Ribera investiga a Iberdrola y Naturgy por sus centrales del Duero, Tajo y Miño

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto expedientes para investigar la gestión del agua que hacen las compañías eléctricas en los saltos que explotan en las cuencas de los ríos Duero, Tajo y Miño-Sil, una operación que implica sobre todo a Iberdrola, por sus activos en los dos primeros, y a Naturgy, que explota la zona de los dos ríos gallegos más caudalosos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha anunciado la apertura de las investigaciones al finalizar la reunión que ha mantenido este jueves con los alcaldes de los principales municipios adyacentes a las centrales hidráulicas en las que, supuestamente, se está procediendo a un vaciado masivo de agua para obtener energía barata que vender en el mercado eléctrico. 

La investigación sobre Iberdrola ya fue revelada la semana pasada por la ministra Teresa Ribera, a la vista de las denuncias recibidas sobre el pantano de Ricobayo, en Zamora, y el de Valdecañas, en Cáceres, por la drástica reducción de agua que estaban sufriendo. A partir de ese proceso, el secretario de Estado del área abrió una serie de contactos con los ediles de las cuencas sobre las que más sospechas pesaban de un uso del agua contrario a las nuevas normas a que obliga el cambio climático, por más que estuvieran dentro de la más estricta legalidad en cuanto a la explotación que de ello hacen las eléctricas cada año. Hugo Morán ha explicado que serán ahora los responsables de las confederaciones hidrográficas de cada río quienes realicen las pesquisas necesarias para saber si ha habido una "mala praxis" en el vaciado de los pantanos. 

Este proceso surge en plena escalada de los precios de la electricidad, que marcarán mañana un nuevo máximo de 117 euros el megavatio hora, cuando la energía que se produce en las centrales hidroeléctricas es una de las más baratas del mercado. En cualquier caso, desde las compañías se ha defendido en todo momento que la producción de electricidad y el uso del agua en cada zona se hace de acuerdo con los contratos establecidos para ello desde hace años. La cuestión indirecta que preocupa en el Ministerio es que esta energía, producida a muy bajo precio (los activos están amortizados hace años) se vende según el sistema marginal de formación de precios al mayor de los que se producen cada día, de forma que el margen de beneficio es muy alto para  las compañías. Aunque no se acusa a las empresas directamente de 'abusar' de este fenómeno especulativo del mercado, producido por la carestía del gas y los derechos del CO2 en las centrales de ciclo combinado, el Ministerio recuerda que es recomendable revisar la gestión del agua para evitar que se pasen los mínimos recomendables en las reservas de los pantanos. 

Revisión de las concesiones

Morán ha detallado que en esas tres demarcaciones hidrográficas hay embalses en los que se han producido unos niveles de explotación "por encima de lo que sería recomendable en estas fechas". En el caso de Ricobayo, donde el nivel ha pasado del 95% al 11 % de su capacidad en cuatro meses y los desembalses han sido especialmente acusados en junio y julio, coincidiendo con los precios máximos de la electricidad, Morán ha indicado no sólo se debe valorar si se han sobrepasado o no los límites de la concesión.

Más allá de ello, en concesiones con décadas de antigüedad, como es el caso de ese embalse que data de los años treinta del siglo pasado, hay que ver "si se ha superado lo que el sentido común recomienda a la hora de hacer frente a la gestión de un recurso público tan sensible como es el agua". La ministra Teresa Ribera ya advirtió la semana pasada que las condiciones y los términos en los que se hicieron los contratos que rigen la gestión del agua hace décadas no son las mismas que ahora, sobre todo en lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático y la preservación del medio ambiente. 

El secretario de Estado de Medio Ambiente ha avanzado que también hay casos en los que se ha abierto expediente, no por explotación hidroeléctrica, sino por otros usos, y ha recordado que todos los años suelen producirse en estas fechas "situaciones de respuestas inadecuadas frente a la presión que supone la escasez". Fuentes cercanas al Ministerio aseguran que la clave ahora está en la necesidad de adaptar la situación a los nuevos parámetros climáticos, por lo que no descartan que se produzca algún tipo de corrección o cambio de condiciones en las concesiones. 

La previsión es que a lo largo de la próxima década se cumplan los plazos de las concesiones de explotación de las centrales hidroeléctricas de Naturgy e Iberdrola, de forma que los activos reviertan al dominio público y pasen a ser gestionados por el Estado. Es ahí, muy a largo plazo, donde desde el Ministerio se contempla la opción de crear una sociedad pública, meramente para tener esos activos, o también se puede optar porque sean las confederaciones hidrográficas quienes se encarguen de su gestión.