El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 obvia intencionadamente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque este asunto será objeto de debate en el diálogo social en las próximas semanas. No hay, por tanto, una congelación prevista en estos momentos. Al contrario, la intención del Gobierno es seguir avanzando para acercar esta retribución al 60% del salario medio que fija la Carta Social Europea. Pese a los efectos devastadores que ha provocado la pandemia sobre la economía y el tejido productivo, el Ejecutivo considera que precisamente la Covid ha evidenciado aún más la fragilidad del mercado laboral y de las redes de protección social, especialmente sobre los jóvenes, las mujeres y los trabajadores con escasa cualificación, y por eso resulta perentorio garantizar condiciones laborales justas a través de la protección de los salarios más bajos y la reducción de la pobreza entre las personas con empleo.
Con esta baza, arranca la partida. El Ministerio de Trabajo tiene previsto iniciar las negociaciones con la patronal y los sindicatos en el mes de diciembre. La recta final del año se presenta ajetreada. Con la mesa sobre las plataformas digitales abierta y la reforma laboral en ciernes, la intensidad de las reuniones irá 'in crescendo' en las próximas semanas hasta alcanzar el culmen con el SMI. En paralelo, las organizaciones empresariales y sindicales encaran la renovación del IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que caduca este año y en el que también se fijarán unas directrices en materia salarial para los ejercicios venideros. Todo, en un contexto de elevada incertidumbre por la evolución incierta de la pandemia y su eventual impacto sobre la economía.
Cabe hacer un paréntesis para destacar que Yolanda Díaz ha puesto en valor el diálogo social desde que tomó posesión del cargo. Tanto es así que incluso antes de constituirse el Gobierno de coalición, la ahora ministra de Trabajo maniobró en la sombra y en el más absoluto silencio para arrancar el que fue el primer gran acuerdo social de esta legislatura, precisamente, el incremento del SMI hasta 950 euros en 2020, allá por finales del mes de enero. Desde entonces, pandemia mediante, se han producido otros cinco pactos de calado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos y la intención de Díaz es lograr otros tantos en la recta final del año, entre ellos el que establezca el nuevo salario mínimo para 2021.
Ahora, el 'quid' de la cuestión es cuánto. Tras una primera ronda de contactos con los interlocutores sociales, todo parece apuntar a la cifra de los 1.000 euros, pero conviene ir por partes. Primero, hay que recordar que esa cantidad era ya el objetivo del Gobierno para este año 2020, pero la patronal logró rebajarla en 50 euros tras intensas negociaciones. Ahora, en plena crisis, los empresarios pedirán que no se les suban los costes laborales para no añadir más trabas a la situación, pero fuentes de la CEOE admiten en privado que ya se está valorando la opción de aceptar una "subida moderada" ante la imposibilidad contrastada de que el Ejecutivo termine por aparcar sus intenciones y acabe congelando el SMI. Los sindicatos, por su parte, asumen que la meta de alcanzar el 60% del salario medio (unos 1.200 euros) podría alejarse y que el contexto de deflación da más margen para negociar incrementos que garanticen el poder adquisitivo.
Cabe pensar que el alza de algo más del 5% que supondría un incremento del SMI de 950 a 1.000 euros no puede considerarse moderada, habida cuenta de que otras mejoras previstas en los PGE, como la de las pensiones o los sueldos de los funcionarios, apenas alcanzan el 0,9%, en línea con la inflación prevista. Sin embargo, no hay que olvidar que las nóminas de pensionistas y empleados públicos tienen un coste presupuestario millonario para el Estado, mientras el salario mínimo impacta directamente sobre los costes laborales de las empresas, a la vez que apuntala los ingresos de la Seguridad Social por la vía de las bases mínimas de cotización. Por este motivo, aquí no imperan las restricciones presupuestarias que sí deben tenerse en cuenta en otros ámbitos en un contexto de crisis como el actual.
Por otro lado, cabe recordar también que el IV AENC pactado entre la patronal y los sindicatos ya introdujo la encomienda de alcanzar un salario mínimo en convenio de 14.000 euros anuales (14 pagas de 1.000 euros) en 2020, aunque fuentes del diálogo social indican que ese objetivo no se ha alcanzado por el momento. Así, "teniendo en cuenta las importantes subidas del SMI que se han producido en los últimos tres años (un 4% en 2018, un 22,3% en 2019 y un 5,5% en 2020) y considerando el impacto del salario mínimo en la negociación colectiva, una subida en el entorno del 5% para 2021 compensaría el IPC y mejoraría la situación de las categorías profesionales más bajas", explican las fuentes consultadas, que añaden que el incremento estaría en línea con la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) prevista en los Presupuestos.
En efecto, el Proyecto de Presupuestos de 2021 recoge la subida del IPREM de un 5%, hasta 564,73 euros, de manera que se facilitará el acceso a ayudas para vivienda, becas universitarias o subsidios por desempleo, entre otros. Sin embargo, no hace referencia al SMI. Al contrario, el plan presupuestario remitido a Bruselas el pasado 15 de octubre sí contempla un "aumento del salario mínimo" con "previsión de afectación a cerca de 2,5 millones de trabajadores". De modo que el Gobierno ya ha comunicado a las autoridades comunitarias que no entra en sus planes congelar esta retribución. Un mensaje clave cuando, precisamente, la Comisión Europea acaba de aprobar una Directiva sobre salarios mínimos que apuesta por elevar la protección en un momento en el que la crisis Covid ha impactado especialmente sobre los trabajadores más vulnerables y sectores como el turismo o la hostelería donde se sitúa un porcentaje importante de sueldos bajos.
Alcanzar el 60% del salario medio que marca la Carta Social Europea al final de la legislatura, en cualquier caso, va a ser todo un reto. Incluso aunque el SMI llegara a situarse en 1.000 euros en 2021, todavía quedaría un largo camino por recorrer en los siguientes dos años, en un panorama de elevada incertidumbre sobre la recuperación económica. Además, en el futuro puede producirse alguna sorpresa sobre cuánto supone ese umbral del 60% (hasta ahora se asume que son unos 1.200 euros), habida cuenta de que en esta crisis la destrucción de empleo se está produciendo especialmente sobre los salarios más bajos, de modo que matemáticamente el salario medio subirá y tirará al alza del SMI. Habrá que esperar, en cualquier caso, para disponer de un análisis más pausado sobre el impacto de la pandemia en los sueldos.
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