Ni los empresarios, ni los sindicatos, ni los economistas, ni la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio... nadie considera viable la implantación de un salario mínimo exclusivo para Cataluña. Se trata de una de las exigencias que ERC ha puesto sobre la mesa de negociación con el PSOE para dar el 'sí' a la investidura de Pedro Sánchez, tal y como adelantó La Información, y de una vieja reivindicación de la Generalitat, que sostiene que el SMI en la comunidad autónoma tiene que ser superior al del resto de España porque el nivel de vida en la región es más alto.
Ayer mismo el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, cifró su propuesta: 1.239,5 euros mensuales en 14 pagas, un 37,7% por encima del SMI fijado por el Gobierno central para el conjunto de España en 2019 (900 euros) o 339,5 euros más al mes, en dinero contante y sonante. Acompañó la cifra de este estudio que encargó antes del verano y cuyo resultado son 56 páginas en las que se explica por qué los catalanes deben cobrar un salario mínimo superior al que perciben los trabajadores en el resto del Estado.
El informe, elaborado por los departamentos de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, y Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, cuantifica el salario de referencia para Cataluña en base al 60% del sueldo medio en la región, proporción que establece como óptima la Carta Social Europea. Asegura que "el SMI español" representa un porcentaje de solo el 39% del salario medio catalán y, por tanto, es "insuficiente para garantizar una vida digna en Cataluña".
El documento pone de manifiesto "la voluntad del Govern de la Generalitat de avanzar hacia un salario mínimo de referencia catalán", aunque admite que se escapa de su ámbito competencial. Y esta es precisamente una de las principales críticas a la propuesta de Aragonès: que su planteamiento se excede de las capacidades del Govern porque las comunidades autónomas no tienen competencias en esta materia, pues corresponde al Ejecutivo central fijar la cuantía del SMI para cada año mediante la aprobación de un Real Decreto.
La propia Valerio se lo dejó claro en declaraciones a los medios tras participar en la COP25: "El SMI es único para todo el territorio nacional". La ministra de Trabajo en funciones defendió así lo que es una competencia de su departamento y rebajó las expectativas del Govern y de ERC, sin entrar a valorar la propuesta de Aragonès. El Ejecutivo está inmerso estos días en su propio procedimiento para aplicar una subida del SMI en 2020 a nivel nacional y en ningún caso entra en sus planes plantear un salario mínimo regionalizado para cada una de las comunidades autónomas, y menos uno exclusivo para Cataluña.
Se unieron a este recordatorio los representantes de las organizaciones sindicales: "La Generalitat tiene unas competencias y entre ellas no está la del SMI", dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "Es bastante más fácil hablar de lo que competencialmente no puedo hacer que de lo que sí puedo hacer", comentó Unai Sordo, de CCOO. Los sindicatos defienden que lo que sí podría hacer el Govern es promover que las empresas públicas que trabajan para la Generalitat paguen salarios mínimos por encima de esa cantidad, para dar ejemplo.
Los empresarios, por su parte, tampoco comulgan con la figura del SMI catalán. Fuentes de la patronal CEOE consultadas por La Información lo consideran "absolutamente imposible". También en la catalana Foment del Treball, donde lo ven "inviable". Ayer mismo el presidente de Pimec, Josep González, admitió sus "reservas" respecto a la propuesta y advirtió de que podría lastrar la competitividad de la comunidad. "Un SMI más caro en Cataluña solo agravaría la fuga de empresas que está en marcha desde el referéndum ilegal del 1-O", advierte un empresario catalán que se muestra preocupado por la situación económica de la región.
Discriminación territorial
En el mundo académico el planteamiento tampoco ha sido bien recibido. Los expertos consultados por este medio coinciden en que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiene que ser el mismo en todo el territorio nacional, porque la diferenciación por comunidades autónomas perjudicaría la competitividad de las empresas en las regiones con costes laborales más elevados. "Un salario mínimo regionalizado es directamente ilegal, porque no se puede discriminar según territorio", puntualiza el economista Javier Santacruz. Y zanja: "Es un disparate".
El salario mínimo catalán de referencia (SMR) busca aumentar el poder adquisitivo de la clase trabajadora de Cataluña y acabar con la pobreza. Este estudio no supone, ni mucho menos, que vaya a ser una realidad. Se trata de un primer paso para iniciar un proceso que debe pasar por el análisis de los agentes económicos y sociales. Precisamente porque el Govern no tiene competencia en esta materia, lo que pretenden es impulsarlo a través de la negociación colectiva, la contratación pública y la política salarial de la Generalitat.
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