Respiro para pymes y autónomos: cobrarán en un máximo de 60 días

  • El Congreso ha aprobado hoy la Ley de Morosidad, en la que se reducen los plazos de pago a las empresas, sea cual sea su tamaño, a 60 días para las empresas privadas y a 30 en el caso de las administraciones públicas. La aplicación de estos plazos se hará de forma progresiva para que sean efectivos en 2013, pero suponen un alivio para muchos pymes y autónomos que se ven obligados a cerrar por los impagos.La negociación entre los grupos ha sido muy tensa y no ha habido acuerdo hasta última hora, ya que el Grupo Socialista se resistía a que se obligara a las grandes empresas a liquidar pagos en 60 días.
La mora del crédito al consumo cerró 2009 en el 6,9%
La mora del crédito al consumo cerró 2009 en el 6,9%
Beatriz Toribio / Enrique Utrera

A partir de la entrada en vigor de esta ley, todos los pagos que realice la Administración a empresas, pymes y autónomos deberán realizarse en un máximo de 30 días. Y en el caso de las empresas privadas, tendrán que hacerlo en un máximo de 60 días. Es la gran novedad de la Ley de Morosidad que ha sido aprobada hoy por unanimidad en la la Comisión de Industria y Turismo del Congreso.

Cuando entre en vigor, la aplicación de esta ley -que ahora pasa al Senado- será gradual de forma que estos plazos se harán de forma gradual: las empresas privadas reducirán el plazo de  pago hasta 85 días en 2011, 75 en 2012 y 60 en 2013. En el caso de las administraciones públicas sería de 55, 45 y 30 días.

Las negociaciones han sido tensas y hasta última hora no se ha podido lograr un acuerdo debido al punto de fricción que separaba al Grupo Socialista del resto de las formaciones políticas: la eliminación del término "acuerdo entre las partes", que es lo que permite actualmente largos plazos de cobro sin pagar intereses en compensación, con el consiguiente daño a las empresas.

Finalmente, la Ley de Morosidad no incluirá este término cuya retirada ha defendido con uñas y dientes CiU. El apoyo del resto de los grupos a los nacionalistas catalanes ha echado para atrás las pretensiones del PSOE, que quería dejar vía libre para los plazos de pago a las grandes empresas, estableciendo como límite los 100 millones de facturación. Es decir, los socialistas querían que todas aquellas compañías con ingresos superiores a esa cantidad, podrían seguir acordando entre ellas los plazos que consideren más adecuados.

"Por primera vez España va a dejar de estar a la cola de la morosidad de los países de la UE. Esta ley mejorará la liquidez de los autónomos, pymes, microempresas. Las hará más competitivas y les permitirá generar puestos de trabajo. Es un gran éxito para la economía productiva de este país", ha dicho Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU, al finalizar la Comisión.

El azote de los impagos

España es el segundo Estado de Europa que más sufre el impacto del retraso en los pagos tras Grecia. El resultado es desolador. Según los datos en poder de las organizaciones empresariales y del Gobierno, el aplazamiento de pagos es la causa de una cada cuatro quiebras que se están produciendo en España desde que la crisis tomó carta de naturaleza.

"La aprobación de esta ley es un gran paso adelante porque cuado entre en vigor mitigará la gran sangría que se está produciendo entre los autónomos y pymes", aseguraba Francisco Palacios, director de Relaciones Institucionales de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).


Más detalles de la ley

La norma, que podría sufrir modifaciones durante su trámite parlamentario en el Senado, mantiene que el plazo de pago para las empresas del sector agroalimentario de productos perecederos sea de 30 días, como hasta ahora.

Además, insta a la creación de un 'Observatorio estatal para la morosidad' que se encargará por velar por todas las cuestiones que afecten a las empresas relacionadas con este asunto.

CiU pide recursos para que la ley funcione

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha pedido al Gobierno que dote a los Ayuntamientos de recursos suficientes para que la ley pueda funcionar."Hoy los Ayuntamientos no están en disposición de cumplir los términos de esta ley, pero existen insttrumentos para ello", ha dicho Duran i Lleida en referencia a la reforma de las haciendas locales o hacer que fucione la líne ICO-Ayuntamientos.

Como ejemplo del escenario en el que se desenvuelven las empresas, José Miguel Gil, presidente de la Federación de Derivados del Cemento (Fedcam), aseguraba la semana pasada en una entrevista concedida a lainformacion.com que "o se hace algo inmediatamente o viene una catástrofe. El 80% del sector se enfrenta a cierres y ajustes", explica Gil. "Estamos cobrando en plazos que ya alcanzan los 270 días. Es una situación insostenible", añade.

Según datos de un informe elaborado el año pasado por Crédito y Caución, las empresas españolas pagan en un plazo medio de 124 días, más del doble del plazo legal. Esta cifra, recopilada con datos de más de 20.000 empresas entre 2005 y 2007, no recoge por lo tanto el impacto de la crisis. En muchos sectores, los retrasos en los pagos se disparan hoy hasta los 300 días.

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