No está claro si el Gobierno que saldrá de las urnas en las elecciones generales previstas para finales de año "tendrá un mandato lo suficientemente fuerte como para abordar algunos de los retos económicos y fiscales a largo plazo de España". La advertencia la ha lanzado la agencia S&P Global, en su última revisión del rating de España, en la que ha decidido mantener la calificación del país en 'A' con perspectiva estable. A la firma norteamericana le preocupa que la ausencia de una mayoría suficiente en el Congreso impida al próximo Ejecutivo poner sobre la mesa las medidas necesarias para atajar el nivel de desempleo aún elevado (la tasa de paro se situó en el 12,87% de la población activa, según la EPA del cuarto trimestre), la dualidad persistente en el mercado de trabajo, así como el déficit estructural que arrastra la Seguridad Social.
En su informe, al que ha tenido acceso 'La Información', la calificadora crediticia ha elevado dos décimas la estimación de crecimiento que manejaba en enero para España hasta el 1,1%, situándola por debajo del 1,7% que calcula la OCDE o del 1,6% que contempla el Banco de España. Esto, en un escenario donde considera que el "mayor riesgo inminente" para los hogares y empresas endeudados, así como para el propio Estado, provendría de una consolidación de las expectativas inflacionistas nacionales en niveles superiores al objetivo a medio plazo del Banco Central Europeo (2%), lo que -de generalizarse entre las principales economías del euro- obligaría al emisor a a elevar por encima de lo previsto los tipos de interés para combatir la inflación.
En el caso español, el alza de los precios se ha tensionado en los dos primeros meses del año (la tasa general se estancó en el 6% en febrero) después de cinco meses consecutivos de moderación, con la subyacente -que excluye de su cómputo la energía y los alimentos no elaborados- en el 7,6%, su nivel más alto desde diciembre de 1986. Según sus previsiones, la persistencia de la inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación por el alza de tipos debilitarán la demanda interna, lo que dará lugar a esa desaceleración de la economía desde el 5,5% al que la actividad creció tanto el pasado ejercicio como el anterior hasta el 1,1%.
De cara al próximo año S&P prevé un avance mayor del PIB, del 1,6%, que se acelerará hasta el 2,3% en 2025 y se estabilizará en el 2,2% en 2026. Para entonces y, según sus cálculos, la tasa de paro se mantendrá aún en el 12,6%, por lo que apenas habrá descendido cuatro décimas desde el 13% al que cerraría este ejercicio. De hecho, a lo largo de su informe la agencia incide en que si la economía se recuperase los tres próximos años "o si se aplicaran políticas laborales adicionales que condujeran a una mayor reducción del desempleo estructural y a una mejora significativa de las finanzas públicas", podría elevar la calificación española.
A ello contribuirían también medidas adicionales del gasto para apoyar la sostenibilidad del sistema de pensiones, que registra déficits considerables "debido, entre otras cosas, a la indexación" al IPC; así como un eventual fortalecimiento de las instituciones del país o de la posición exterior, incluida la menor necesidad de financiación externa a corto plazo. En sentido contrario, si la economía global empeorase más allá de las expectativas que maneja S&P con más inflación y menos crecimiento, los efectos sobre las finanzas de España podrían "dejar de ser conciliables" con una calificación 'A', dadas otras vulnerabilidades crediticias, incluyendo la posición de pasivo externo neto, que es abultado pero cada vez menor, y los importantes aunque decrecientes niveles de deuda privada.
Los proyectos públicos con fondos UE se retrasarán a 2024
Bajo su escenario central, la firma estadounidense mantiene "estable" la perspectiva de su calificación para el país de cara a los dos próximos años al prever que el Gobierno aplicará políticas de apoyo al crecimiento y un cierto grado de consolidación fiscal hasta 2026. Al mismo tiempo, la economía se beneficiará de las subvenciones y préstamos del programa Next Generation EU (NGEU) equivalentes a más del 2% del PIB hasta 2027. "Las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo son sólidas y las cuentas del sector exterior siguen arrojando superávit", apunta.
Con todo, S&P Global advierte de que la ejecución de los grandes proyectos públicos a cargo de los fondos europeos se retrasará hasta 2024 y años siguientes debido a "limitaciones administrativas, de planificación y de capacidad, incluso en el ámbito autonómico". El lento ritmo de absorción de los NGEU por parte de España y de otros socios podría llevar a la Comisión Europea a alargar el periodo previsto para su despliegue, dado que gran parte del retraso en el gasto obedece a los procesos puestos en marcha para garantizar que las inversiones beneficien al crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo. A partir del año que viene el gasto de capital del sector público superará a la inversión privada como motor del crecimiento.
El paro de larga duración y el déficit estructural
El análisis elaborado por la agencia apunta que, pese a que la reforma laboral aprobada por el Gobierno ha contribuido a reducir la brecha entre temporales e indefinidos, la tasa oficial de empleo sigue siendo considerablemente inferior a la media de la Eurozona (del 67,7% frente al 72,5% de media entre nuestros vecinos). Además, si bien la tasa de paro de larga duración se ha reducido casi a la mitad desde 2013, sigue siendo la segunda más alta de Europa después de Grecia (del 6,2%). Esto, unido a un PIB per cápita más bajo en términos absolutos que el de otras grandes economías del euro, como Alemania o Francia, contribuye en buena medida a que la calificación soberana de España se mantenga en "A".
En relación con el desequilibrio de las cuentas públicas, S&P Global sitúa el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el 4,4% el año pasado, seis décimas por debajo de objetivo que el Gobierno se fijó pese a la suspensión de las reglas fiscales en la UE desde la pandemia. De cara a este año prevé una ligera desviación con respecto al objetivo del 3,9% fijado en los Presupuestos Generales del Estado, a medida que disminuyan "los ingresos extraordinarios derivados de una inflación inesperadamente elevada" y se eleve el pago de intereses. Así, no esperan que España registre un superávit primario hasta 2027.
Por último, la firma estadounidense pone en valor que desde 2012, el país ha registrado superávits exteriores ininterrumpidos, a pesar del lastre que supuso para los ingresos por turismo la pandemia de Covid-19, y del shock de términos de intercambio energético que trajo consigo la guerra en Ucrania. De cara a finales de año estiman que la deuda externa neta de España (los pasivos que tiene la economía una vez restado los activos que posee en el extranjero) habrá disminuido al 76% del PIB desde el 96% del PIB que alcanzaba en 2014.
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