La mayor subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los 40 años de historia de la democracia -el anuncio crucial de Sánchez para acabar este 2018- tiene letra pequeña: el Gobierno evitará que el fuerte incremento del 22% se traslade a tres millones de nóminas. El escenario elegido para aprobar la medida estrella del programa gubernamental no es casual: el real decreto verá la luz en Barcelona este viernes coincidiendo con el Consejo de Ministros que se celebrará en la ciudad condal. Un golpe de efecto de Moncloa para intentar apaciguar la tensión política con la Generalitat. Pero este decreto tendrá un impacto económico no tan ambicioso como pueda parecer.
Se trata del primer punto de la contrarreforma laboral que pactó el Gobierno con Unidos Podemos. La subida del SMI hasta alcanzar los 900 euros al mes en 2019 ya tiene su reflejo legal en un real decreto que aprobará el Consejo de Ministros el día 21 para su entrada en vigor el 1 de enero y que ya está redactado. Sin embargo, según ha podido confirmar La Información a través de fuentes gubernamentales, el texto que ha salido de la sala de máquinas del Ministerio de Trabajo no se limita a establecer únicamente la cuantía retributiva mínima que debe recibir un trabajador, con carácter general y en base a la jornada legal, sino que incluye una serie de disposiciones transitorias que limitan la afectación de la nueva cuantía en algunos ámbitos.
Es el caso de los convenios colectivos que utilizan el SMI como referencia para determinar la cuantía o el incremento del salario base o de los complementos salariales. Esta situación afecta a tres millones de trabajadores, de acuerdo con los cálculos de la CEOE. En estos supuestos, salvo que las partes legitimadas acuerden otra cosa, las cuantías del salario mínimo interprofesional se entenderían referidas durante 2019 a las establecidas en el Real Decreto 1171/2015, de 29 de diciembre, por el que se fija el SMI para 2016, incrementadas en un 2%, de acuerdo con el objetivo a medio plazo de inflación del Banco Central Europeo. Hay que recordar que el Gobierno del PP ya hizo lo mismo en los dos últimos años y dejó fuera de las subidas del SMI a los convenios referenciados para atender a la demanda de los empresarios y evitar un excesivo repunte de sus costes salariales.
Hay que tener en cuenta que el salario mínimo en 2016 era de 655,20 euros al mes. Con esta decisión se evitará que se trasladen a esas tres millones de nóminas las fuertes subidas aprobadas para 2017 (8%) y 2018 (4%), además del repunte del 22% en 2019. Este último es un incremento que, por cierto, se va a trasladar a las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social en 2019, pero no a las máximas, que subirán algo menos del 10%, según adelantó –sin concretar– la ministra Magdalena Valerio la semana pasada.
¿Y los autónomos?
El real decreto del SMI tiene más letra pequeña. El Gobierno pretende que tampoco se traslade esa subida a las cuotas de los autónomos. La presión que ha ejercido el colectivo de trabajadores por cuenta propia finalmente ha llevado al Ejecutivo a considerar una subida de la base mínima de cotización del 1,25% a partir del 1 de enero de 2019, hasta los 944,35 euros al mes, y un tipo de cotización del 30%, con lo que los autónomos tendrán que pagar 5,36 euros más al mes (64 euros más al año) de lo que pagan actualmente, aunque a cambio recibirán una mayor protección.
El presidente del Gobierno ha defendido la subida del SMI porque "un país rico no puede tener trabajadores pobres", según dijo en el pleno del pasado miércoles en el Congreso. Sin entrar a valorar si un sueldo de 900 euros es digno en una economía del tamaño de la española, en proporción son pocos los ciudadanos que finalmente van a notar el incremento directamente en su bolsillo. Las cifras bailan desde los 1,3 millones que estima el actual Gobierno hasta poco más de medio millón de asalariados, según cálculos del anterior equipo del Ministerio de Empleo.
Es más, el SMI de 900 euros podría tener, incluso, un efecto negativo en el mercado laboral. A falta de un informe de impacto económico por parte del Gobierno actual, desde organismos como el Banco de España ya han advertido de que subidas tan pronunciadas del sueldo mínimo en un solo ejercicio pueden afectar de manera severa a la creación de empleo. El Ejecutivo ha reconocido, en boca del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, que algunos empresarios podrían tener "la tentación de contratar en vez de a 20 trabajadores, a 18", sobre todo en el sector agrario, el comercio y las actividades relacionadas con el hogar.
Moncloa se vuelca con el SMI y Barcelona
En Moncloa tienen especial confianza en que el Consejo de Ministros del día 21 en Barcelona resulte todo un éxito. Se han reservado el anuncio de la subida del SMI para esta cita en la capital catalana. Quieren así hacer ver al Govern de Quim Torra que la política de enfrentamiento no es el camino adecuado. No olvidan en el gabinete de Sánchez que necesitan a los independentistas para aprobar los Presupuestos de 2019, aunque a día de hoy mantienen escasas confianzas en poder sacarlos adelante.
De hecho, fuentes cercanas al presidente explican que llevarán las cuentas públicas al Congreso con el objetivo de presentar sus credenciales en materia económica y social. Y, a partir de ese momento, "que cada partido se retrate", defienden las mismas fuentes. Los PGE, por tanto, serán una especie de programa electoral con el que Sánchez aspira a encarar el final de la legislatura que, a día de hoy, no piensa en dar por finalizada de manera precipitada.
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