Negociaciones 'in extremis'

Díaz plantea un parche para los riders y da margen a las empresas hasta verano

La propuesta del Ministerio de Trabajo se basa en un real decreto ley para laboralizar a los repartidores y un anteproyecto de ley posterior en el que se abordará el grueso de la regulación de las plataformas digitales.

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Glovo

Intensas últimas horas en el diálogo social informal. Pese a que el Ministerio de Trabajo dio por concluida la negociación sobre los repartidores de plataformas digitales la semana pasada, a falta de retoques de carácter técnico, las llamadas telefónicas y los intercambios de borradores e impresiones no han cesado estos días. El departamento que dirige Yolanda Díaz está ultimando el texto final y, según informan fuentes conocedoras de los contactos que se están manteniendo a tres bandas, con la patronal y los sindicatos, en estos momentos la propuesta gubernamental se basa en la aprobación de un real decreto ley para establecer que los riders son trabajadores asalariados, como ha sentenciado el Tribunal Supremo, y en la elaboración de un anteproyecto de ley posterior en el que se aborde el grueso de la regulación del empleo en el ámbito de las plataformas digitales.

Aunque el Ministerio de Trabajo todavía no ha puesto negro sobre blanco su propuesta final y de hecho ésta ha ido mutando en las últimas horas de intensas negociaciones informales, el estado de situación es el siguiente: un próximo Consejo de Ministros aprobaría un real decreto ley para fijar que los riders son trabajadores asalariados y una comisión tripartita, integrada por el propio Ministerio y las organizaciones sindicales y empresariales, analizaría a posteriori la regulación de las condiciones de trabajo en el conjunto de las plataformas digitales. Los sindicatos hablan de "parche" y acusan al Gobierno de otorgar "derecho de veto" a la CEOE, al limitarse a trasladar al Boletín Oficial del Estado (BOE) la sentencia del Supremo y "dar una patada hacia delante" a la problemática de los falsos autónomos que empaña el mercado laboral, más allá del sector delivery.

La última reunión del diálogo social se saldó con la coincidencia, por las tres partes, de que los repartidores de plataformas como Glovo o Deliveroo no son trabajadores autónomos, sino asalariados. Fue la primera vez que la CEOE asumió este punto en la mesa de negociación y dio el visto bueno a la laboralización del colectivo. Pero más allá de este consenso, los empresarios siguen mostrando sus reticencias y así lo manifestaron en ese encuentro, en el que dejaron claro que las empresas buscarían las vías para reducir el impacto del cambio normativo en sus costes laborales, a través de la subcontratación tanto con autónomos como con empresas, evitando así meter en plantilla a todos los riders. Todo, partiendo de la base de que se reconoce la presunción de laboralidad salvo que exista prueba en contrario, admitiendo la utilización de autónomos, por ejemplo, en picos de demanda.

Este mismo miércoles la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la patronal fijaban posición sobre el tema al rechazar de plano la última propuesta de Trabajo, según revelan fuentes presentes en estas reuniones internas. La CEOE asume que la sentencia del Alto Tribunal debe cumplirse y, por tanto, no queda otro remedio que llevarla al BOE. Ahora bien, los empresarios solo aceptan que la nueva regulación afecte a los riders y no al conjunto de los trabajadores de plataformas digitales. La patronal exige al Gobierno que se limite a ejecutar la reforma comprometida con Bruselas, donde se habla exclusivamente del reparto a domicilio, que se generalice la presunción de laboralidad salvo que exista prueba en contrario y, en ese caso, se permita utilizar autónomos, y que se dé margen de adaptación a las empresas.

Plazo de tres meses

Esa ha sido la respuesta de los empresarios a la última propuesta de Trabajo en la que, según las fuentes consultadas, una redacción un tanto ambigua abría la puerta a la laboralización de otros trabajadores de plataformas digitales que no son riders. La patronal espera que el Ministerio corrija el texto y delimite el ámbito de afectación de la nueva norma a lo comprometido con la Comisión Europea. Lo que sí aparece es la última concesión de Yolanda Díaz a los empresarios, según informan fuentes del diálogo social, que es el establecimiento de ese plazo de adaptación para que las plataformas de delivery puedan laboralizar a sus trabajadores. Inicialmente se ha fijado un periodo de tres meses, lo que daría cierto margen a las empresas hasta el verano, aunque no se descarta que la CEOE logre arrancar algo más de tiempo en estas negociaciones de última hora.

En cualquier caso, fuentes de la organización empresarial insisten en que, de momento, no han dado el visto bueno al planteamiento del Ministerio porque no hay una propuesta formal. Desde Trabajo explican que en las últimas horas se están perfilando cuestiones técnicas, para dotar a la norma de seguridad jurídica, y admiten que los últimos borradores siguen sufriendo cambios en estos momentos. No hay, por tanto, nada cerrado. Pero fuentes conocedoras de los vericuetos de las negociaciones detallan que la intención trasladada por el Ministerio es la de abordar ahora con carácter urgente la laboralización de los riders, sin ahondar en las condiciones laborales, para llevar a cabo más adelante la regulación del conjunto de los sectores de las plataformas, en el marco del Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI.

En los sindicatos cuestionan esta "doble velocidad" del Gobierno a la hora de "meter mano al fraude de los falsos autónomos en las plataformas digitales". Las fuentes consultadas dentro de las organizaciones lamentan que las grandes aspiraciones que en algún momento se pusieron sobre la mesa de negociación, incluida la creación de un registro de plataformas, se han quedado por el camino debido no solo al rechazo de los empresarios, sino también a las reticencias de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos dentro del propio Ejecutivo. Además, avanzan que el conjunto del debate sobre la organización del trabajo que conlleva la obligación de revelar los algoritmos a los representantes de los trabajadores va a quedar relegado a un anteproyecto de ley que, previsiblemente, sufrirá no pocas modificaciones a su paso por los distintos ministerios y a su llegada al Congreso de los Diputados, donde "la CEOE ejercerá presión a través de los lobbies".

La propuesta inicial

No está de más recordar que lo primero que puso sobre la mesa el Ministerio de Trabajo fue un anteproyecto de ley para "evitar la huída del derecho del trabajo eventualmente propiciada por las nuevas formas de prestación de servicios a través de las nuevas tecnologías, en especial de las plataformas digitales", con el objeto de garantizar "la protección de la competencia leal entre las empresas a cuyos servicios acceden las personas consumidoras a través de plataformas digitales, en interés de todas las empresas y personas que participan en el mercado". Ese texto no se limitaba solo a los riders e iría en la línea de lo que los sindicatos pretendían conseguir.

En efecto, introducía cambios en el Estatuto de los Trabajadores para que las personas que prestan servicios en plataformas digitales, especialmente cuando "puedan ver afectadas sus condiciones de trabajo, el mantenimiento de su empleo, el volumen del mismo o la retribución, como consecuencia de la autonomía en la forma de prestar el trabajo o en el cumplimiento de las condiciones que pudieran haberse establecido, incluyendo la libertad de horario", fueran consideradas trabajadores por cuenta ajena. Asimismo, modificaba la condición de "empleador" para introducir a las personas físicas o jurídicas proveedoras de servicios de intermediación en línea a través de plataformas u otros medios tecnológicos. Quedaba así el conjunto del colectivo de trabajadores laboralizados.

Además, abordaba la creación de un Registro de plataformas digitales a través de una orden ministerial. Fijaba que el registro sería de acceso público y en él deberían inscribirse todas las entidades que se presenten o funcionen como plataformas digitales. Además, hacía obligatorio el registro del algoritmo utilizado por estas plataformas incluyendo, como mínimo, el pseudocódigo o diagrama de flujo utilizado. Para los sindicatos, esa transparencia es clave para acabar con el "sistemático incumplimiento" de la normativa laboral, de Seguridad Social y fiscal, y con la impunidad de unas entidades, según denuncian, "basan sus beneficios en la explotación de los trabajadores y en la negación de su condición de empresas para maximizar sus beneficios y eludir sus obligaciones". Para la patronal -y los lobbies del sector- es la "fórmula de la Coca-Cola" que no están dispuestos a desvelar.

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