La fase de consulta pública abierta por el Gobierno durante el mes de agosto para tomar la temperatura de los actores implicados en relación a su anteproyecto de ley de reforma de la ley concursal, la iniciativa que aspira a mejorar las expectativas de supervivencia de las empresas que encaran una quiebra, ha aflorado una montaña de objeciones por parte de las principales asociaciones representativas de la profesión concursal, que reprochan a los ministerios de Economía y Justicia - responsables de la iniciativa - el haber ignorado las indicaciones de la Directiva Europea en lo que se refiere a la profesionalización de los procesos concursales y también a la posibilidad de exonerar a los concursados de sus deudas con la Administración en determinadas circunstancias.
Los reproches se concentran principalmente en los privilegios que la Agencia Tributaria y la Seguridad Social tienen a la hora de cobrar sus deudas con empresas en problemas por delante del resto de los acreedores, ya que el anteproyecto presentado por el Gobierno no sólo no los suaviza - como se pedía de forma insistente no sólo por parte de los profesionales, sino también desde instituciones como el Banco de España, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional - sino que los blinda aún más.
El Registro de Economistas Forenses (Refor), que representa a los economistas expertos en valoraciones concursales y ha presentado un documento de 34 páginas con alegaciones al anteproyecto gubernamental, cuestiona que se mantenga el blindaje de los créditos públicos en uno de los mecanismos más novedosos de la norma: el procedimiento especial que pretende garantizar una segunda oportunidad a los proyectos fallidos de micropymes y que sobre el papel permitirá a los autónomos liberarse de sus deudas sin necesidad de liquidar por completo los activos asociados a su actividad y sin poner en peligro su patrimonio personal (vivienda, etc...).
Los economistas recuerdan que los créditos públicos suponen más del 20% del pasivo en los concursos de acreedores y que este porcentaje es muy superior en el caso de las micropymes. Sobre este premisa entienden que su blindaje supondrá "un bloqueo prácticamente insalvable" para los empresarios que pretendan continuar con su actividad. Una valoración similar se hace desde la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) que ha trasladado al Gobierno que la exclusión de los créditos públicos de las quitas prometidas en el procedimiento especial para micropymes "provocará que muchos deudores, en vez de solicitarlo en un momento temprano, agraven su estado de insolvencia y generen un deterioro que puede poner en cuestión la viabilidad de la empresa".
Tanto el Refor como Aspac critican también que el Gobierno pretenda cerrar el acceso a ese procedimiento especial a todos aquellos que mantengan cuentas pendientes con la Administración, endureciendo aún más el blindaje de las deudas con la Administración ya que convierte créditos como los asociados a multas o sanciones administrativas que hasta ahora han tenido la catalogación de subordinados en prioritarios, al convertirse su liquidación en requisito esencial para poder acceder a ese esquema.
Un texto que desafía a la directiva europea
El Refor entiende que esa regulación es, además, contraria al espíritu de la normativa europea. "Una transposición adecuada de la Directiva requeriría una merma, y no un incremento, de los privilegios del crédito público, por lo que se considera que el Anteproyecto de Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal no responde a las exigencias de la Directiva", sostiene el documento en el que se vuelcan las alegaciones del Refor. "Los créditos públicos ya estaban sobreprotegidos en la normativa española", señala el presidente del Refor, Juan Carlos Robles, "y lo que hace este anteproyecto es darles mayor protección, porque las sanciones de Hacienda que antes eran créditos subordinados ahora se tienen que pagar al principio si se quiere acceder al régimen especial".
La Asociación Profesional de Administradores Concursales va más allá y detecta hasta dos elementos clave del anteproyecto presentado por el Gobierno que regatean el criterio de Bruselas y se apartan de los principios sentados por la Comisión Europea en su Directiva de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, que se formuló para amoldar un criterio común en todos estos procesos en la Unión Europea.
El primero de ellos hace referencia a los mecanismos de segunda oportunidad, ya que la asociación entiende que la Directiva extiende esa exoneración a todos los créditos, incluidos los públicos, y el Gobierno ha decidido excluir las deudas con Hacienda y Seguridad Social de las que el deudor se puede quitar de encima para poder dar viabilidad a su proyecto. El segundo a la figura del 'administrador de reestructuraciones' que plantea la Directiva para garantizar la profesionalización de la gestión de los procesos concursales, que en la norma europea se equipara a los administradores concursales y en el anteproyecto gubernamental no.
Aspac detecta en el proyecto gubernamental "un tufillo de desconfianza hacia el administrador concursal" que se ha traducido en el anteproyecto en lo que los administradores ven como una eliminación 'de facto' de su figura de los procedimientos concursales, que el Gobierno pretende que se resuelvan por la vía rápida entre el empresario y los acreedores con algún asesoramiento externo que no tiene por qué ser necesariamente de un administrador concursal. La asociación entiende que ese esquema se traducirá más pronto que tarde en un colapso de los juzgados mercantiles y en una imposibilidad real de reflotar empresas viables.
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