La foto oficial de la presentación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la apuesta estrella del Gobierno por la transición ecológica de la economía española, mostraba al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, rodeado de la ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera; de Industria, Reyes Maroto; de Hacienda, María Jesús Montero; y de Trabajo, Magdalena Valerio. Sin embargo, entre el público observaban atentamente los presidentes de las dos mayores empresas eléctricas del país a los que el plan les concierne de forma singular, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el de Endesa, José Bogas.
No en vano el Plan de Energía y Clima estima que para desplegar las infraestructuras necesarias para dar servicio al parque de cinco millones de vehículos eléctricos que se prevé para 2030 las eléctricas deberán invertir 7.639 millones de euros en este periodo en la instalación de puntos de recarga y electrolineras a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Ésa sería la inversión privada necesaria sobre el bien entendido de que el coste de instalación de un punto de recarga en un garaje comunitario es de 1.200 euros, en el caso de los automóviles, y de 600 euros, en el caso de las motocicletas; de que los postes de recarga en vía pública cuestan 6.000 euros, y que los puntos de electrolineras oscilan entre 200.000 y 500.000 euros según sirvan para recargar solo coches o también autobuses, informa Europa Press. Lógicamente, las empresas ya han pedido ayudas públicas para abordar semejante reto.
La presentación - que muchos han observado de forma crítica como un acto de marketing político propio del tiempo preelectoral en el que nos encontramos - se centró en subrayar las grandes cifras, los 300.000 puestos de trabajo que supuestamente tendría potencial de crear, los 200.000 millones de euros de inversión que presuntamente movilizaría y la aportación que haría al PIB español en caso de desarrollarse según los parámetros planteados por el Gobierno.
El Gobierno también se esforzó en desgranar sus ambiciosos objetivos, entre ellos conseguir que el parque móvil de vehículos eléctricos se dispare hasta los cinco millones de automóviles de aquí a 2030. La letra pequeña del plan detalla lo que tiene que suceder para que eso ocurra. Porque en lo que los economistas definen como un 'escenario tendencial', es decir, lo que ocurriría si el patrón de comportamiento de fabricantes de vehículos y compradores fuera similar al actual, el parque de coches eléctricos apenas alcanzaría los 600.000 a la altura de 2030.
¿Qué hace pensar al Gobierno que se puede alcanzar el objetivo de tener circulando cinco millones de coches eléctricos en el plazo de solo una década? Difícil de saber. El plan admite que para conseguir ese objetivo la sociedad española deberá asumir un sobrecoste de 2.543 millones de euros, por la diferencia del 37% entre el coste de un vehículo convencional y un vehículo eléctrico. A día de hoy, solo existe un plan gubernamental para enjugar en parte esa factura, se llama Plan Movea, está dotado con poco más de 16 millones de euros y pese a aprobarse en 2018 ni siquiera se aplicó ese año y está pendiente de la autorización gubernamental para activarse este año 2019.
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