Desde el pasado 9 de marzo ningún poder público puede adjudicar contratos menores - es decir, sin publicidad ni libre concurrencia - a un mismo proveedor por un valor superior a 15.000 euros al año, en el caso de suministros y otros servicios, o a 40.000 euros anuales, en el caso de contratos de obras. Así lo establece la nueva Ley de Contratos del Sector Público después de que los partidos políticos decidieran incorporar en el trámite parlamentario esta cautela, además de otras como la reducción de las cuantías máximas de estos contratos desde los 18.000 y los 50.000 euros iniciales, como antídoto a la aparición de eventuales situaciones irregulares o de corrupción relacionadas con la contratación pública.
Aparentemente inocua, la medida ha metido en un auténtico brete a miles de ayuntamientos de pequeño y mediano dónde la mayoría de los contratos de obras y suministros se resuelven por cuestiones operativas por medio de contratos de esta naturaleza y dónde el número de proveedores a los que recurrir es, ciertamente, más limitado.
La inclusión de esta restricción legal en el texto definitivo de la Ley de Contratos del Sector Público ha desencadenado una oleada de consultas por parte de las administraciones locales a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y también a las juntas autonómicas al objeto de ponderar la implicación real de una limitación que, según se advierte desde el ámbito municipal, es una amenaza al normal funcionamiento de la gran mayoría de ayuntamientos del país.
El clima de descontento ha llegado al punto que, según ha podido saber La Información de fuentes del municipalismo, un grupo de alcaldes de municipios de tamaño mediano se ha erigido en 'lobby' para exigir al Ministerio de Hacienda si no la modificación la modulación por otro cauce de este principio legal para evitar "el colapso de miles de ayuntamientos".
Argumentan que en numerosos municipios hay determinadas obras, suministros y servicios más o menos especializados - en función del tamaño del municipio - para cuya cobertura solo existe un proveedor especializado y para los que la aplicación de esta disposición podría convertirse en un auténtico problema. No hay que olvidar que de los 8.125 municipios que existen en España, alrededor de 7.500 tienen menos de 10.000 habitantes.
La solución: una aplicación flexible de la ley
El 'lobby' de alcaldes se ha encontrado con la comprensión del titular del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro, que dice ser consciente de los problemas que la disposición puede generar, pero que ha rechazado de plano la posibilidad de modificar la Ley de Contratos del Sector Público cuando apenas han transcurrido dos meses de su entrada en vigor.
Fuentes próximas a Hacienda admiten que el Gobierno no se siente especialmente confortable con esa restricción legal definida en la ley, que fue fruto de un acuerdo parlamentario ineludible para sacar adelante el proyecto legislativo, y que la norma ofrece, no obstante, un cierto margen de actuación para que su aplicación no se convierta en un problema para los ayuntamientos.
Según las fuentes consultadas, el compromiso de Hacienda con los ayuntamientos pasa por una aplicación flexible de dicha disposición legal. Un camino que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ya ha comenzado a recorrer tras interpretar que, en contra de lo que se desprende del literal de la ley, “ésta no contempla una limitación a la celebración de contratos menores con un mismo operador económico cuando las prestaciones objeto de los mismos sean cualitativamente diferentes y no formen una unidad. Por ello, fuera de los casos de alteración fraudulenta del objeto del contrato, sí es posible celebrar otros contratos menores con el mismo contratista”.
Una singular interpretación de la restricción incluida en la nueva Ley de Contratos que conocidos municipalistas como Víctor Almonacid han criticado en su blog oficial con duras palabras: "Esto es tanto como decir que nada ha cambiado con la nueva Ley de Contratos, y que poco o nada inspiran la interpretación de la Ley, fuentes como la Directiva Europea o la recomendación del Consejo Europeo".
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