Yolanda Díaz afronta la vuelta del verano con los deberes hechos: su ley estrella, la reforma laboral, está aprobada y ya surte efectos positivos sobre el mercado de trabajo. Pero eso no significa que no tenga tareas pendientes. Al contrario, en septiembre deberá abordar asuntos tan relevantes como la negociación del Estatuto del Becario con la patronal y los sindicatos, la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, que tendrá que pactar con el ala socialista del Gobierno, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para proteger a los más vulnerables de la escalada de la inflación. La alarma electoral ya suena y la culminación de estas y otras medidas con éxito dará galones a la vicepresidenta en la recta final de su proceso de escucha - el proyecto bautizado como 'Sumar'- antes de lanzar su eventual candidatura a La Moncloa.
La plataforma 'Sumar' no estará lista para las elecciones municipales y autonómicas de 2023 y tampoco es seguro al 100% que esta nueva marca política llegue a las generales, aunque sí es previsible. La propia Díaz ha insistido recientemente en que su "movimiento ciudadano" está todavía en fase de creación y que hasta el próximo mes de diciembre o incluso enero estará constituyendo equipos sectoriales y territoriales. "Después decidiremos colectivamente si entendemos que debemos convertirnos en un proyecto electoral y, por lo tanto, concurrir a las elecciones o no", ha declarado la ministra de Trabajo, que mantiene la intriga sobre si finalmente será candidata a la Presidencia del Gobierno, aunque se da por hecho.
Por eso la recta final del año es clave. La vuelta de las vacaciones estará marcada por una reunión que ya ha convocado Díaz para el 2 de septiembre. Ese día se ha citado a la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo Interprofesional, el grupo de expertos designado por el Ministerio de Trabajo para determinar cuál es el 60% del salario medio, que es la referencia que marca la Carta Social Europea. En el informe que presentaron al Gobierno hace más de un año el comité dibujó una senda de crecimiento con distintos escenarios y estableció el SMI de 2023 en un máximo de 1.049 euros, pero esa cuantía va a tener que ser revisada porque se calculó con datos desfasados y ahora debe incorporar el impacto de la inflación en los salarios.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, reafirmó esta semana el compromiso del Gobierno con el incremento del SMI. "Procederemos a subir el salario mínimo para el año que viene. Ésta es una gran política de mucho éxito y más necesaria que nunca para hacer frente a los efectos de la inflación en los que peor lo pasan, aquellos que están cobrando los salarios más modestos", aseguró en una entrevista el 'número dos' de Díaz. Tras la reunión del comité de expertos, ya más entrado el último trimestre del año, se convocará a los agentes sociales. Aquí los sindicatos remarán a favor de una nueva subida del SMI y, previsiblemente, los empresarios volverán a manifestarse en contra de aumentar los costes laborales en plena crisis de precios. La decisión, en cualquier caso, es del Ejecutivo, ya que la ley establece que el diálogo social para esta cuestión es meramente consultivo.
En septiembre también está previsto que el Ministerio de Trabajo, junto con el de Seguridad Social, retome la negociación del Estatuto del Becario con los representantes empresariales y sindicales. Fuentes del diálogo social revelan que tanto CCOO como UGT prácticamente ya daban por válido el último texto antes de las vacaciones, pero la CEOE mostró reticencias alegando motivos de inseguridad jurídica y emplazó la negociación a la vuelta del verano. Y ello a pesar de que el Ministerio ha ido modificando su postura en relación a los borradores iniciales para atraer a la patronal al acuerdo, flexibilizando la proporción de personas en prácticas permitida para las empresas e incorporando incentivos en forma de bonificaciones. Con todo, Trabajo no descarta dejar fuera del acuerdo a la CEOE. "En la medida en que la patronal tenga la opinión de que haya caminos que permitan el uso de la formación como fórmula de abaratamiento de costes será difícil que podamos alcanzar un acuerdo con ellos", aseguró Pérez Rey la semana pasada.
Pero hay más. El mes de septiembre también está marcado en rojo en la agenda de Díaz porque los socios del Gobierno culminarán la negociación del Anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Los trabajos internos empezaron a principios de este mes, tras la aprobación del histórico techo de gasto no financiero de 198.221 millones de euros "para proteger a las personas, el tejido productivo y el empleo". Y aquí la vicepresidenta tratará por todos los medios de incorporar las aspiraciones del flanco morado de la coalición. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ya ha dejado claras sus prioridades: "Los PGE de 2023 nos dan la oportunidad de demostrar con hechos que el Gobierno va a afrontar el final de la legislatura con el rumbo correcto. Nuestras prioridades están claras: ley de familias, sistema de cuidados, reforma fiscal, vivienda y ley mordaza. Arranca la negociación", advirtió en Twitter el 1 de agosto.
En paralelo, la ministra de Trabajo tiene toda una batería de leyes de ámbito laboral pendientes de desarrollar previo paso por la mesa de diálogo social. Por un lado está la Ley de Participación Institucional, que tendrá varias patas: desde remunerar a la patronal y a los sindicatos por su participación como interlocutores sociales en las negociaciones de las reformas con el Gobierno hasta incorporar a los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y órganos de toma de decisiones de las empresas. También tiene previsto abordar el fenómeno de las vacantes de difícil cobertura en el mercado de trabajo, para lo que los técnicos del Ministerio están elaborando un estudio pormenorizado. Están pendientes, asimismo, la reforma de la ley 30/2015 del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, la ley de usos del tiempo y racionalización de horarios, que es un compromiso de la coalición que busca impulsar la flexibilidad en las empresas, y la reforma para atajar el fraude masivo de las falsas cooperativas. La 'vuelta al cole' va a ser intensa.
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