Allá por 2010, tres palabras amenazaban al sector eléctrico español: ‘déficit de tarifa’. Además de intimidar a más de un fondo de inversión y ser una pesadilla para buena parte de los consejos de administración de las principales empresas energéticas del país, suponían una línea roja en las conversaciones entre los ministerios implicados en su resolución (Industria y Hacienda) y los consejeros delegados de las tres grandes empresas eléctricas del país y, la por aquel entonces todopoderosa, UNESA.
La falta de valentía política para resolver un problema, que llegó a superar los 30.000 millones de euros, fue la causa que generó un agujero negro en las cuentas del sector eléctrico. Desde 2000, los sucesivos gobiernos de uno y otro lado del arco parlamentario trasladaron un problema que, en el fondo, llega hasta nuestros días: no pagar por la energía lo que realmente cuesta. En realidad, es una tarea ingrata, ya que implica estar sujeto a los mercados y eso, en un escenario de altos precios como el actual, duele, y mucho, al decisor político y sus expectativas electorales.
Hubo que esperar a 2013 para que la Ley 24/2013 pusiera orden y consiguiera taponar la herida abierta y dejar de generar pérdidas en el sistema. Desde entonces, se impuso la barrera del 2% de los ingresos generados como tope para el déficit. Con respecto a la deuda, la cantidad acumulada año tras año, la ley “topa” en el 5% de los ingresos el total que puede alcanzar para cada ejercicio en curso. El efecto se notó desde el primer año de aplicación del nuevo sistema.
Desde 2013 se lleva generando superávit en el sistema, si bien, va reduciéndose paulatinamente como un globo que se va deshinchando poco a poco, acercándose a la sombra de la reaparición del déficit. Unos nubarrones realmente grises aparecieron en 2019 y 2020, momento en el que se destinó el superávit parcial del sistema eléctrico a cubrir los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costes de estos años. La “percha legal” se activó gracias a la Orden TED/952/2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en cumplimiento de la previsión de revisión de los peajes o cargos en caso de descompensación de la balanza de ingresos y gastos del sistema contemplados en la Ley 24/2013.
Es un equilibrio delicado que ha funcionado a la perfección hasta que los precios de la energía comenzaron a escalar su particular Everest en marzo. El término de energía del precio de la electricidad, que es responsable desde el 1 de junio del 24,1% de la factura sin discriminación horaria y del 27,7% en caso de establecimiento horario, ha provocado un aumento superior al 40% en el recibo que pagamos por consumir luz. Ante la imposibilidad de interferir en los mercados, que son los que determinan cuanto cuesta generar la energía, los gobiernos europeos han “atacado” esta subida con medidas que dependen exclusivamente de ellos mismos: la carga fiscal y la reducción de la retribución que reciben las empresas por producir electricidad, en especial defendida por el ejecutivo español.
Gracias a parte de estas acciones (reducción del IVA, supresión del impuesto especial a la electricidad, suspensión del impuesto del 7% a la generación de electricidad), el consumidor podrá mitigar el mazazo que le habría supuesto la escalada brutal del coste de las materias primas en su recibo. Medidas que palían la situación de los bolsillos particulares, pero en ningún modo el agujero que se puede crear en la balanza entre ingresos y gastos del sistema. De hecho, hay otras medidas que pueden poner en peligro el equilibrio alcanzado en 2013 entre costes e ingresos del sistema y que han sido señalados por Ramón Roca en 'El Periódico de la Energía'. La supresión de la retribución de 2.600 millones a las eléctricas por el precio del gas, matizada, modificada y finalmente casi retirada por el ministerio, ha dejado un hueco del 96% en los cargos que cubre el sistema eléctrico.
El Gobierno mantiene su aspiración de mantener controlada la brutal subida de la energía, pero, al verse privado de este ‘hachazo’ a las eléctricas, tiene que buscar otros medios para cumplir su promesa de hacer posible que el consumidor doméstico pague por su factura “una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018”. Como es normal en toda actividad política, cuando es el propio presidente del Gobierno el que empeña su palabra en un propósito, los ministerios se vuelcan en hacer posible este compromiso asumido públicamente.
Las nuevas imposiciones a las comercializadoras, el “tope” a los precios del gas, la minoración en la retribución de las subastas de las energías renovables, cogeneración y residuos (RECORE) o la reforma de la tarifa regulada, son muestras de la urgencia por compensar “como sea” los ingresos con los costes del sistema eléctrico. El problema radica en que la configuración del mix eléctrico español es una suma de intereses contrapuestos en los que si quitas a unos tendrás que darle algo a otros, y en el que las empresas se dividen en función de su adscripción a una u otra tecnología. Así, los grandes consumidores energéticos buscan una energía más barata, algo normal, pero lo hacen en función del origen de la generación eléctrica que les resulta más conveniente para su negociado, olvidando que, en el campo de la energía, a menudo, las partes son más importantes que el todo.
Para terminar de enredar las cosas, las decenas de asociaciones empresariales, también divididas, reclaman el mantenimiento del sistema en aquello que les beneficia, pero se lanzan en tromba a animar recortes y hachazos para el resto de tecnologías. Ante esta situación, el Ministerio ve como 2021 se va con ritmo lento pero ininterrumpido, con un compromiso político que cumplir y sin medidas efectivas que aprobar para rebajar la factura final que pagará el consumidor el finalizar el año. En medio de estas incertidumbres surge la sombra de un nuevo déficit de tarifa: tres palabras que parecían ya olvidadas y que, sin embargo, pueden echar por tierra casi una década de “paz contable” en el terreno en el que la política y la economía más se estrechan.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios