"Este Gobierno no va a dar un paso atrás". Con estas palabras, el presidente Pedro Sánchez dejó claro en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado martes en el Senado que no va a modificar el calendario previsto para el apagón nuclear. Y aunque a mediados de verano la ministra Teresa Ribera parecía estarse replanteando el cierre de las centrales térmicas ante la amenaza de un duro invierno por el corte del grifo del gas ruso -valorando incluso la posibilidad de devolver a la vida a la central de As Pontes- Transición Ecológica mantiene intacta su agenda. Hasta tal punto que el Ministerio ha lanzado un ambicioso plan para recolocar a los trabajadores que se queden sin empleo por los cierres en las zonas afectadas.
La oposición -el Partido Popular y también Vox y Ciudadanos- defiende que el Gobierno debe revisar el calendario previsto para el desmantelamiento de todas las centrales nucleares españolas, que arrancaría en 2027 y concluiría con el apagón total en el año 2035. Y ello a pesar de que el sector privado no ha dado muestras de interés en abrir nuevas nucleares ante el alto coste de la inversión que exigen estas plantas. Pero, con la crisis energética mundial como telón de fondo, los partidos del ala derecha del arco parlamentario respaldan ampliar la vida de los reactores como una forma de impulsar la soberanía energética futura de nuestro país en base al argumento de que otros estados europeos se están replanteando el cierre de sus nucleares para responder al pulso que está echando Vladimir Putin a raíz de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania y ante el riesgo cierto de un corte definitivo del suministro de gas por parte de Rusia.
El pasado mes de julio Ribera anunció que podría paralizar el cierre de la central térmica de As Pontes (Lugo) -que dejó de quemar carbón el 22 de junio- en caso de que fuera necesario tenerla lista para garantizar el suministro eléctrico. Pero dejó la decisión en manos del operador del sistema eléctrico, Redeia (antigua REE), para evaluar si su clausura es viable o no en el contexto actual, matizando que si el operador considera que es conveniente mantener abierta la planta, entonces su Ministerio tendrá que ver "en qué condiciones y cómo se sufraga esa disponibilidad" operativa de una central que "estaba ya en pleno de cierre y de recolocación de los trabajadores".
Y es que el Instituto para la Transición Justa lleva más de un año trabajando en medidas orientadas al fomento de la participación en acciones de formación para mejorar la empleabilidad de los trabajadores excedentes de la minería del carbón. Pero ahora el departamento que dirige Teresa Ribera ha lanzado un plan específico conjunto para "impulsar la transición profesional en las zonas afectadas por la transición energética, mediante la recualificación e inserción profesional de los trabajadores directa o indirectamente afectados por los cierres de centrales térmicas de carbón y nucleares y población desempleada hacia nuevas áreas de actividad profesional en el campo de actividades verdes".
Así está recogido en los pliegos del contrato del servicio dirigido a la recualificación profesional para la inserción laboral de desempleados de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una licitación a través de la cual el Ministerio para la Transición Ecológica contratará a varias empresas externas para hacerse cargo de cinco lotes. Cuatro de ellos consisten en la realización de programas formativos específicos para la obtención de Certificados de Profesionalidad dirigidos a los desempleados directa e indirectamente afectados por el cierre de las centrales térmicas de carbón y nucleares; y el quinto que tiene por objeto la realización de un programa formativo de orientación laboral y formación con compromiso de empleo en materias relacionadas con alguno de los Certificados de Profesionalidad, relacionadas con las ocupaciones verdes y la transición ecológica, para aquellos afectados que cumplan determinados requisitos.
Energía solar, energía eólica, infraestructuras verdes, rehabilitación energética y formación con compromiso de empleo. Son los cinco lotes a los que optan los licitadores de un contrato valorado en casi 9 millones de euros (8,6 millones, sin impuestos), que tiene un plazo de ejecución de 24 meses que finalizará el 31 de octubre de 2024. El Ministerio ve esta licitación como un "nicho de oportunidad, ya que se prevé que una parte significativa del empleo que existirá en la UE en el periodo 2030-2050 será fruto de las políticas de transformación ecológica y descarbonización promovidas en décadas previas". Y la enmarca en el plan comprometido con Bruselas a cambio de los fondos del Next Generation UE, que además de la recuperación pospandemia "persigue un cambio en el modelo productivo e impulsar transformaciones que permitan avanzar hacia un nuevo modelo económico y social para Europa y poder hacer frente, desde nuestras perspectivas, a los nuevos desafíos del futuro", según consta en la documentación del contrato.
El plan del Ministerio contempla varias zonas de "transición justa" de hasta seis comunidades autónomas: Carboneras, Puentenuevo-Valle del Guadiato y Los Barrios, en Andalucía; Valle del Nalón y Valle del Caudal, en Asturias; Meirama y Aspontes, en Galicia; Andorra, en la zona de Aragón; Bierzo Laziana, Guardo-Velilla, La Robla, en la montaña central leonesa y Garoña, en Castilla y León; y Zorita, en Castilla-La Mancha. Se dirige a más de 800 participantes en total (840 están previstos entre los cinco lotes) y prioriza a diferentes colectivos, como los jóvenes menores de 30 años, las mujeres, las personas con discapacidad, los desempleados de larga duración o las personas mayores de 52 años que cumplan determinados requisitos como estar inscritos en la bolsa de trabajo para trabajadores excedentes de las centrales térmicas de carbón, gestionada por el Instituto para la Transición Justa o apuntados como demandantes de empleo en cualquiera de las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo autonómicas.
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