Juan Rosell aprovechará su última Junta Directiva como presidente de CEOE - la del próximo mes de octubre- para hacer un postrero intento de sacar adelante uno de los principales objetivos que se marcó para su mandato: la integración de pleno derecho en la estructura y la dinámica cotidiana de CEOE de las principales empresas del país.
El asunto es peliagudo y despierta recelo, cuando no directamente rechazo, en buena parte de las organizaciones sectoriales y territoriales que temen ver diluida su representatividad en un contexto en el que algunos de sus socios puedan defender directamente sus intereses en los órganos directivos de CEOE. Rosell es consciente de ello, pero considera que la organización ha cambiado y que ya no es posible demorar más la integración de pleno derecho de las empresas asociadas en el gobierno de la principal organización empresarial del país.
Así se lo comunicó a la Junta Directiva de CEOE en su reunión de este miércoles, donde avanzó que en el encuentro de octubre - su última Junta como presidente - planteará una propuesta de cambio de Estatutos para abrir a las empresas asociadas las puertas del Comité Ejecutivo de la patronal - el máximo órgano ejecutivo de la organización - y proporcionarles capacidad de voto, ya que actualmente participan en los grupos de trabajo de CEOE con voz pero sin voto.
La apuesta de Juan Rosell por abrir las puertas de la organización a las principales empresas del país - gestada en un momento en el que el Consejo Empresarial de Competitividad, impulsado en su día por las 15 mayores corporaciones españolas, amenazaba su liderazgo como portavoz del tejido empresarial doméstico ante el poder político - ha servido para 'sentar' en la CEOE a grandes de dentro y fuera del Ibex 35 como Santander, Telefónica, Google, Iberia, Merlin Properties, Seat, Mercadona, Repsol o el Grupo Eulen.
Una 'cuestión' por resolver
El movimiento ha incrementado la nómina de empresas asociadas a CEOE de 127 a 177 durante la era Rosell, según los datos oficiales que maneja la organización, y, algo todavía más relevante, ha servido para estabilizar la comprometida situación económica de la patronal, a la que el impacto de la crisis generó un sinfín de problemas financieros y hasta el cierre de alguna importante organización territorial.
El peso de las empresas en la cuenta de ingresos de la organización ha pasado de suponer el 20% del total en el año 2010 a alrededor de la mitad a día de hoy. Según los Presupuestos de 2018 de la organización, este año CEOE ingresará 5,8 millones de euros procedente del pago de cuotas de las organizaciones sectoriales y territoriales; y ya más de 5 millones de euros de las abonadas por las empresas.
La otra lectura de este dato es que el bloque de empresas que sostiene cerca del 50% de las finanzas de CEOE ni está representada en los órganos ejecutivos de la organización ni tiene voto a la hora de determinar el rumbo de la misma.
El anuncio de Rosell no viene por sorpresa. En su último discurso ante la Asamblea General de CEOE el pasado mes de abril dejó claras sus intenciones. "Hemos incrementado nuestra base de asociados, especialmente en el campo de las empresas como socias directas y que también lo son de nuestras organizaciones. Queda por explicitar la participación de las empresas en nuestros órganos de gobierno y su representatividad electoral, que sería bueno hacer en este mandato, pero empezando a contar a partir del próximo. Debemos poner una o varias propuestas encima de la mesa y escoger y decidir".
Desde CEOE se aclara que la propuesta de Rosell de dar capacidad de voto a las empresas no surtiría efecto para las inminentes elecciones del próximo mes de noviembre, para las que el presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, ya se ha postulado como candidato, sino a partir del año 2019, con el futuro presidente de CEOE ya en ejercicio.
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