Nuevo plante de la patronal a la ministra Yolanda Díaz. Los empresarios rechazan participar en la Comisión Asesora para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), un grupo de expertos constituido por el Ministerio de Trabajo hace apenas dos semanas para definir la hoja de ruta para una subida progresiva del sueldo mínimo legal en España, hasta alcanzar el 60% del salario medio que establece la Carta Social Europea. Fuentes empresariales consultadas por La Información, tanto en el ámbito de la CEOE como en el de la pequeña y mediana empresa, Cepyme, adelantan que no acudirán a futuras reuniones en el marco de este foro. "Si nos convocan, no vamos a ir", zanjan tajantes en conversación con este medio.
Recapitulemos. El Gobierno decidió congelar el SMI en 950 euros mensuales a partir del 1 de enero de 2021, tras la negativa de los empresarios a negociar una subida de este indicador en un momento crítico para el tejido productivo por los devastadores efectos de la pandemia. La vicepresidenta Nadia Calviño y el propio Pedro Sánchez convinieron en otorgar ese derecho de veto a la CEOE, contra el criterio de sus socios de coalición, que se alinearon con los sindicatos para presionar por un incremento, aunque fuera simbólico. La ministra de Trabajo fracasó en su empeño y se comprometió a seguir explorando las opciones en la mesa de diálogo social en los primeros compases del año y, como paso previo, decidió conformar esta comisión de expertos a finales de enero.
Desde entonces, las diferencias en el seno de la coalición se han disparado con motivo de la campaña electoral. Este mismo martes, en un mitin de apoyo a la candidata de En Comú Podem en Gerona, la ministra de Trabajo cargaba contra sus socios de Gobierno: "Nosotros queremos hacer algo tan evidente como subir el salario mínimo interprofesional (...) otros dicen que son la izquierda, pero no quieren hacerlo". "Unos serán la izquierda, pero nosotras, con hechos, demostramos que la izquierda no se relata, se construye desde abajo, con la gente", sentenciaba Díaz. En un tono muy crítico, avanzaba que va a seguir peleando no solo por la subida del SMI, también por la regulación de los riders o contra el recorte de las pensiones.
La izquierda no se construye a base de relato, se construye a través de hechos concretos, de políticas que revierten la precariedad y garantizan derechos fundamentales.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) February 9, 2021
Nosotras tenemos muy claro con quién estamos: con la mayoría social. Demostrándolo con el ejemplo diario. pic.twitter.com/h91FtIDryT
El 28 de enero se constituyó la Comisión Asesora del Ministerio de Trabajo y Economía Social en materia de Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En ese primer encuentro, coordinado por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, se iniciaron las labores para definir la senda de convergencia más adecuada, a lo largo de la presente legislatura, en los años 2021, 2022 y 2023, para que el SMI alcance el 60% del salario medio. Se trata, sin ir más lejos, del compromiso asumido en el acuerdo de coalición y que elevaría esta referencia en torno a los 1.200 euros mensuales. El grupo lo integran profesionales académicos, representantes de organizaciones sindicales y patronales e integrantes del Ministerio de Trabajo, junto a los designados por los ministerios de Asuntos Económicos y Hacienda.
Se incluyen, por tanto, un representante de la CEOE y otro de Cepyme. Pero desde ambas organizaciones avanzan que no van a acudir a ningún próximo encuentro, aunque sean convocados por el Ministerio de Trabajo, porque el "espacio natural" para debatir este asunto es la mesa de diálogo social. Eso, partiendo de la base de que la potestad para actualizar la cuantía del salario mínimo es exclusiva del Gobierno. "En cualquier caso, la consulta a los agentes sociales debe hacerse en la mesa tripartita con patronal y sindicatos, no en un foro con economistas elegidos estratégicamente por los responsables gubernamentales", cuestionan las fuentes consultadas, que sostienen con estas críticas su salida del foro de debate recién constituido.
El grupo, en cualquier caso, no tiene un calendario fijado de reuniones ni una fecha límite para emitir un dictamen sobre la senda que debe seguir el SMI en los próximos años. El Ministerio de Trabajo quiere dar un cierto margen a los expertos para que definan un posicionamiento, aunque esperan que los trabajos no se dilaten demasiado, toda vez que su intención es retomar cuanto antes las negociaciones en el marco del diálogo social para volver a abordar la subida de 2021. Así lo explican fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz, que defienden además la coherencia de basarse en un comité de expertos a la hora de tomar decisiones al respecto de un asunto que, de hecho, el Gobierno puede decidir de manera unilateral.
Hay que insistir en que los empresarios no cuestionan que el Ejecutivo se sirva de una comisión asesora de este estilo para decidir sobre el SMI, sino que con este nuevo marco de debate el Gobierno desconfigure el diálogo social, que es el espacio en el que debe consultar a patronal y sindicatos al respecto de este tema. Sea como fuere, la patronal no se ha movido un ápice del posicionamiento que defendió a finales del año pasado, cuando rechazó de plano una subida del salario mínimo en plena crisis por la Covid. La ministra Díaz recriminó a los negociadores estar discutiendo por "30 céntimos al día" y la CEOE se mantuvo inamovible en su "ahora no toca".
Los sindicatos, por su parte, defienden que "ahora sí toca" y han convocado concentraciones en toda España este jueves para exigir al Gobierno la subida del SMI. Pero todo apunta a que esta primera movilización tornará en una batalla que se alargará, al menos, hasta el verano. Fuentes gubernamentales enfrían la posibilidad de acometer un incremento próximo del salario mínimo ante la previsión de que el primer semestre del año será todavía de "economía pandémica" y los próximos 4 o 5 meses serán definitivos para el "golpe mortal" a algunas empresas. El Ejecutivo, de hecho, ya está diseñando un nuevo paquete de ayudas para ampliar el salvavidas de tejido productivo ante el riesgo de un alud de insolvencias. La situación es grave.
Tras una caída histórica del PIB (-11%) en el peor año para la economía española en tiempos de paz, los principales organismos nacionales e internacionales, incluido el FMI, han empezado a rebajar sus previsiones para 2021. Recientemente, el servicio de estudios de BBVA hacía lo propio y advertía de que el rebote inicialmente previsto para el inicio de este año está siendo más débil de lo esperado y, en todo caso, el ritmo de crecimiento podría acelerar en el segundo semestre, gracias al impacto que podrían tener en la actividad el avance en el proceso de vacunación y la implementación de nuevas medidas de impulso fiscal y monetario. El calendario coincide con el que maneja Moncloa y aleja la subida del salario mínimo, como pronto, hasta el verano.
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