Un robot multará a empresas que cesen contratos temporales en fin de semana

El Consejo de Ministros aprobó este martes una modificación del procedimiento administrativo sancionador para que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pueda extender actas de infracción automatizadas sin intervención directa de un funcionario, es decir, que una suerte de 'robot' administrativo podrá multar a las empresas en caso de detectar posibles incumplimientos tras el análisis masivo de datos. La medida, promovida por el Ministerio que pilota Yolanda Díaz, ha revolucionado a los inspectores, que consideran que vulnera la legalidad vigente y la seguridad jurídica, y ha pillado por sorpresa porque, como se adelantó en estas páginas, está contemplada en un proyecto de real decreto que todavía se encuentra en fase de audiencia pública (el trámite finaliza este mismo miércoles).

Fuentes de ámbito técnico conocedoras de las posibilidades de aplicación de este novedoso procedimiento en el sistema sancionador de la Inspección explican a La Información que la automatización de las actas de infracción está pensada para atajar el fraude laboral en situaciones específicas como los abusos que se producen en la modalidad de contratación temporal. En este sentido, saltará la alarma cuando la aplicación informática detecte, por ejemplo, que una empresa genera un exceso de altas y bajas de contratos injustificadas, una práctica habitual que utilizan algunas compañías para para ahorrarse costes laborales a la que el Gobierno va a poner coto.

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En concreto, como pudo avanzar este medio y anunció después el ministro de Seguridad Social, el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de introducir una tasa, a modo de penalización, para aquellas empresas que dan de baja los contratos de sus trabajadores durante los fines de semana para volverlos a dar de alta el lunes, con el objetivo de ahorrarse el pago de cotizaciones a la Seguridad Social durante ese par de días, una práctica que también se realiza en periodos vacacionales e incluso es frecuente en el ámbito público, en sectores como la Educación o la Sanidad. A ojos de José Luis Escrivá, se trata de una praxis "intolerable" que "claramente se va a penalizar". 

Así de tajante se mostraba el ministro a mediados de diciembre, cuando hacía referencia a una "tasa por bajas de contratos". Escrivá cuestionaba el sistema actual, que permite a los empresarios dar de alta y de baja a los trabajadores de una manera extremadamente ágil y que, a su juicio, posibilita estos usos "no aceptables" que llevan asociada una pérdida de protección a los trabajadores, al no abonarse las cotizaciones correspondientes a los fines de semana o a los periodos de vacaciones, perjudicando a sus futuras pensiones de jubilación.

Se trata, de hecho, de una de las reformas que el Gobierno ha trasladado a Bruselas en el marco de la "modernización" de la legislación laboral. De manera genérica, en este apartado de la ficha el Ejecutivo se compromete a reducir el exceso de temporalidad y la dualidad laboral, simplificando y reordenando las modalidades de contratación y generalizando el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al contrato temporal, adecuando la regulación de los contratos de formación y prácticas, revisando la aplicación del contrato fijo-discontinuo, penalizando el uso excesivo de contratos de muy corta duración y, en definitiva, atajando el fraude laboral.

Revuelta de inspectores

A la espera de que esa tasa específica para las empresas que abusen de los contratos eventuales acabe por definirse en las negociaciones con los agentes sociales, Trabajo empieza a fortalecer la Inspección con nuevas herramientas que permitan agilizar la detección de ese tipo de fraudes. Pero los cambios aprobados este martes, que figuran ya en el BOE, no han sentado nada bien en el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social. Su presidenta, Ana Ercoreca, considera que "la automatización de las sanciones rompe con los principios de legalidad, seguridad jurídica, eficiencia, neutralidad e imparcialidad de la Inspección" y rechaza tajantemente que un robot pueda "sustituir a los funcionarios". Desde el sindicato critican además que los cambios no les han sido consultados y advierten de que estudiarán "medidas a adoptar" si el Gobierno no la retira.

Pero fuentes del Ministerio de Trabajo consultadas por La Información defienden que la medida va dirigida a la "optimización de recursos humanos y técnicos" y que en ningún caso pretende sustituir a los funcionarios por robots. Es más, aseguran que va acompañada de un plan para incorporar efectivos a la Inspección. Desde el departamento de Díaz aseguran, asimismo, que los cambios en el proceso sancionador para hacerlo automático se producirán "sin reducción de las garantías jurídicas de los ciudadanos" y "sin perjuicio de la posterior intervención en fase de instrucción de personal con funciones inspectoras". Así consta en el documento que está hasta este miércoles en audiencia pública y del que se ha acelerado esta medida por cuestiones de "jerarquía normativa".

En ese texto, el Ministerio detalla que "el análisis masivo de datos para la detección de fraude permite conocer la existencia de posibles incumplimientos de los sujetos obligados, especialmente en materia de Seguridad Social" y que "en ocasiones, la constatación de estos incumplimientos no requiere la intervención directa de ningún funcionario". Explica también que la actuación administrativa automatizada persigue "articular un procedimiento sancionador ágil, basado en hechos constitutivos de infracción generalmente no controvertidos, y con seguridad jurídica para el administrado" y que los inspectores participarán en el proceso cuando se requiera una valoración jurídica de las alegaciones que puedan efectuar los sujetos presuntamente responsables de las infracciones.

El borrador de real decreto establece que la Inspección "podrá generar a través de su sistema de información, mediante actuaciones administrativas automatizadas, las actas de infracción que resulten pertinentes en virtud de los datos, antecedentes e informes que obren en el mismo, así como en las bases de datos de las entidades que le prestan su auxilio y colaboración". Asimismo, añade que "se podrán generar de forma automatizada las propuestas de resolución que procedan cuando no se hayan presentado alegaciones contra las actas". Es decir, que un robot podrá ser responsable de todo el proceso, desde la detección del posible incumplimiento de la normativa hasta la apertura del acta de infracción a la empresa y la notificación de la propuesta de resolución si el empresario no recurre.