El Gobierno estudia con detalle el tributo aprobado en Italia que grava los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas. El objetivo es buscar una fórmula similar para España que permita al Estado ingresar un porcentaje del rédito que las compañías obtienen por los altos precios de la energía para destinarlo a costear medidas de apoyo a los ciudadanos. El impuesto, anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entrará en vigor el próximo año. Entonces, coincidirá con el nuevo canon hidráulico que el Ministerio de Transición Ecológica incluyó en la Ley de Residuos, aprobada por el Congreso de los Diputados a finales de marzo de este año. Ambas tasas deberán ser asumidas por las empresas energéticas.
Con la Ley de Residuos, el Ejecutivo recupera una tasa que tumbó el Tribunal Supremo el pasado año y que dejó anulada la normativa. Tal como publicó este periódico, el retraso en la legislación en esta materia ha provocado que el Gobierno perdone alrededor de 380 millones de euros a las eléctricas, que no efectuarán el pago correspondiente a 2021 este año. Hasta ahora, el canon por el aprovechamiento de aguas continentales se abonaba teniendo en cuenta el año anterior. Sin embargo, la retroactividad fue uno de los aspectos que llevó al Supremo a pronunciarse en contra de la norma. Si Moncloa quería asegurarse los ingresos del canon este año -correspondientes a 2021-la única vía era la retroactividad, pero ha quedado descartada por miedo a un nuevo pleito por parte del sector energético.
Ante esta situación, la recaudación entre enero y mayo de este año del canon por el aprovechamiento del agua para la generación eléctrica se ha quedado en unos exiguos 3,7 millones de euros, que contrastan con los 47 millones del pasado año en el mismo periodo, o con los 317 millones de euros que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) ingresó en todo 2019. El Gobierno ha decidido renunciar al cobro correspondiente a 2021 mientras estudia un impuesto que grave a las mismas empresas y a otras del sector: Iberdrola, Endesa y Naturgy. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica matizan que no es que el nuevo canon entre en vigor en 2023, sino que se ha establecido que la fecha para su liquidación sea en marzo. Como la ley se aprobó ya en abril, no será hasta el próximo ejercicio cuando las compañías tengan que hacer frente al canon.
Las mismas fuentes explican que la cuantía ingresada por la Agencia Tributaria entre enero y mayo podrían ser cantidades devengadas por centrales hidráulicas a las que no les afectó la sentencia del Tribunal Supremo. Desde la AEAT añaden que la recaudación de este canon se ve reflejada en momentos puntuales del ejercicio. Por ejemplo, en 2021, el acumulado entre enero y mayo fue la misma cantidad que la ingresada únicamente en el mes de mayo. Por ello, y tomando como referencia los datos del pasado año, cobra relevancia que la recaudación sea un 92% inferior a la de 12 meses antes.
El impasse entre la sentencia y la reforma del canon hidráulico se ha producido en un momento clave para la recaudación derivada de la producción energética, con unos precios desorbitados y con el Gobierno negociando con Bruselas para limitar el precio del gas utilizado para producir electricidad. Según cálculos del sector, el pago de Iberdrola, Endesa, Naturgy y también Acciona habría disparado las cuantías a pagar desde los 120 millones estimados para 2020, hasta casi 400, que se explican por la subida del precio de la luz.
El impuesto a las eléctricas que el Gobierno quiere aprobar sobre sus beneficios extraordinarios y la reforma del canon hidráulico no son los únicos cambios legislativos que el Ministerio de Transición Ecológica ha aplicado al sector. Además del tope al gas, Ribera ha limitado los beneficios caídos del cielo (windfall profits) de las empresas energéticas y ha hecho que las grandes petroleras financien 10 de los 20 céntimos de descuento que tienen el litro de diésel y la gasolina. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha reclamado "seguridad jurídica" a Moncloa en varias ocasiones, apoyado en las últimas decisiones de Transición Ecológica.
En los últimos años, las compañías energéticas han logrado recuperar alrededor de 2.500 millones de euros por parte del Estado. El varapalo judicial al bono social costó 520 millones de euros a las arcas públicas. Más cara fue la nulidad del canon hidráulico, que obligó a Hacienda a devolver 1.900 millones de euros, correspondientes a la recaudación obtenida entre 2013 y 2020. Otro caso son los 15 millones de euros que el Ejecutivo devolvió a las grandes compañías por el déficit del sistema eléctrico. Desde la CEOE ya han advertido de que la próxima batalla legal puede ser el impuesto a las eléctricas.
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