La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha postergado la posición definitiva de Gobierno español sobre la última polémica surgida en torno a Arabia Saudí, a raíz del caso del periodista asesinado Jamal Khashoggi, pero ha querido subrayar hasta en dos ocasiones que "la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado cuando hay vulneración de derechos humanos".
En una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, la responsable de Defensa ha adelantado que será mañana cuando el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, informará en el Congreso sobre esta situación en su comparecencia, pero ha señalado que "tiene que quedar claro que es de una enorme gravedad" y que se trata de "una vulneración de derechos humanos gravísima" que ha dejado al conjunto del Gobierno español "consternado".
Robles ha apuntado que "incluso Trump está haciendo equilibrios diciendo que no le satisface" la postura de Riad y ha insistido en que el debate de la venta de armas en general a Arabia Saudí "no es fácil", puesto que hay que conjugar varios intereses, que van desde una postura oficial respecto a las exportaciones de armas y la defensa de los derechos humanos hasta la garantía de mantener unos puestos de trabajo "que no estén al albur de una situación concreta", en referencia a la carga de trabajo para los astilleros españoles de Navantia.
En lo que sí se ha mostrado mucho más directa la responsable de Defensa es en atacar al anterior Gobierno: "Sería bueno que el Partido Popular explicase qué pasó con aquel contrato de ventas de bombas del Ejército a Arabia Saudí", ha incidido antes de apuntar a sus antecesores en el cargo, como responsables de dicha venta o de, al menos, no haber informado al respecto, dado que el contrato data de 2015 y no se supo de él hasta hace unos meses.
Sobre este asunto, Margarita Robles no se siente desautorizada por Pedro Sánchez después de que desde su Ministerio se anunciase la cancelación del contrato y, posteriormente y ante las protestas inmediatas de los trabajadores afectados, el jefe del Ejecutivo zanjase el debate asegurando que se venderían las armas porque primaba defender las relaciones comerciales con Riad y, de una forma más específica, el contrato de 1.800 millones para Navantia y el empleo para miles de personas en las distintas factorías de la empresa pública.
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