“Amenazaba con estrellar el avión en la puerta del Banco Central Europeo (BCE)” si no le facilitaba tiempo y respaldo para resolver los problemas del Popular. Así es como actuó Emilio Saracho, según ha denunciado su antecesor en la presidencia del banco, Ángel Ron, para lograr su único objetivo de vender la entidad hundiendo de forma intencionada el precio, convencido de que el problema de liquidez se encauzaría por propio interés del supervisor.
En la Comisión que Investiga la crisis en el Congreso, narró que el vicepresidente de JP Morgan le confesó personalmente junto a un grupo de 300 directivos “no conocer los fundamentos de la banca comercial” que dejaría en manos de la dirección porque lo que él sabía era “crear valor” con una macroampliación de capital o su venta para lo que había que bajar la cotización. El plan de Saracho, según su relato, era lograr dicho hito en seis meses y “si no lo hacía rápido dijo que montaría una tómbola”.
“Me dijo que para hacer esa operación la acción estaba cara y un principio básico como era infundir pánico, asustar a las autoridades, a los accionistas y al mercado”, inició en un relato extenso y muy pormenorizado, donde quiso desmenuzar todos los hitos. Bajo este prisma acusó a su sucesor de forzar la revisión de las cuentas de 2016 y su incomodidad cuando el auditor determina la imposibilidad de reformularlas y aconseja la reexpresión porque el ajuste no resulta lo suficientemente relevante. En este sentido refirió que el déficit de 124 millones que aflora era, a su juicio, asumible para un banco que el ejercicio previo había encarado una hucha de 5.700 millones.
Con esa estrategia reprochó al banquero utilizar dicho resultado y forzar el mismo día el cese del consejero delegado, Pedro Larena, a propósito para bajar el precio en bolsa de manera abrupta (aquel 3 de abril la cotización cayó más del 10%). En su relato desveló que Saracho se había reunido, incluso, en la víspera de la junta de accionistas con varios periodistas a los que reconoció que “la acción podía llegar a cero” provocando un escenario donde el desplome prendió y “en abril comienza la salida de depósitos”.
Pide una investigación en profundidad
La incontenible sangría provoca que las entidades “tienen que intervenir porque se acerca un tren a toda velocidad y tienen que pararlo porque si no lo hacen se avecina un accidente para todo el sistema financiero”, refirió. A su juicio se aplicó, sin embargo, “una medicina que no era la adecuada” donde se produjo “claramente una confiscación del patrimonio” de los dueños de la entidad, para los que pidió reparación y emprender una investigación en profundidad que clarifique qué falló y depure responsabilidades.
El banquero denunció de forma indirecta que la operación ha beneficiado al Santander. “No conozco ningún activo en el mundo con 10.000 millones en patrimonio y que haya sido vendido por un euro”, como ha ocurrido aplicando una normativa de resolución” que no era la adecuada porque, según recordó, la misma Junta Europea de Resolución (JUR) constató que era solvente la víspera de su intervención. Así, acusó al organismo europeo de haber producido un “vaciamiento patrimonial de los accionistas”.
En este sentido alertó de que la provisión aplicada por el Santander -cercana a los 8.000 millones de euros- era muy superior a la cobertura exigible para desprenderse rápido de la carga con su venta a Blackstone y se hizo a costa del patrimonio de los accionistas. “Imagínese qué hubiera pasado en el sector financiero si se impone esa cobertura a todo el sector”, retó. De forma adicional indicó que el grupo heredó casi 5.000 millones en activos fiscales descontables en impuestos futuros, pudo vender WiZink por 1.200 millones o el banco de Florida por 25 veces su valor y espera obtener una rentabilidad del 13% que algunos bancos de inversión han elevado al 20%.
Historia de una crisis
Ángel Ron estuvo al frente de la entidad desde 2002, primero como consejero delegado y desde 2014 en la presidencia, cuando el banco decide irrumpir en la financiación inmobiliaria de la que se había mantenido alejado para empujar su crecimiento y rentabilidad. Su desaforada expansión hizo que en poco tiempo el 36% de la exposición crediticia fuese inmobiliaria, tomando un riesgo excesivo y en el peor momento porque pronto el pinchazo de la burbuja inmobiliaria detonaría en el balance.
Los problemas comienzan a pasar factura en 2012 con la suspensión de las pruebas de resistencia realizada por Oliver Wyman a la banca española. La firma le atribuye un déficit de 3.200 millones de euros, que decide encarar con una macroampliación de 2.500 millones y venta de activos que no resuelve el problema de raíz. En 2016 se ve abocado a otra macroampliación por una cuantía igual ya que la hucha de provisiones es inferior al resto del sector y el esfuerzo que se avecina por una nueva vuelta de tuerca regulatoria en dotaciones resultará imposible de atender solo con beneficios. Pero los problemas acaban estallando en el seno del consejo de administración que, disconforme con su gestión, forzó su salida en el arranque de 2017 y sustitución por parte de Emilio Saracho.
El banquero ya había sostenido en declaraciones públicas al poco de abandonar el cargo que dejó un banco solvente con un problema de provisiones para cuya solución había articulado un plan con ventas de activos como TotalBank o WiZink y fue la crisis de liquidez la culpable del fracaso, ante la riada de informaciones negativas que rodearon a la entidad.
Sin embargo, su contabilidad y gestión ha sido puesto bajo sospecha por una doble investigación. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se plantea sancionar al banquero y otros siete de sus ejecutivos por intentar “ocultar” un impacto negativo de 124 millones en las cuentas de 2016 y evitarse su dotación, aunque el organismo también ha puesto reparos a las cuentas formuladas ya bajo el manto del Santander por efectuar saneamientos superiores a las exigibles. Se trata de la primera conclusión del organismo dirigido por Sebastián Albella, que escrutaba las cuentas para averiguar si los 13.000 millones de pérdidas arrojados tras la resolución en el primer semestre de 2017 correspondía realmente a ese periodo o afloraban quebrantos de años previos.
La Agencia Tributaria ha colocado a su vez al banco y su gestión bajo la lupa por sospechas de que ocultó préstamos dañados o quebrantos por 197,26 millones de euros bajo la apariencia de financiaciones sanas con el uso de una trama societaria con sede en Luxemburgo. Según la investigación incorporada a la causa abierta por la Audiencia Nacional el banco se valió de al menos ocho sociedades allí radicadas entre 2011 y 2015 para financiar a acreedores del banco en riesgo de quiebra.
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