La ofensiva de la familia Luksic, propietaria del 3,5% de las acciones de Banco Popular en el momento de su resolución y posterior traspaso por un euro al Banco Santander, para documentar la masiva retirada de fondos depositados en la entidad por parte de administraciones y organismos vinculados al sector público justo antes de su intervención ha tropezado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución dictada el pasado 14 de marzo ha desestimado la reclamación de Aeris Invest - el brazo inversor a través del cual la familia chilena gestionaba su participación en la entidad- para exigir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el detalle de los movimientos efectuados en su cuenta en Banco Popular en las horas inmediatamente anteriores a la resolución de la entidad.
La sociedad de inversión de los Luksic dirigió el pasado 29 de septiembre un escrito a la CNMC en el que, invocando la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, solicitaba conocer, en primer lugar, si la CNMC retiró fondos de su cuenta del Banco Popular en los días inmediatamente anteriores a la resolución de la entidad, el día 7 de junio, y, en caso afirmativo, el detalle de estos movimientos: en qué fecha concreta se retiraron esos fondos, qué importe se retiró en cada movimiento y qué porcentaje de los fondos totales depositados por la CNMC en esa cuenta fueron retirados como consecuencia de estas maniobras.
Competencia rechazó la solicitud de los Luksic con el argumento de que se trataba de una reclamación abusiva, ya que no buscaba dar a conocer información relevante de la CNMC en tanto que Administración Pública sino únicamente sus movimientos bancarios, en una cuenta, además, que calificaba como de naturaleza instrumental y que en nada afecta a la normal operativa del organismo como vigilante del correcto funcionamiento los mercados.
Aeris Invest recurrió entonces al Consejo de Transparencia como directamente afectada por la resolución del Banco Popular y con el relato de que "las declaraciones públicas sobre un presunto riesgo inminente de quiebra de la entidad bancaria provocaron una fuga masiva de depósitos, llevando incluso a diversas Administraciones Públicas a retirar cientos de millones de euros, lo que desembocó en un problema de liquidez para la entidad", un relato que documentó con diversas informaciones periodísticas.
Y que aparentemente se corresponde, además, con la información que revelan las actas de esos días del Banco de España en las que se aprecia como organismos públicos como la CNMC, pero también la Tesorería General de la Seguridad Social, Sareb, Loterías del Estado y organismos territoriales como el Gobierno Canario, el Gobierno de la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Barcelona retiraron fondos por cientos de millones para evitar quedarse atrapados en la entidad, como ha reconocido el propio Ayuntamiento de Barcelona.
Los Luksic sí recibieron información de Sareb o Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona figura en el listado de organismos de naturaleza pública vinculados por la Ley de Transparencia a los que Aeris Invest solicitó esa información y le fue proporcionada, junto a otros como el Gobierno de Canarias, el de la Comunidad de Madrid, Renfe-Operadora, SAREB o la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, según se recoge en el expediente del Consejo de Transparencia.
Pese a estos precedentes, Transparencia ha decidido rechazar la solicitud de Aeris Invest "al entenderse que los movimientos de la cuenta corriente titularidad de la CNMC, afectan tanto a dinero público como privado, y, no siendo posible diferenciar si en el caso planteado los movimientos efectuados - si es que existen realmente- tienen como causa el expediente de liquidación del Popular debe mantenerse la confidencialidad de las cuentas corrientes y sus contenidos"
Los ex propietarios del 3,5% del Banco Popular desencadenaron esta ofensiva para documentar la salida masiva del Banco Popular de fondos de organismos públicos en paralelo a la reclamación al Santander de los 113 millones de euros invertidos en la entidad al entender que la operación de compra del banco supuso un enriquecimiento injusto, abuso de derecho y competencia desleal, consentida, conocida e instrumentalizada en beneficio de Banco Santander.
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