Para elevar la partida a 1.200 millones

Las residencias privadas 'enmiendan' los PGE para exigir 600 millones más

El Partido Popular, Ciudadanos, ERC, EH Bildu, UPN y Coalición Canaria respaldan la revuelta de los centros sociosanitarios de mayores contra la partida que el Gobierno ha reservado al sector.

Un operario desinfecta una habitación en una residencia de mayores.
Un operario desinfecta una habitación en una residencia de mayores.
EP

Las residencias privadas reaccionaron 'ipso facto' a las cuentas del Gobierno. "La partida es insuficiente y llega tarde". El sector ha puesto cifra al déficit. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) estima que, como mínimo, los centros sociosanitarios necesitan otros 600 millones para cumplir con ese plan de choque que el vicepresidente segundo y titular de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, puso sobre su mesa. La crítica ha trascendido. Este martes, el Partido Popular, Ciudadanos y ERC, presentan en sede parlamentaria enmiendas parciales a los PGE, dirigidas  a elevar a la partida para alcanzar los 1.200 millones. Otras cuatro formaciones se han mostrado favorables a apoyar la cuestión en el momento de la votación.

Desde CEAPs, trasladan a La Información que, "tras conocer que el compromiso del Gobierno de destinar 1,2 millones de euros no entraba dentro de los PGE, la patronal ha mantenido reuniones para que las exigencias de los grupos se encaminaran en esta dirección. Según los recientes encuentros, ERC ya tenían lista una enmienda concreta en relación a esta partida. UPN y coalición Canaria, por su parte, "se han mostrado partidarios de apoyar, en el momento de la votación, la presentada por otros partidos políticos para garantizar la sostenibilidad del sector". Para los centros privados, esta sostenibilidad pasa por reducir en un 75% las listas de espera, uno de los compromisos electorales de Unidas Podemos.

Los objetivos de la cartera de Iglesias resultan, en opinión del sector, inasumibles con el monto presupuestado. "La realidad es que, si en un primer momento el Gobierno Central habló con el sector de llegar a los 1.200 millones de presupuesto de 2021, en el Proyecto de Ley de PGE se recogen sólo 573. De ellos, 290, millones están destinados al incremento del nivel mínimo de financiación y 283 millones para el nivel mínimo acordado con CCAA", explican desde CEAPs, la mayor asociación de atención a la Dependencia de España. Donde el Ministerio habla de plan de choque y un primer paso hacia un modelo nórdico, las residencias privadas ven un "brindis al sol".

"Es imposible resolver, con poco más de 600 millones, todo un déficit estructural de financiación del Estado que ronda los 1.400", trasladan desde CEAPs. La a 'Ley de Promoción de la Autonomía. Personal y Atención a las Personas en Situación de. Dependencia', fija que la Administración central y la regional deben financiar, cada una, la ayuda que le corresponda al usuario en un 50%, una proporción en la que el Estado, hasta el momento, apenas ha aportado un promedio del 18%. Los últimos PGE pretendían recuperar el nivel mínimo acordado, pero las citadas enmiendas demuestran que, grupos del más amplio espectro político, coinciden en que algo tiene que cambiar en el sistema de atención a los mayores.

Los PGE del Gobierno de coalición superaron con holgura el primer filtro parlamentario la semana pasada, cuando el Pleno del Congreso rechazó las siete enmiendas a la totalidad. Este martes vence el plazo de los distintos grupos para presentar enmiendas parciales al primer esbozo del Proyecto de Presupuestos. La modificación de la partida de la Dependencia ha atomizado el apoyo de siete formaciones, -tres de las cuales apoyaron la semana pasada al primer esbozo de las cuentas públicas-, que exigen al Ejecutivo que "rectifique" y aumente la inversión en Derechos Sociales.

El jueves 12, 198 diputados de PSOE, UP, ERC, Ciudadanos, el PNV, EH Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, el PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe tumbaron las peticiones de devolución contra las cuentas públicas, apoyadas por 150 votos del PP, Vox, Junts, la CUP, el BNG, Coalición Canaria, UPN y Foro Asturias. El Ejecutivo salvaba así el primer trámite de los Presupuestos Generales para el próximo año con un apoyo sin precedentes. El texto no es definitivo hasta el 30 de noviembre, cuando se debatirá el documento resultante de analizarse en ponencia (a puerta cerrada) y en la comisión correspondiente para debatir las enmiendas parciales como la presente presentadas por los grupos.

Mostrar comentarios