El Gobierno propuso en octubre del año pasado que las grandes empresas elaboraran y publicaran sus propios planes de contribución al ahorro energético en base a los resultados de las auditorías energéticas que ya debían realizar desde 2016. Sin embargo, tres meses después, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha lamentado que su departamento no ha recibido ni un solo un documento.
Estos planes se cargarían en una plataforma electrónica habilitada por Transición Ecológica y serían públicamente accesibles. Las empresas podían también informar cada seis meses de cualquier avance la implementación de los respectivos planes.
"No ha habido novedades con respecto a los elementos de cumplimiento del Plan Más Seguridad Energética (+SE) en ese compromiso de todas las comunidades autónomas de adoptar sus propios planes de ahorro energético. Tampoco lo ha habido, y esto lo lamento un poco más, respecto a la invitación de que las grandes empresas den a conocer cuales son sus propuestas de ahorro y eficiencia en su consumo energético. No hay una llegada de este tipo de planes de las empresas y, por tanto, no se lo podemos mostrar en la web del Ministerio", ha subrayado Ribera en la rueda de prensa sobre el balance del tercer mes de vigencia del Plan +SE.
El Plan +SE incluye 73 medidas de seguridad energética agrupadas en torno a seis grandes objetivos: ahorro y eficiencia; transformación del sistema energético; ampliación de la protección a los ciudadanos, especialmente los vulnerables; medidas fiscales; transformación de la industria gracias a las energías renovables o el hidrógeno, y solidaridad con el resto de los países europeos. Según el Gobierno, un total de 44 ya se han implantado o se implementarán en breve, y varias más, de medio y largo plazo, han iniciado ya su desarrollo.
Renovables en juego
Por otro lado, Ribera ha afirmado que su departamento llegará a tiempo para tramitar todas las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) para que los promotores de proyectos renovables demuestren que tienen los permisos favorables antes del 25 de enero y les sea así concedido el acceso al nudo de conexión que se adjudicó en la subasta celebrada en 2020 y no se pierdan así miles de megavatios 'verdes'. Transición Ecológica gestiona el trámite para proyectos de más de 50 megavatios (MW), mientras que las comunidades autónomas se encargan cuando la capacidad es inferior.
"Los equipos están trabajando a un ritmo muy intenso desde hace meses, no es nada reciente. Esto permite que se empiecen a culminar resoluciones definitivas en un volumen muy significativo. La expectativa es que las Declaraciones de Impacto Medioambiental que correspondan al Gobierno de la Nación, cuyo hito cumple el 25 de enero, estén resueltas al 100%", ha afirmado.
Por su parte, Ribera ha dicho también que la "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas están en condiciones de cumplir con lo propio. "Nos preocupa que alguna, pocas pero alguna, está con la inquietud de si será capaz o no antes de la fecha", ha señalado. En total, a principios de enero, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) calculaba que podían perder los derechos entre 70 y 80 gigavatios (GW) renovables.
Dos millones de clientes en la TUR
Ribera ha actualizado datos sobre los clientes acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, regulada por el Gobierno, y ha afirmado que ya hay dos millones de clientes tras que se hayan registrado de más de 100.000 contratos nuevos en diciembre. Además, en torno a 2.000 comunidades de propietarios con caldera de gas centralizada -de 1,7 millones en total- han pasado a beneficiarse de la TUR vecinal, según Ribera, que ha valorado la mejora experimentada por los servicios de atención al cliente de las comercializadoras.
La fuga masiva de clientes a la TUR se ha producido tras la fuerte subida de precios en el mercado libre y después de que el Gobierno haya prorrogado el límite del 15% de incremento de precio del gas en cada revisión trimestre hasta el 1 de octubre de este año.
La TUR solo la ofrecen cuatro comercializadoras: Comercializadora Regulada, Gas&Power, del Grupo Naturgy; Energía XXI Comercializadora de Referencia, del Grupo Endesa; Curenergía, del Grupo Iberdrola, y Baser, de TotalEnergies. Para el primer trimestre de 2023, Ribera espera que la TUR sea un 41% más barata en el caso de tener contratados menos de 5.000 KWh (TUR 1) y que cueste un 37% menos en el caso de tener contratados entre 5.000 y 15.000 KWh (TUR 2).
Por el lado del bono social, ha apuntado que durante 2022 se beneficiaron 1,5 millones de personas, de las cuales 627.000 eran vulnerables, 700.000 vulnerables severas y 9.600 en riesgo de exclusión social.
Consumo energético
En cuanto a la evolución del consumo energético, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2022, la demanda de gas se redujo un 21%, sin considerar las exportaciones, que se incrementaron hasta el 23% al tener en cuenta el saldo importador de los cinco años precedentes. La demanda de electricidad bajó un 7,5%.
Según el Gobierno, España está actuando "solidariamente" con el resto de la Unión Europea (UE), facilitando que se cubra la demanda de energía de Francia y de Portugal, principalmente. Desde el 1 de agosto, las exportaciones eléctricas al país galo, que tiene una parte muy relevante de su parque nuclear inoperativo, sumaron 6,7 teravatios hora (TWh), frente a unas importaciones medias de 2,1 TWh en el mismo período de los últimos cinco años. De su lado, en el caso de Portugal, cuya generación hidroeléctrica está muy mermada por la sequía, las exportaciones se multiplicaron por seis, alcanzando los 2,5 TWh.
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