Ribera ‘pasa’ de Galán y mantiene vivo su hachazo multimillonario al sector

Cuando la política se hace a través de notas de prensa entre ministerios y empresas, el fracaso económico está anunciado. Esta parece ser la actitud de unos y otros. El pasado jueves era Iberdrola quien se lanzaba a advertir al Gobierno de que condicionaba su intención de no variar los precios eléctricos a la industria para no afectar a la competitividad española con los incrementos del precio del gas natural, siempre, eso sí, que el ejecutivo “no perjudique la producción eléctrica con tributos lesivos y la retirada del Real Decreto y la Ley criticada por la UE”.

Este martes, el Ministerio respondía a esta proposición también con un comunicado en el que había que bucear durante muchos párrafos para encontrar su contestación. Pero no por oculto su entrecomillado es menos explícito: “Para aportar una mayor seguridad jurídica, se establece que la minoración no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes de la promulgación del RDL 17/2021 o cuando tenga una cobertura superior a un año si se firma posteriormente”.

Bajo esta fórmula, el Ministerio de Transición Ecológica deja sin minoración a los contratos celebrados antes del 16 de septiembre, fecha en la que se desató la guerra dialéctica entre eléctricas y Gobierno y, por lo tanto, cierra el frente legal que provocaría aprobar una legislación con claros efectos retroactivos. Los despachos de abogados ya advirtieron de la quiebra de la seguridad jurídica, que toda legislación debe proporcionar y que, sin embargo, este RDL destilaba por todos lados. Las breves líneas de la nota de prensa esconden un monto ingente de dinero que la propia ministra evitó detallar y pospuso a “una vez que veamos quien ha aportado beneficios extraordinarios”.

La intención del gobierno es doble. Por un lado, fomentar la contratación entre eléctricas e industria a medio y largo plazo, siempre que ésta no esté indexada al precio del mercado. En este caso, sí se minorará la parte proporcional. Ahora bien, el tope fijado en los 20 euros que el Gobierno quería imponer a toda costa a las empresas generadoras quedará limitado de facto, ya que las negociaciones entre empresas se forzarán para que superen esta cifra por debajo y no alcancen nunca el del precio real del gas en los mercados internacionales. En ese mismo momento, el RDL 17/2021 entraría en acción. Sin duda es una solución salomónica a la par que intervencionista en lo que siempre ha sido una negociación entre particulares.

Por otra parte, el Ministerio tratará de obtener más información sobre estos contratos. No es un tema menor ya que permitirá obtener una radiografía exacta de la relación entre eléctricas y consumidores industriales. La ministra ha introducido la obligación de que las productoras y comercializadoras informen periódicamente a la CNMC sobre los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, facilitando la fecha de la firma del instrumento de cobertura, la fecha de entrega o liquidación de energía, el volumen de energía afectado, así como el precio y el perfil del tipo de producto negociado. De esta manera, el Ministerio podrá conocer de primera mano el precio real que la industria debe afrontar en la adquisición de productos energéticos y el beneficio bruto que obtienen las eléctricas con estos contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs).

Insuficiente para las eléctricas

Pese al gesto, no parece que las medidas puedan ser suficientes para las eléctricas. En su texto original, Iberdrola condicionaba su apoyo a la industria española a la “retirada del Real Decreto y a la Ley criticada por la UE”.

Esta última es la que ataca directamente a los beneficios caídos del cielo de centrales no emisoras anteriores a la creación del mercado de derechos de emisiones de CO2 en 2005 y que principalmente afecta a las centrales nucleares, la mayor parte de hidroeléctricas y a unos 1.500 MW de eólica. Con respecto a estas tecnologías, la nota de prensa del Ministerio no hace referencia alguna y, por lo tanto, ‘pasa’ de la advertencia realizada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en su comunicado.

Por el contrario, sí aparece una mención explícita a su retirada, mostrándose favorable y señalando el camino al Ejecutivo para que “haga los cambios necesarios en el Real Decreto y en la Ley para que esto sea así, incluida su retirada”. Como siempre en política, y la energía lo es, lo mejor quedaba para el final. Sánchez Galán exculpaba al Gobierno asegurando que “todo el mundo se puede equivocar por falta de información y rectificar es de sabios”.

Rectificación o no, lo cierto es que el malestar dentro del Ministerio es notorio. La ministra no dudó un segundo en aludir al máximo directivo de la eléctrica cuando señalaba que cada cual debe hablar de lo que conoce, “más que dar lecciones”. Para Ribera, sus medidas deberían calmar los ánimos ya que, leyendo entre líneas, se puede comprender que ahora es el momento de cumplir la palabra dada por Galán y apoyar a la industria española. Así, no dudó un segundo en confiar en que “los que se han comprometido a mantener los contratos en los términos en los que se firmaron cumplan con su palabra”.

Alusiones al margen, la noticia parece haber sentado bien en los mercados. Iberdrola, tras tres días en números rojos, subía al cierre del mercado un 2,45%, a la espera de que durante este miércoles presente resultados trimestrales y pueda pronunciarse públicamente sobre la contraoferta del Gobierno a su ‘hachazo’ de septiembre.

Tal y como están las cosas en un sector que tiene que acudir un día al BOE y otro a las notas de prensa de las compañías, nada impide que haya un nuevo episodio epistolar entre ambos. Con probabilidad, su objetivo será aclararnos, una vez más, en cuánto se quedará la factura de la luz el próximo mes y cuántas empresas tendrán que cerrar por la imposibilidad de afrontar el desorbitado coste de los mercados energéticos.