El 29 de marzo de este año, el Consejo de Ministros dio luz verde al primer paquete contra los efectos de la guerra. Un plan que -ante el escenario de incertidumbre energética que atisbaba el Gobierno por la guerra en Ucrania- concretó un compromiso de ahorro: se limitarán los horarios de encendido y apagado y se controlará la temperatura de todos los edificios e instalaciones de la Administración General del Estado (AGE).
Una medida que, dos meses después, se materializó en el Consejo de Ministros del 24 de mayo. Un tiempo más que suficiente para que la Administración asimilara su nueva realidad económica. Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado menos condescendiente a la hora de anunciar la aplicación de esta misma directriz al sector privado: tan solo una semana para llevar a cabo el ajuste... y bajo amenaza de sanción.
No obstante, algunos organismos de la Administración consultados por La Información afirman que no activaron esta medida -que se publicó en el BOE el 25 de mayo- hasta el día después del anuncio de la ministra Ribera: el 2 de agosto. Por lo que muchos edificios públicos tuvieron incluso más de 60 días (en concreto, 120 días) para la puesta a punto de su temperatura e iluminación.
Una actuación que invita a percibir la medida como discriminatoria hacia el comercio y la hostelería frente al sector público. De hecho, durante estos días ha sido frecuente escuchar las quejas de comerciantes y hosteleros acerca de la medida que impuso la ministra la semana pasada porque, entienden, que afecta de forma directa o indirecta a su negocio. Unas críticas que han despertado un choque entre el Gobierno y algunas Comunidades, como Cataluña o aquellas gobernadas por el PP.
Un recelo suscitado que el Ejecutivo parece no comprender ya que desde la AGE, meses atrás, ya presumían de la medida que se habían aplicado. "Con este plan asumimos un papel de liderazgo y ejemplaridad y afrontamos el reto de impulsar actuaciones que propicien el ahorro y la eficiencia en este ámbito en el sector público estatal en las actuales circunstancias".
Para más inri, el decreto que ahora obliga al sector privado a llevar a cabo este ajuste era, en principio, una mera recomendación, como así se confirmó tras el Consejo de Ministros de finales de mayo. "Otro de los objetivos es servir como modelo a otras administraciones públicas y entidades privadas que se sumen a esta iniciativa, todo ello con la idea de obtener, en el corto plazo, un ahorro en la factura eléctrica, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país".
Este primer decreto anunciado antes de verano apunta a ser solo el principio de una oleada de medidas que se conocerán en septiembre. Un escenario que ha empujado a algunos sectores -como la industria electrointensiva- a movilizarse para evitar ser las siguientes 'víctimas' del plan de contingencia. De esta forma, el Gobierno ha constatado con este primer anuncio el sentir del tejido productivo y empresarial español.
La decisión del Gobierno de llevar a cabo ese ahorro energético en la AGE ocurrió antes de que Bruselas hiciese público la necesidad de que todos los países miembros ahorrasen un 15% de gas. Una petición que Ribera rebajó al 7% en el caso de España por su poca dependencia al hidrocarburo procedente de Rusia. Sin embargo, y pese a esta 'victoria' lograda por la ministra, los efectos de este ahorro forzoso ya lo empiezan a notar los principales actores de la economía.
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