecuencias económicas, entre ellas esta moratoria.
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